Aunque a muchos les siga causando irritación, somos uno de los países que sigue juzgando a represores por hechos ocurridos hace casi medio siglo.

En el día de hoy se dio lectura a la sentencia del juicio denominado Contraofensiva Montonera I que, como dijimos en otra oportunidad, fue en realidad una ofensiva de la dictadura de la Junta Militar del 76 contra militantes que estaban en el exilio e intentaban volver al país.

Cinco de los seis acusados fueron condenados a prisión perpetua, efectiva, en cárcel común. Una resolución que pone en caja tantos años de injusticia, en la cual estos represores gozaron de impunidad. Se ordenó, además: “Revocar las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y ordenar sus traslados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal” (Por el Diario del Juicio, La Retaguardia, 10/6/21), previa revisión médica de los condenados. Otros tres de los acusados fallecieron antes del veredicto.

Ellos son: Roberto Bernardo Dambrosi, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtax, Luis Firpo, Eduardo Eleuterio Ascheri.

Los cinco condenados fueron parte de los altos mandos en la estructura de la Inteligencia del Batallón 601 del Ejército.

Pero, desde ya, desde sus defensores en los estrados, como “se la vieron venir”, pusieron palos en la rueda. Es el caso de Jorge Norberto Apa, cuya defensa pidió, a horas del veredicto, “un pedido de exclusión del juicio por no comprender los hechos en medio de un proceso demencial” (Íd). Por este “trastorno demencial” súbito, se postergó el fallo sobre él. Trastorno que no le impidió en su momento, cometer los mayores tormentos y crímenes de los que fue acusado. Denuncia de “demencia súbita” que no causó sorpresa, pero sí indignación en los presentes, fueran abogados querellantes, fiscales, testigos, que aportaron datos fundamentales para sus condenas.

Agregamos, además, que Jorge Norberto Apa está ya condenado a prisión perpetua desde diciembre de 2018 por el crimen de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores, Ana María Martínez, en febrero de 1982. Antecedentes no son los que le faltan…

El que los condenados hubieran sido parte del Servicio de Inteligencia no es un dato menor, ya que éste fue un eslabón fundamental en la cadena represiva. Su vigencia y actuación anterior a la llegada de la dictadura al poder, permitió la ejecución de múltiples violaciones a los derechos humanos de los/as luchadores/as.

Un paso adelante, al que hay que seguir batallando para que se conviertan en más que logren arrimar a que más genocidas, cómplices de todo color y de toda sagrada institución, sean juzgados y condenados.

¡Memoria, Verdad y Justicia!

¡Nunca Más!