El Ministro de Patrimonio de Israel, Emichai Eliyahu, dijo que tirar una bomba atómica sobre Gaza «es una posibilidad que no puede descartarse», según declaró a medios locales.
Eliyahu pertenece al partido ultranacionalista ortodoxo Poder Judío, cuyo principal referente es el actual ministro de Defensa del país, Itamar Ben Gvir. El gobierno de Netanyahu viene apoyándose cada vez más en la ultraderecha nacionalista, ante la pérdida de apoyo del resto de los partidos de centro y de la sociedad en general.
Tanto Ben Gvir como Eliyahu son conocidos por sus posiciones abiertamente genocidas hacia el pueblo palestino: sus mensajes son abiertamente islamófobos y proponen que Israel anexione de manera definitiva Cisjordania.
Ben Gvir salió en defensa de su colega partidario aclarando que sus palabras «fueron utilizadas en tono de metáfora».
Las declaraciones de Eliyahu sobre la posibilidad de lanzar una bomba atómica en Gaza no son un error ni un exceso: confiesan lo que realmente piensan que habría que hacer con los palestinos el sector sionista más radicalizado.
El gobierno de Netanyahu debió anunciar que suspendía en sus funciones a Eliyahu, aunque lo mantiene en su puesto de manera vergonzosa. Sus declaraciones generaron un amplio repudio no sólo a nivel internacional sino en parte importante de la sociedad israelí.
El Primer Ministro intentó «despegarse» de los dichos de Eliyahu de manera cínica, como no podía ser de otra manera: aseguró que sus dichos «están alejados de la realidad» y para argumentar eso afirmó que el Ejército de Israel «está actuando según los estándares de seguridad de la comunidad internacional». No resiste mayor análisis, siendo que ya son más de 9000 las víctimas fatales palestinas, en su inmensa mayoría adolescentes y niños.
Por otra parte, la cuestión sirvió de ocasión para que muchos analistas internacionales recuerden que Israel es uno de los pocos países con armamento nuclear que no admite su posesión. Aunque diversos informes de inteligencia sugieren que Israel posee ojivas nucleares hace por lo menos 50 años, la posición oficial del país es que «no afirma ni niega» poseerlas.