Luego de establecer por decreto el congelamiento de más de 1400 productos, el gobierno ha ensayado una suerte de «giro a izquierda» discursivo contra las grandes empresas alimenticias.

En un intento de recuperar la ya vieja épica kirchnerista de enfrentamiento a los «poderes concentrados», el oficialismo ha esbozado un discurso que apunta contra los «formadores de precios» y desde las redes sociales se instalaron campañas para no consumir los productos de algunas de las firmas que se oponen a la medida.

Sin ir más lejos, Victoria Tolosa Paz acusó a medios y empresarios de querer «arruinar al gobierno» e incluso habló de «golpe blando». Las declaraciones van en línea de las del propio Roberto Feletti, quien advirtió acerca de quienes «especulan políticamente con la mesa de los argentinos» y apuntó recientemente contra dos grandes cadenas de supermercados.

Frente a las dificultades manifiestas para mejorar su imagen hacia el 14 de noviembre, daría la impresión que el kirchnerismo busca realinear su base social para apaciguar el golpe en las urnas que muy probablemente se repita.

Bien lejos de la supuesta «radicalización» que denuncian los medios de la derecha, este giro discursivo busca, además, interpelar al votante que no asistió a las urnas en las PASO para que esta vez lo haga en apoyo del oficialismo.

No es casualidad que este discurso aflore en las dos semanas previas a las elecciones, ante una necesidad imperiosa por parte del gobierno de mejorar sus números, algo que por ahora parece muy difícil por la continuidad de la crisis, la aceleración de la inflación y las recrudecidas disputas internas en el Frente de Todos.

Mucho ruido

Como ya hemos analizado en este portal, la medida del congelamiento de precios tendrá un efecto muy limitado o nulo debido a varias razones.

La más fundamental de todas es que no cuestiona la gran propiedad privada de la producción de alimentos en nuestro país: la inmensa mayoría de lo que consumimos está en manos de unas pocas pero gigantes empresas, cuyo poder de fuego en el mercado y de lobby político es mucho más fuerte que la letra muerta de un decreto.

Además, los empresarios hacen la movida típica de estos tipos de controles de precios: si no pueden aumentarlos más antes de que entre en vigor el acuerdo (que supone retrotraer los precios al 1 de octubre) lo harán cuando el acuerdo termine. Pero para ese entonces las elecciones ya habrán quedado bastante atrás, por lo que no encontraran resistencia por parte del gobierno.

El candidato oficialista Daniel Gollán lo dejó en claro en su cuenta de Twitter, cuando calificó la medida de «acuerdo provisorio». Está claro que en el mejor de los casos simplemente se están pateando los aumentos hacia adelante, siempre y cuando el congelamiento sea efectivo, lo que aun está por verse.

Como dijimos en otra ocasión, incluso si efectivamente los precios de los alimentos se aquietan mientras esté en vigencia el decreto, el efecto en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras probablemente sea muy, muy limitado. El desmoronamiento impresionante del salario real en los últimos años hace que estas medidas parciales prácticamente ni se sientan en el bolsillo.

No es que el gobierno no sepa esto sino que, por el contrario, la proximidad de los comicios de medio término lo empuja a tomar medidas de este tipo que sirvan como justificativo para retomar la iniciativa política.

Se trata, en resumen, de un discurso electoralista que no afecta la propiedad privada de la producción y distribución de alimentos a los hogares, que es el problema de fondo en lo que respecta a la especulación con los precios de los alimentos. Sin afectar esta propiedad privada y acompañar al mismo tiempo una recuperación del salario real, el congelamiento quedará como un discurso para la tribuna.