Mientras en las afueras del Congreso el gobierno reprimía a los manifestantes que se oponen a la Ley Ómnibus, adentro del recinto el oficialismo realizaba algunas modificaciones de último momento para intentar garantizar los votos que otorguen media sanción al proyecto.
A pesar de que el texto del proyecto ya había sufrido varios cambios, escándalos mediante, cuando se trató en comisiones (y en reuniones privadas), el gobierno continúa negociando con la llamada «oposición dialoguista», un conjunto de diputados que agrupan a la mayoría del Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal que están haciendo todo lo posible para garantizarle los votos a Javier Milei.
Entre las modificaciones de último momento se destaca la eliminación de los artículos que desregulaban el sector pesquero, algo que solicitaban los gobernadores de las provincias en las que el sector tiene especial relevancia, como Chubut. El gobernador de esa provincia salió a festejar públicamente ese cambio en la ley, por lo que es probable que eso sólo alcance para que sus diputados y senadores se alineen con el oficialismo.
Otro cambio tiene que ver con la represión al derecho a la protesta. Finalmente el gobierno quitó los artículos que establecían que era necesario solicitar un permiso del ministerio de Seguridad para realizar una manifestación de más de 30 personas (lo que de hecho implica una lisa y llana prohibición al derecho a la protesta), así como eliminó la figura del «organizador», que proponía incorporar al Código Penal. Sin embargo, los artículos gravemente más represivos se mantienen, como el aumento de penas para quienes corten calles (que además se convierte en delito excarcelable) y la prohibición de demandar a fuerzas de seguridad por parte de víctimas de fatillo fácil o sus familiares, en una gravísima habilitación de las ejecuciones extrajudiciales.
También se eliminó un artículo que establecía que el impuesto PAIS (que se aplica a compras con tarjeta para el exterior) se extendía hasta el día 22 de diciembre de 2024, pero por lo que se sabe hasta ahora tampoco queda derogado ese impuesto, por lo que seguramente haya nuevas modificaciones sobre este ítem. Los gobernadores de los sectores colaboracionistas con el gobierno solicitaban que dicho impuesto pase a ser coparticipable, una exigencia a la que seguramente el gobierno termine accediendo a fin de asegurar los votos.
Otro cambio de importancia tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), actualmente valuado en 5.700 millones de dólares, que el Ejecutivo pretendía que pase a estar bajo la órbita directa del Tesoro, con el objetivo de rematarlo y hacerse de más dólares. Finalmente esto tampoco está en la versión actual del texto, probablemente porque el gobierno también se vio obligado a quitar la reforma de la fórmula previsional, junto con el resto del paquete fiscal de la ley.
Quedan todavía largas horas de sesión y de negociaciones por lo que es probable que haya más cambios hasta conocer el texto definitivo que se someterá a votación en general, más los cambios que puedan surgir de su votación en particular, en caso de aprobarse.
