“Nunca dejaré de preguntarme y preguntar, ¿dónde están nuestros seres queridos, luchadores por una patria con justicia social? ¿Cuándo el Estado asumirá su responsabilidad por el Terrorismo de Estado de ayer y hoy? Lo que sí sé, es que no bajaré los brazos hasta que aparezca el último de les compañeres. Es triste, otro genocida ha muerto impune.”

Palabras de Griselda Fernández, sobreviviente del centro clandestino de Campo de Mayo y declarante en el juicio al represor Carlos Francisco Villanova, ‘Gordo 1’, quien falleció sin recibir condena-La Retaguardia, 23/3/22

Las grandes movilizaciones exasperaron a los negacionistas de todo tipo y color. Ataques a la memoria de Rodolfo Walsh, discursos atacando a los “terroristas” que eran, según ellos, los detenidos-desaparecidos por la dictadura, entre otros.

Asimismo, los tribunales, aunque se sustancian actualmente 20 juicios en 8 provincias, algunas resoluciones provocan una justa indignación.

La Sala II de la Cámara de Casación mandó a la casa a un genocida que estuvo… siempre en su casa. Se trata del señor Mario Guillermo Ocampo, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército en Campo de Mayo, condenado a perpetua.

Estas gruesas arbitrariedades, como los decesos lógicos por la edad avanzada de los represores, nos remiten a continuar exigiendo, entre otras demandas: Aceleración de los juicios, basta de genocidas sin sentencia, basta de prófugos que nunca encuentran (22 denuncian en la actualidad).

El caso del exjuez Víctor Brusa

Este señor, que actuó bajo las órdenes de las fuerzas de seguridad como juez federal de Santa Fe, a pesar de estar condenado en varias causas y sustancia un nuevo juicio, está también en su domicilio.

Su currículum provoca escalofríos. Conocimos compañeros/as que estuvieron bajo sus garras… perdón, sus indagatorias.

Después de las torturas, el señor juez comenzaba los interrogatorios y aquél o aquélla que las denunciaba, era provocado con palabras del magistrado, como declaró uno de los denunciantes de su accionar represivo: “‘Me contestó que dejaba constancia y actuaba en consecuencia”, pero “no recordó ningún caso en particular, porque no era así’, lo desmintió la fiscal.” (Página 12, 28/3/22). En otras oportunidades, sus respuestas no eran sólo verbales, con amenazas explícitas o sin ellas, el secuestrado/a volvía a ser torturado.

A la condena de 23 años que está cumpliendo, se suma en esta instancia el pedido de 10 años más.

Este señor juez no merece ningún beneficio, así como ninguno de los genocidas que gozan de prisión domiciliaria. ¡Que se revoquen las domiciliarias a los genocidas! ¡La cárcel común y efectiva es la única resolución justa y humana para sus víctimas, familiares y sobrevivientes de su accionar criminal!