La política xenófoba contra los migrantes es una de las principales banderas del gobierno de Donald Trump. Esto representa una amenaza y ataques a las condiciones de vida de millones de trabajadores migrantes en el país del norte.

En los primeros meses de la actual administración, los más amenazados fueron las personas migrantes irregulares, pues apelando a la “Ley de enemigos extranjeros” están siendo perseguidos y deportados sin mediar procesos administrativos.

Esto afectó a miles de personas que, aunque estaban a punto de conseguir su residencia permanente o su derecho al asilo político para regularizar su estadía, en muchos casos no pudieron completar los trámites debido a las detenciones y deportaciones arbitrarias.

Ahora, la política xenofóbica de Trump alcanzó un nuevo escalón, pues pasó a tener en la mira a los 12,8 millones de personas migrantes que cuentan con la green card, esto es, que son residentes permanentes (o lo eran hasta que llegó Trump).

Por ejemplos, si sos un migrante con green card, pero salís del país por motivos de turismo o visita a tus familiares en tu país de origen, no tenés garantía de poder volver a ingresar a los Estados Unidos. Mientras que, si tenés papeles al día, pero el gobierno te considera un “enemigo ideológico”, corrés el riesgo de ser expulsado.

Así le sucedió al argentino Agustín Gentile de 31 años, quien tiene 18 años de vivir en los Estados Unidos, cuenta con la green card y reside en el país junto con sus dos hijos y sus padres. Al regresar de un viaje a su país natal, fue detenido en el aeropuerto por el Departamento de Seguridad Nacional y enviado a una cárcel en Carolina del Norte, estado donde reside.

Una situación similar vivió Kunal Oberoi, un migrante de la India con permiso regular y permanente para vivir en los Estados Unidos, quien al regresar de su país natal fue detenido y encarcelado por casi dos meses, a pesar de contar con la green card y mantener todos sus papeles al día. Según relata su esposa Brooke Choquette, ciudadana estadounidense con quien tiene dos hijos, ambos apoyaron a Trump con el voto y no esperaban que la avanzada antinmigrantes les fuera a afectar, dado que tienen todos los papeles al día.

Uno de los casos más sonados es el de Mahmoud Khalil, un estudiante de origen palestino que estaba terminando sus estudios en la Universidad de Columbia, tiene la green card y está casado con Noor Abdalla (que estaba embarazada de ocho meses al momento del arresto de su esposo). En esta Universidad se dieron importantes protestas contra el genocidio en Gaza y contra el apoyo de los Estados Unidos al Estado sionista el año anterior. Este caso figura como una detención por razones de “política exterior”, pues las autoridades calificaron a Khalil como un activista “antiestadounidense”, al mismo tiempo que el activismo pro-palestino es señalado por Trump como grupos de apoyo a Hamás.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por siglas en inglés), amenazó así: “Venir a Estados Unidos y recibir una visa o green card es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben respetarse. Si incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o anima a otros a hacerlo, ya no podrá permanecer en Estados Unidos”, y agregaba: “Nuestro sólido programa de verificación de redes sociales para identificar riesgos para la seguridad nacional y pública es ininterrumpido”.

Asimismo, el USCIS anunció en marzo que, a los 2,5 millones de solicitantes de green cards, se les pedirá que revelen todas sus redes sociales con el objetivo de verificar la identidad, investigar y evaluar la seguridad nacional. Esto en los hechos es un cercenamiento al derecho a la libertad de expresión, una política totalmente represiva contra las opiniones contrarias, acompañada por la vigilancia de las redes sociales y la limitación ideológica, lo que evidentemente es una violación al derecho a protestar, manifestarse o pensar diferente.

La extrema derecha en los Estados Unidos, con Trump a la cabeza, avanza contra los derechos democráticos más básicos, como la condición de ciudadanía o la noción de residente. Además, son una ofensiva contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión.