“El historiador contó cómo el Poder Judicial convalidó golpes de Estado en el país y le otorgó impunidad a los autores de los planes económicos del endeudamiento masivo, comenzado en los ‘70 y elevado en los ’90. En los ‘70, la Corte Suprema no es que legalizó el Golpe militar, estrictamente, pero se limitó a decir que ‘como no podía quedar acéfalo el Estado, las autoridades surgidas se encargaban de la parte de la administración del Estado’. (…) Es increíble que después de haberse iniciado una política de Derechos Humanos distinta durante la gestión de los Kirchner, para intentar encarcelar a los que mataron, desaparecieron, robaron, etcétera, no se tocó a ninguno de los autores del Plan Económico, ni a ninguno de aquellos que participaron en todas las operaciones de endeudamiento, absolutamente truchas. Toda esa gente jamás pasó por los tribunales, han quedado impunes de toda la tragedia que hicieron. Porque la realidad es que todo lo que está pasando ahora, comienza en 1976 con el endeudamiento masivo, que fue aumentado por otros gobiernos y que fue elevado exponencialmente durante la década de los ’90 y siguió hasta el día de hoy. Nadie lo enfrentó decididamente.”

Alejandro Olmos Gaona Historiador, laretaguardia.com, 18/3/22

Si este accionar fue el de la Corte durante el golpe, ¿cómo no va a apoderarse de un órgano que es dependiente de ella, como el Consejo de la Magistratura?

El supuesto “asalto” al Consejo no es más que un gesto de omnipotencia “suprema” hacia el interior de las instituciones del Estado. De la cual la CSJN es la de mayor jerarquía. Está por sobre todas y no necesita de ninguna otra institución para funcionar.

Aunque la función del Consejo de la Magistratura sea específicamente el nombramiento de las autoridades judiciales de primera instancia y el seguimiento de su actuación jurídica, la Corte Suprema está al frente de él. La excusa formal es que el Congreso no nombró en el tiempo estipulado su autoridad máxima, y no se hizo lugar a su pedido de prórroga para efectuar el nombramiento.

Pero esas excusas son para la tribuna… también para que la vicepresidenta se muestre ofuscada contra el Poder supremo que entorpece todo… y toma por asalto al Consejo de la Magistratura.

No convalidamos el asalto, es una muestra más de la prepotencia con la que cuenta para ejercer su poder supremo. En este caso, el Consejo de la Magistratura es algo así como un filtro pluripartidario vía el Congreso, por donde pasan las designaciones de los jueces, fiscales y autoridades máximas de los organismos judiciales, integrado por abogados, jueces y legisladores, con un total de 20 miembros. Por una reforma efectuada en 2006 se redujo a 13 integrantes, pero al vencer el plazo para dictar una nueva ley el pasado 15 de abril, se vuelve a la nómina de 20 funcionarios.

Las discusiones y choques en ese organismo son por “quién pone más fichas a los ganadores”. Una pelea de poder en la que se dirimen fuertes internas entre los partidos gobernantes. Son espacios en los que ellos batallan nada más y nada menos que su influencia en los organismos máximos del Poder Judicial. No es poca cosa, más aún en estos momentos de turbulencias políticas.

Un campeonato en el que nunca pateamos la pelota

Es una pelea entre poderes, donde lo que está en disputa son las ubicaciones políticas de cada coalición gobernante. El oficialismo pide un plazo de 90 días más para poner en marcha el nuevo Consejo de la Magistratura.

Más allá de la rosca por los cargos entre oficialismo y oposición, entre los miembros de la Corte, del Poder Legislativo, del Ejecutivo y Judicial, sí esta elección de la Presidencia del Consejo de la Magistratura es de la más antidemocrática de la que se tenga noticias. Horacio Rosatti fue elegido por tres de sus cuatro miembros actuales, ya que Ricardo Lorenzetti no firmó.

La vicepresidenta ataca al máximo organismo judicial, lo denomina “la casta de la que nadie habla”, según sus declaraciones del 17 de abril pasado. Pero le tira de las orejas porque pasaron por encima del Congreso, pero nunca lo hizo porque dilatan las resoluciones sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, sobre los femicidios, los “accidentes” laborales, las violaciones a mujeres, jóvenes y menores. Tampoco sobre la causa de Santiago Maldonado, que está actualmente en manos del máximo tribunal. Todas las causas en las que los de abajo somos las víctimas de este sistema capitalista explotador y patriarcal.

A estas causas, nuestras causas, las peleamos y defendemos en las calles, con nuestra organización y firmes convicciones, para que la Justicia se digne a torcer la cabeza y mirar para nuestro lado: el de los trabajadores, las mujeres y la juventud.