
A medida que Cristina Fernández reconfirmaba que no será candidata este año, mientras que al mismo tiempo continuó convocando al acto que el próximo 25 de mayo la tendrá a ella como principal oradora, las expectativas fueron en franco crecimiento.
En un principio, se esperaba que ese día la vicepresidenta confirme su candidatura. Al quedar descartada esta posibilidad, la expectativa fue transformándose en incógnita: se espera que ese día Cristina ofrezca definiciones electorales, lo que no se sabe es cuáles serán.
El peronismo se encuentra en una encerrona político-electoral como pocas veces en la historia reciente. La dispersión de candidatos, todos «poco competitivos» para una fuerza política acostumbrada a aglutinar primeras minorías o mayorías, es la expresión electoral de otro problema, mucho más profundo, de carácter político: la imposibilidad de ofrecer una salida para la aguda crisis capitalista del país.
Esta es la razón principal por la que CFK se bajó de la candidatura (y ni hablar Alberto Fernández), abriendo así la gran incógnita política de este año para el país: quien será el candidato del peronismo.
El problema de la candidatura es derivado. La propia Cristina admitió en su carta que el problema de fondo es el acuerdo con el FMI. Al mismo tiempo, su gobierno respetó el acuerdo firmado por Macri a pesar de las denuncias de haber sido ilegítimo, y el mismo sigue rigiendo la política económica del país hasta hoy. Tampoco se propone romper el acuerdo en un eventual próximo gobierno. Y, de hecho, uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial es Sergio Massa, que es el encargado de instrumentar y aplicar el acuerdo.
Como fuerza política de conciliación de clases por antonomasia, el peronismo debe responder al menos en alguna medida a la presión de garantizar un mínimo nivel de vida de los trabajadores y las clases populares. Pero como corriente política defensora a ultranza del régimen burgués, en las actuales condiciones del país su programa de gobierno no puede significar otra cosa que más ajuste y más sometimiento al Fondo.
De hecho, es imposible escuchar a alguno de los aspirantes a candidatos ofrecer algún rumbo a seguir. Las expectativas están puestas casi exclusivamente en la táctica electoral más que en un eventual programa de gobierno. Si el peronismo tiene todavía chances de ganar, es todavía más por una cuestión de cálculo que por fortaleza política. Por eso es que Cristina, augurando que serán elecciones de voto disperso, habló de garantizar un piso de votos y entrar al balotaje, y en una elección mano a mano conseguir chances más realistas de ganar. Pero, repitiendo en alguna medida lo que pasó en 2019, del día después del eventual triunfo nadie habla. Por algo será.
Este 25 de mayo se cumplen, además, 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. En aquel entonces, el peronismo reconvertido en kirchnerismo volvió al poder luego de que la inmensa rebelión popular del 2001 redefiniera por completo los contornos políticos y las relaciones de fuerzas sociales vigentes en el país. El estallido popular significó el fin de la hegemonía neoliberal y, coincidiendo con un ciclo económico mundial muy favorable para las economías como las de Argentina, el kirchnerismo respondió a algunas de esas demandas populares al mismo tiempo que las reencauzó de manera «institucional», en defensa del sistema, sin cambiar la estructura económica neoliberal heredada, que dio paso a una profundización de formas precarias de trabajo y a la continuidad decadente de los servicios públicos privatizados y desguazados por el menemismo.
Veinte años después, la Argentina volvió a ser conducida a una grave crisis por parte de su dirigencia económica y política. Frente a la profundidad de la crisis y el ajuste, no hay táctica electoral ni «mística» peronista que valga para que la crisis tenga una salida progresiva favorable a la clase trabajadora. Como en la rebelión popular de 2001, sólo las masas en las calles pueden abrir el camino para vislumbrar una salida de manera independiente, lo que revela la necesidad y la oportunidad histórica de llevar adelante una política anticapitalista por parte de la izquierda. Para el peronismo, muy por el contrario, evitar que esa perspectiva se desarrolle es su razón de ser.







Si no hay auditoria de deuda y mientras dure SUSPENDER TODO PAGO, SEA DE INTERESES O CAPITAL, no hay salida posible.
La auditoria debe ser de toda la deuda pública contraída desde el 24 de marzo de 1976.
NO DEBE HABER BANCA PRIVADA NI USURA.
Nacionalizar todas la empresas privatizadas por el menemismo.
Y, muy mío, aplicar la concepción de la moneda de Silvio Gesell.