Este jueves la presidenta del Pro Patricia Bullrich propuso que se privatice la campaña de inmunización mediante la autorización a privados y a las mismas provincias a comprar y comercializar las vacunas, calificando a la centralización del plan de vacunación a cargo del estado como “soviética”.

«Dejemos que los privados compren las vacunas. Que la pague quien pueda hacerlo», declaró y argumentó que como solución la ineptitud del gobierno en su campaña para inmunizar a los sectores más urgentes hay que dejar «Que la paguen los que pueden. Y los que no tendrían un subsidio del Estado”.

Este ataque a la salud pública no es un comentario aislado de Patricia Bullrich, sino que los diputados de la oposición Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron un proyecto de ley contradictoriamente llamado «Ley de acceso y equidad en la vacunación contra el Covid-19» que propone habilitar a los privados y a las provincias a importar y comercializar o distribuir, según el caso, las dosis de las vacunas contra el coronavirus.

El proyecto de ley consta, en primer lugar, de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estén habilitadas para adquirir vacunas para sus respectivas jurisdicciones, y en segundo lugar, de la autorización para que cualquier privado (farmacias, laboratorios, etc) pueda importar y vender la vacuna en el territorio nacional.

Con el proyecto de Juntos Por el Cambio gran parte de la vacunas serían adquiridas sectores privados y gran parte de la población no podría acceder a ellas, pudiendo hacerlo solo los sectores de alto poder adquisitivo. Aunque ellos argumenten falazmente que es para “descomprimir y descongestionar al sistema de salud público” y que un 10 por ciento de las dosis que compren los privados deberán estar destinadas al Ministerio de Salud de la Nación para que sean incorporadas al sistema público de salud, justamente esto solo significaría un ataque directo a la salud pública y un generador de mayor desigualdad.

La comunidad científica salió a cuestionar las declaraciones de Bullrich. “Uno entiende por qué lo hacen, es el modo de conseguir que los más tienen tengan un acceso más rápido a la vacuna sin tener que esperar en ninguna lista», sostuvo Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo. Los científicos explicaron que toda la población debe acceder a la vacunación ya que «En una situación de pandemia y crisis sanitaria la salud tiene que ser pública (…)Por más que la gente que tiene dinero la compre y se vacune, si los que no tienen dinero no se vacunan, corren igual riesgo los vacunados”.

Juntos por el Cambio plantea privatizar la vacunación para seguir beneficiando a unas pocas empresas multimillonarias, atacar directamente a la salud pública y asegurarse para los sectores de poder con mayor poder adquisitivo la inmunización, y la muestra como una falsa solución al escándalo de corrupción en la vacunación y la incapacidad del gobierno nacional para vacunar a quienes realmente las necesitan con urgencia como los trabajadores de la salud, los docentes y todos los sectores de riesgo, y luego también toda la población en general. Por el contrario, la vacuna debe ser un bien público y no una mercancía, garantizando que la producción de la misma esté sujeta a las necesidades de la gran mayoría de la sociedad.