AFIP detectó que el 90% de los principales frigoríficos del país evaden impuestos

¿El gobierno estará dispuesto a enfrentar hasta el final a los productores que especulan con el precio de los alimentos y estafan al Estado? Si no se toman medidas de fondo, es todo campaña política para achacarles la culpa de la inflación.

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En plena tensión con sectores del campo, en particular con la cadena de carnes, por el incremento de los precios a pesar de todos los acuerdos sellados con el Gobierno, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) difundió un informe que revela los principales mecanismos que se utilizan para evadir impuestos.

La agencia recaudadora del Estado detectó que un grupo de matarifes recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades. Es parte de las maniobras que realizan las empresas para eludir impuestos y generar crédito fiscal que no les corresponde.

Las firmas identificadas comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020. Los frigoríficos fiscalizados están distribuidos por todo el país, pero la mayoría de los casos corresponde a plantas emplazadas en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

La investigación se hizo sobre los 150 frigoríficos más grandes del país que representan el 72% del producto total. Los procedimientos abiertos por las áreas de fiscalización de AFIP permitieron identificar maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados.

Como parte de los operativos en marcha se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020.

Las maniobras de los frigoríficos para evadir son: subfacturación de compras: Peso y precios declarados en la documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza, así como la declaración de compra de animales de menor valor a los que realmente se comercializan; compras no declaradas: Operaciones con productores que no están registrados y operaciones con productores registrados que no son declaradas (animales que son movilizados formalmente pero que luego no figuran en las declaraciones); Utilización de facturas apócrifas: Operaciones con comprobantes apócrifos, compras a productores que desconocen la transacción (facturas duplicadas), facturación de servicios inexistentes para equilibrar débitos y créditos ante ventas de carne omitidas; Subfacturación de ventas: Operaciones facturadas a precios por debajo de los del mercado y/o con menores cantidades declaradas; Empleo no registrado: Informalidad y precarización en las distintas etapas de la cadena productiva. Pagos de complementos de salarios no registrados y subdeclaración de los horarios de trabajo.

Esta investigación se efectúa como modo de presión por parte del gobierno sobre los productores. El poder concentrado que tienen los patrones rurales, al monopolizar una de las ramas productivas más competitivas de nuestro país a nivel internacional, además del monopolio de la distribución y la exportación, representa una puja constante por imponerse con sus intereses mediante métodos comerciales y extracomerciales, sean legales o ilegales.

¿El gobierno estará dispuesto a enfrentar hasta el final a los patrones del campo? Para garantizar que los alimentos lleguen a la mesa de los trabajadores a precios económicos, deberían enfrentar de manera consecuente la concentración económica y política de este sector, para lo cual se tiene que estar dispuesto a avanzar contra la ganancia y propiedad privada capitalista. A confiscar stocks, a obligar a revelar el secreto comercial, a movilizar a la población en defensa de medidas que intervengan sus ganancias, a encarcelar a quienes no cumplan. En definitiva, estar dispuesto a atacar el problema de raíz, que es la producción de alimentos concentrada en unas pocas manos.

Más allá de una u otra sanción económica o multa insignificante que pueda aplicar la AFIP, si no se avanza en este sentido, en hacer pagar verdaderamente un costo a los que especulan con el hambre de los trabajadores y el pueblo, las medidas del gobierno terminan siendo simplemente una campaña político-electoral para achacar a los patrones del campo el problema del aumento del precio de los alimentos. Campaña política que no soluciona ningún problema de fondo.

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