El proyecto de la oposición “dialoguista” (UCR y Hacemos Coalición Federal) pretende presentarse como «alternativo» al reciente DNU Javier Milei, que modificó la fórmula previsional sancionada en marzo del 2021 durante el anterior gobierno de Alberto Fernández. La anterior fórmula combinaba 50% del aumento trimestral de la recaudación del ANSES con el 50% por la variación salarial durante el mismo período.

El DNU 274/2024 estableció que los aumentos jubilatorios serán mediante una actualización mensual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, pero sin contemplar los dos meses de mayor inflación bajo este gobierno. La fórmula de «aumento» a los jubilados es un intento de estabilizar un ingreso destruido en enero y febrero.

Esta fórmula de movilidad previsional del gobierno de Milei había sido presentada originalmente en la Ley Ómnibus, que fue rechazada en el Congreso, y ante la posibilidad de una nueva derrota legislativa que frenara este ajuste sobre los haberes jubilatorios, es que el gobierno optó por imponerla mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Como la nueva fórmula contempla la inflación de dos meses anteriores y el primer pago luego del DNU se hizo en abril teniendo en cuenta la inflación de febrero (que había sido del 20%), el gobierno otorgó por única vez en ese mes un pago extra de 12,5%, a “cuenta” de la inflación de enero, que había sido del 20,6%. Es decir que el gobierno de Milei por decreto recortó bestialmente de un plumazo casi un 10% de los haberes de los jubilados, todo en función de su objetivo de ajuste y superávit fiscal a toda costa.

Ahora la oposición de la UCR y el pichettismo llevaron a la comisión la propuesta que el aumento de enero sea por el índice de precios más un 20% (es decir, el aumento inflacionario de enero). A su vez a esto añaden que en el caso que los salarios aumenten por encima de la inflación se le añadiría al haber jubilatorio un 40% de la diferencia entre estos, una vez al año. Esta propuesta, que originalmente partió de la UCR, fue acompañada con su firma por los integrantes del bloque de Hacemos Coalición Federal.

A su vez el bloque de Unión por la Patria presentó su propio proyecto que en su contenido es similar al de la UCR pero que se diferencia en que la compensación por el mes de enero sería del 30%, diez puntos por sobre la radical. A su vez el peronismo propone que las jubilaciones se actualicen mensualmente por inflación, como adelanto de la fórmula trimestral que continuaría vigente. Según este proyecto, en marzo, junio, septiembre y diciembre se compararían los incrementos otorgados por inflación con lo que hubiese dado la fórmula jubilatoria.

Proyectos para legalizar el ajuste sobre los jubilados

Ninguno de los proyectos contempla una recomposición real de lo que perdieron las jubilaciones en el verano. Diciembre, enero y febrero fueron los meses con la inflación más alta en más de 30 años, desde los finales de la hiperinflación a principios de los 90′. Y si los jubilados no se hundieron en una miseria todavía mayor fue por los bonos miserables, que no son parte estable de los ingresos de los jubilados. Salvo por enero, ninguna de las fórmulas contempla esos meses de inflación. Una vez eliminados los bonos, todos consagran la miseria. Algunos más, algunos menos.

Otra cosa que tienen en común ambos proyectos, el de los bloques dialoguista y el del peronismo, es que obviamente no contemplan la pérdida de los haberes jubilatorios sufridas durante los dos gobiernos anteriores, durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Durante la gestión macrista, con una fórmula de movilidad jubilatoria consistente en un mix entre inflación y salarios, la caída de los haberes fue del 21%. En tanto que durante el gobierno albertista la pérdida de ingresos jubilatorios osciló entre el 8,6% para los que cobraban la mínima (teniendo en cuenta los sucesivos bonos a este espectro que dio el anterior gobierno) y en 39,6% real para el resto de los jubilados que no cobraban la mínima y por ende no recibieron este beneficio (lo que provocó un achatamiento absoluto de los ingresos jubilatorios).

Es decir que las tres propuestas (de La Libertad Avanza, de la UCR- Hacemos Coalición Federal y de Unión por la Patria) tienen en común que legitiman la brutal caída del 60% de los ingresos jubilatorios desde el 2015 en adelante. Los bonos dejan al gobierno la discrecionalidad conveniente de los aumentos. Por ejemplo, aún no está claro si en el mes de mayo el gobierno va a volver a dar el mismo bono de $70.000 que entregó a los jubilados que cobran la mínima en abril. En caso de no hacerlo, quienes cobren la mínima sufrirán un verdadero recorte de sus haberes, ya que de los $204.000 que recibieron en marzo (con bono incluido), pasarían a cobrar $190.141,60, que es la jubilación mínima que quedó establecida tras el DNU de Milei.

Pero más allá de las intenciones políticas de la oposición, no está claro si estos proyectos tienen alguna posibilidad de pasar al recinto. En caso de que efectivamente se emita dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el proyecto debe ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Haciendo, cuyo titular es el diputado libertario José Luis Espert, quien se viene negando sistemáticamente a convocar a sesión de dicha comisión. La estrategia de la oposición sería llevar el debate al recinto emplazando a la comisión para forzar el debate.