«Todos los presidentes han tenido facultades extraordinarias. Todos han tenido esa oportunidad. Algunas cosas hacen a las urgencias» decía hace pocos días Guillermo Francos, ministro del Interior y vocero de Milei en las negociaciones con los gobiernos provinciales. Como en tantos otros puntos de la discusión legislativa, el mileísmo pretende hacerse el tonto sobre las motivaciones reales detrás del pedido de facultades extraordinarias que incluye la Ley Ómnibus.
Fue también el propio Francos quien declaró que Milei «no usará las facultades delegadas». Entonces, ¿para qué las pide? La realidad es que el pedido de facultades extraordinarias por parte de un gobierno ultraderechista como este configura una verdadera confesión de parte. Milei quiere saltearse el trámite legislativo para gobernar por decreto como un monarca, un Bonaparte. Y el objetivo último es simple: destruir 100 años de conquistas sociales de los trabajadores argentinos, así como derechos democráticos conquistados con la derrota de la última dictadura.
¿Qué son las facultades delegadas?
Tener facultades delegadas significa, en concreto, que las atribuciones del Poder Legislativo (es decir redactar, modificar y derogar leyes) pasan al Ejecutivo. El artículo 76 de la Constitución argentina prohíbe la delegación de facultades legislativas, como resulta natural en cualquier sistema que se considere republicano. La delegación permanente de las mismas significaría un cambio de sistema político hacia uno en el que no existe el Poder Legislativo propiamente dicho (una dictadura, en términos amplios).
Pero el mismo artículo 76 permite la delegación de facultades legislativas de forma parcial y temporal. Esto implica:
- Que dicha delegación debe ser sancionada por el propio Congreso, a través de una Ley que declare la emergencia que justificaría la delegación excepcional de poderes.
- Que esa Ley debe establecer los alcances administrativos y temporales de la delegación. Es decir, durante cuánto tiempo el Ejecutivo tendrá facultades legislativos, y a qué áreas del gobierno alcanzará dicha delegación.
Es cierto que hubo antecedentes de facultades delegadas en otros gobiernos. Duhalde las consiguió en 2002, en plena crisis post – Argentinazo. En esa ocasión declaraba la Emergencia en las áreas social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Dicha Ley sería prorrogada durante largos años, hasta 2017.
También el gobierno fernandista obtuvo la declaración de Emergencia en 2019. Las áreas alcanzadas fueron la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y la misma venció en diciembre del 2023.
Un cuestionamiento derechista al régimen político
Lo que no es cierto de ninguna forma es que, como quiere dar a entender Francos, la delegación de facultades que pide Milei tenga el mismo significado político que en los casos anteriores.
La delegación de poderes es una suerte de cláusula bonapartista en la Constitución, que permite la primacía del Ejecutivo sobre el Legislativo. Pero el proyecto de delegación contenido en la Ley Ómnibus supera todos los antecedentes por varias razones.
En primer lugar, porque la emergencia que declara el texto es prácticamente absoluta, sin delimitaciones administrativas o políticas. En su texto original, la Ley declaraba la Emergencia en las áreas económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Se trata de 11 áreas (más de las contenidas en cualquier proyecto de delegación), varias de ellas muy sensibles. Con el avance de las negociaciones legislativas, es posible que algunas de estas áreas sean recortadas, pero el peligro que contendría una eventual delegación sigue siendo enorme.
En segundo lugar, hay que recordar que el gobierno de Milei es distinto a todos los anteriores desde la caída de la dictadura en 1983. El gobierno Milei es ultraderechista en su programa. Plantea la destrucción absoluta de cientos de derechos laborales, sociales y democráticos conquistados por los trabajadores, los sectores populares, la juventud, las mujeres y la población LGBT durante décadas.
Pero además pretende cuestionar al régimen democrática tal cual existe desde el 1983. La delegación en materia de seguridad y defensa, por ejemplo, le permitiría a Milei llevar adelante un sinfín de aberraciones represivas. Otro tanto sucedería si se le dan poderes ilimitados sobre la administración económica. La reciente caída judicial de la Reforma Laboral contenida en el DNU de Milei es una muestra de esto.
Sucede que las contrarreformas que impulsa el gobierno no son simples «cambios» en la legislación. Se trata de leyes flagrantemente antidemocráticas y, en muchos casos, anticonstitucionales, como lo es el intento de cercenar el derecho a huelga.
Una eventual delegación de poderes hacia Milei significaría un virtual cierre del Congreso. La extensión de un cheque en blanco para que el gobierno más derechista desde la caída de la dictadura militar haga con el país (y sus habitantes) lo que le plazca. La Ley de emergencia presentada por Milei es una declaración de guerra a las conquistas sociales y democráticas de millones. El hecho de que gran parte de los legisladores estén negociando este punto con el gobierno constituye un verdadero escándalo por parte de los partidos tradicionales.
