Como era de esperar, y a juzgar por las declaraciones públicas de ambas partes, en los primeros días parecía que las posturas del gobierno de Alberto Fernández y las de los acreedores externos estaban a años de luz de distancia y que no habría ningún diálogo. Pero pasan los días y a las caras de perro se suceden los discretos sondeos para ver hasta dónde se puede estirar la oferta oficial o cuánto están dispuestos a perder los bonistas. La diferencia, como señalamos en esta columna en ediciones anteriores, no es tan insalvable: estamos hablando de que los bonos actuales, que cotizan a unos 35 centavos por dólar de valor nominal, se canjeen por otros que valgan entre 40 y 45 centavos. Para que eso suceda, el gobierno debería retocar o bien la tasa de interés, o bien el inicio de los pagos, o bien adelantar un pago a cuenta en 2021 o 2022 a más tardar (el famoso “endulzante”) como muestra de buena voluntad, o alguna combinación de todas esas variantes. Ah, y renunciar al esquema de “desdoblamiento” con el que había amenazado (es decir, armar un canje de unos bonos y bonistas sí y de otros no). En eso están.

A cambio de esos “retoques”, los acreedores se comprometerían a 1) bueno, entrar al canje, y 2) dejar de pedir detalles sobre el plan económico de Alberto Fernández (algo tan antipático y además inútil que evidentemente estaba puesto para ofrecerlo como prenda de negociación). Así que todo lo que se ponga del otro lado es simplemente para que estos muchachos no peguen el portazo.

Por lo pronto, en Argentina se ve que hay cierta ansiedad en los “mercados” para que haya acuerdo; al menos, así puede interpretarse la sorprendente y vertical suba del 18% de los bonos de deuda argentinos bajo ley de Nueva York en la plaza financiera porteña. ¿Y todo por qué? Pues porque el comunicado del Ministerio de Economía, aunque sigue formalmente defendiendo la misma propuesta y se declaró “decepcionado”, en realidad les hizo un guiño a los acreedores en el sentido de “tiren un número y seguimos negociando”. En el versallesco lenguaje de Martín Guzmán, se les dijo a los acreedores que “el gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común”. Algunos al principio vieron esto como un tirón de orejas: “Señores acreedores, lo que piden es un disparate”. Pero enseguida llegó la lectura “negociadora”: “Si piden algo razonable, vemos cómo nos arrimamos”. Es un poco cansador tener que andar haciendo semiología fina con los adjetivos y traduciendo del lenguaje financiero al castellano, pero así son las negociaciones con gente cuya lapicera firma miles de millones de dólares.

A todo esto, ya hay no uno sino tres grupos de acreedores, todos con posturas diferenciadas en cuanto a la dureza con el gobierno y que, aunque acordaron que van a formar un frente unido, están prestos a traicionarse mutuamente por, literalmente, un puñado de dólares. Si uno mira sus manifestaciones públicas y los porcentajes de cada emisión de bonos que tienen esos sujetos, parecería imposible que hubiera la menor chance de acuerdo. Recordemos que, a diferencia del canje anterior con Néstor Kirchner en la presidencia, esta vez hay “cláusula de acción colectiva”, lo que significa que si el 75% de los acreedores acepta la propuesta, los disidentes están obligados a entrar y sin chance de hacer juicio. Pero por ahora, y a pesar de que un porcentaje sustancial, que varía entre el 20 y el 30% de cada emisión de bonos (son 21 en total) está en manos “amigas” (ANSeS, bancos oficiales o bancos e inversores locales más permeables a las necesidades del gobierno), los números dan muy lejos de esos tres cuartos; en algunos casos, ni siquiera cerca del 50%.

Sin embargo, nada está dicho todavía, ni para un lado ni para el otro. Sucede que “a diferencia de criterios entre los tomadores de deuda de largo plazo (más allá de 2030) [los que se sienten más perjudicados y de posición más intransigente. MY] y los que tienen vencimientos entre 2021 y 2029. (…) [Pero] parecería que en el póker de mentirosos’ hay más intenciones de llegar a un acuerdo que lo que se percibe públicamente” (C. Burgueño, Ámbito Financiero, 6-5-20).

La fecha “límite” que había puesto el gobierno para recibir ofertas, el viernes 8 de mayo, casi seguramente se correrá para dar espacio a las roscas, que es lo que todos presumen. En principio, queda hasta que se venzan los 30 días del no pago de intereses el 22 de abril; allí se declararía formalmente el default y las condiciones cambiarían para todos los involucrados. Es una especie de “chicken game”, esa práctica demencial conocida en EEUU de que dos automovilistas se lanzan uno contra otro a toda velocidad para ver quién se desvía primero: “Si no subís la oferta, caés en default”; “Si voy al default, cobrás dentro de diez años”; “Puedo esperar a otro gobierno”; “Mejor oferta que ésta no vas a encontrar”; “Perdido por perdido, le vendo todo a los buitres y ahí te quiero ver”… Es todo así. Sólo que en este “chicken game” el gobierno tiene un solo auto desvencijado y los acreedores parecen tener varios de repuesto.

Mientras tanto, extramuros de este casino financiero con gente podrida en plata, los asalariados sufren la quita del 20, 25 o 50% de sus ingresos nominales –¡y falta agregar lo que se perdió de poder adquisitivo del salario real contra la inflación!–, gracias a los “buenos oficios” de los “buenos muchachos” de la CGT. Nos hacen acordar a la letra del tango “Amores de estudiante” (“hoy un juramento, mañana una traición”); la letra de “Amores de burócrata” podría ser “ayer una traición, hoy una traición, mañana una traición; siempre traición”.

Eso sí, parece que en cualquier momento se reúne el Senado para tratar la contribución extraordinaria (mal llamada “impuesto”) de algunos ricachones argentinos. Para que vayan aprendiendo algunos cómo se defienden los intereses de clase: pese a lo misérrimo y pusilánime de la iniciativa –aporte por única vez, chiquito, para pocos, todo pidiendo permiso–, así y todo los plutócratas garcas argentinos y sus voceros –tanto los pagos como los vocacionales y aspiracionales– llaman a una “marcha” para matar dos pájaros de un tiro: presionar por el fin de la cuarentena “mata negocios” y protestar contra el pseudo impuesto con un rotundo “No al comunismo” (¡!).

Vaya que es éste un país generoso, especialmente con los millonarios amarretes…