El gobierno nacional se empeña en hacer oídos sordos ante el rechazo popular a la avanzada extractivista en el Mar Argentino expresado. El martes de esta semana, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezado por Juan Cabandié, presentó la apelación en el Juzgado N°2 de Mar del Plata contra el fallo que frenaba el inicio del proyecto de exploración offshore.

El anuncio ya había sido hecho días atrás por el secretario de Energía Darío Martínez quien dijo que el gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada». El ministro además ratificaba que el gobierno está «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».

Dentro de la presentación realizada por el ministerio de Ambiente está el pedido de recusación al juez Santiago José Martín. Esto debido a que, según el gobierno, hay una «manifiesta vinculación con principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad».

La apelación es contra el fallo del juez Santiago José Martín del Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, quien hizo lugar recientemente a la medida cautelar solicitada por diferentes organizaciones socioambientales. Esta decisión es la que ordenó la suspensión momentánea del proyecto que habilita la exploración offshore de petróleo hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Además, esta ofensiva se apoyó en una campaña mediática oficialista de desprestigio del juez -y del fallo- que se basó en una foto que en las redes sociales lo mostraba tomando un café junto al abogado José Alberto Esain. Este es parte de la gestión del gobierno de Cambiemos y actualmente patrocinante de terceros interesados en el resultado de la causa judicial. Los argumentos además giran en torno a que la cautelar la impulsó el intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro.

En el fondo se trata de omitir el factor central que desemboca en la aceptación de la medida cautelar, es decir, las masivas y reiteradas movilizaciones que en Mar del Plata y diversos puntos del país han manifestado en las calles la falta de «licencia social» del proyecto. El terreno judicial es solo uno de los tantos escenarios donde hoy se dirime el conflicto contra la política extractivista y entreguista del FdT.

El gobierno no quiere darle el brazo a torcer al rechazo popular y busca imponer el proyecto impulsado por el consorcio encabezado por la empresa noruega Equinor, la angloholandesa Shell que tiene como socio a YPF. La batalla recién comienza.