Conflicto de las patronales agrarias

Comercialización de carne: especulan con el precio de los alimentos

Hasta el miércoles sigue el lock-out de los productores de carne vacuna. El gobierno sancionó a 12 empresas por irregularidades. Si no se toman medidas de fondo, se permite que sigan especulando con el hambre de los trabajadores.

Redaccion
Redacción de IzquierdaWeb.


Según trascendió esta mañana, 12 empresas exportadoras de carne fueron suspendidas por «irregularidades». El gobierno busca aplicar medidas de fiscalización de las exportaciones y el comercio de carne vacuna en medio del conflicto que mantiene con las entidades agrarias, que declararon un lock-out y cese de comercialización hasta las 24hs del miércoles.

Hace más de diez días rige la prohibición de exportaciones de carne declarada por el Ejecutivo Nacional. Estas medidas fueron tomadas con el supuesto objetivo de obligar a las empresas a vender cortes más baratos en el mercado local, tras un incremento del precio de la carne del 65% en el último año, muy por encima de la inflación promedio. Las entidades rurales respondieron con un cese de comercialización que amenaza con generar desabastecimiento y aumentos mayores.

Los precios de la carne a nivel internacional subieron por la demanda de china y lo alto que se pagan los cortes de calidad exportada hacia Europa. En este marco, los productores tienden a subir los precios para acercarlos a los precios internacionales y ganar lo mismo con los cortes que venden acá y en el exterior.

Por el aumento de precios, se está dando en argentina la ridícula situación de que, siendo un país productor de alimentos, sea un lujo poder alimentarse con un corte de carne. Hay gente que no le alcanza para comer y cuesta cada día más a los trabajadores llegar a cubrir la canasta básica. La situación se agrava por el ajuste a los salarios vía inflación que el gobierno junto a los sindicatos está dejando correr, con aumentos muy por debajo de la inflación y un salario mínimo que no alcanza el índice de indigencia.

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Pero esto se agrava con las especulaciones y fraudes comerciales de las empresas productoras de alimentos. Empresas que no cumplen los requisitos legales o directamente etiquetaban erróneamente los productos para evadir o subfacturar exportaciones. En este marco, 12 empresas fueron sancionadas, las cuales representan la comercialización casi 7 mil toneladas. Otras 5 empresas fueron intimadas a presentar requisitos faltantes.

Hubo también una presentación de la Dirección General de Aduanas contra 19 frigoríficos por operaciones fraudulentas. Las multas representarían unos 5,8 millones de dólares. Estas empresas exportaban carne de primera calidad como si fuera «no apta para el consumo humano» (hueso y carne) para pagar solo un 5% de retenciones.

El poder concentrado que tienen los patrones rurales, al monopolizar una de las ramas productivas más competitivas de nuestro país a nivel internacional, además del monopolio de la distribución y la exportación, representa una puja constante por imponerse con sus intereses mediante métodos comerciales y extracomerciales, sean legales o ilegales. Además, cuando alguna medida los perjudica en lo más mínimo, pueden realizar lock-outs como el cese de comercialización actual, que amenaza con generar desabastecimiento y que continúen los aumentos de precios. Según un informe del año 2018 del Ministerio de Economía, en las cabañas, cría, recría e invernada existían 205 mil establecimientos, pero sólo el 5 % de los establecimientos concentraban el 40 % de la cabezas. Si no se ataca esta concentración, la posibilidad de tener alimentos baratos para la población queda sujeta a los intereses y caprichos de este rancio sector del capitalismo argentino.

¿El gobierno estará dispuesto a enfrentar hasta el final a los patrones del campo? Para hacer cumplir las medidas impuestas, debería estar dispuesto a avanzar contra la ganancia y propiedad privada capitalista. A confiscar stocks, a obligar a revelar el secreto comercial, a movilizar a la población en defensa de medidas que intervengan sus ganancias, a encarcelar a quienes no cumplan. Y en definitiva a tender a atacar el problema de raíz, que es la producción de alimentos concentrada en unas pocas manos.

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Si no se avanza en este sentido, en hacer pagar verdaderamente un costo a los que especulan con el hambre de los trabajadores y el pueblo, las medidas del gobierno terminan siendo simplemente una campaña político-electoral para achacar a los patrones del campo el problema del aumento del precio de los alimentos.

Pero el gobierno es igualmente responsable, no solo por no tomar medidas de fondo, sino porque la pérdida del poder adquisitivo se agrava con un salario mínimo de miseria, una reducción del déficit fiscal para pagar al FMI y al Club de París, y paritarias por debajo de la inflación acordadas con los sindicatos.

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