En 1400 productos

El gobierno decretó el congelamiento de precios por 90 días

Se trata de un paliativo cuyos efectos serán muy limitados, en la medida en que el ajuste y la devaluación del salario continúan. Al mismo tiempo, los datos revelan la hipocresía empresarial que dice que no ganan plata.

Redacción de IzquierdaWeb.


El gobierno publicó esta mañana en el boletín oficial el decreto que establece el congelamiento de los precios de más de 1400 productos por un plazo de 90 días.

La medida viene a inaugurar oficialmente la gestión de Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio, en reemplazo de Paula Español.

Las cámaras empresariales enseguida manifestaron un fuerte rechazo a la medida, y amenazaron con desabastecer las góndolas de los supermercados.

El gobierno había intentado acordar la medida con el empresariado en sucesivas reuniones, pero por la fuerte presión de los empresarios para que no se establezca, recurrió a hacerlo por decreto, obligado por la aceleración de la inflación, el hundimiento de los salarios y la necesidad de mejorar su performance electoral en noviembre.

El decreto establece que el congelamiento alcanza a 1432 productos de la canasta alimentaria, cuyos precios deberán retrotraerse y congelarse al 1 de octubre.

El Presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, se expresó en distintos medios alertando que «va a haber desabastecimiento». Enseguida, Feletti le respondió a través de su cuenta de Twitter: «Ni amenazas ni desabastecimiento».

La incógnita ahora es si el gobierno realmente intentará ejercer un control efectivo sobre los precios o si la medida es más bien otra forma de presionar al empresariado para desacelerar los aumentos, pero no para evitarlos del todo.

De todos modos, si se ubica esta medida en el contexto económico general, se ve claramente que es una paliativo cuyos efectos serán muy limitados, en la medida en que el ajuste y la devaluación del salario continúan.

Los precios se mantendrán tal como estaban el 1 de octubre, es decir, lo suficientemente «actualizados» como para que los empresarios no pataleen por demás. Los precios de hace tan sólo dos semanas atrás no son una panacea de recomposición salarial, ni mucho menos.

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Sobre todo, teniendo en cuenta que los altos índices de pobreza y caída del poder adquisitivo continuarán operando aunque los precios estén «congelados». Si la medida no va acompañda de un fuerte aumento salarial, sus efectos serán muy relativos, sino nulos.

Por otra parte, el llanto de los empresarios por la medida constituye una muestra de hipocresía total. A diferencia de la clase trabajadora, la industria alimenticia no sólo no dejó de ganar durante la pandemia, sino que sus ventas se acrecentaron en la medida en que disminuyó el consumo de bienes que no sean de primera necesidad.

Más allá de ser un «tire y afloje» entre empresarios y gobierno, las amenazas de desabastecimiento son una provocación contra la clase trabajadora que todo este tiempo tuvo que sobrevivir con salarios destruidos por la inflación y la precarización laboral.

De hecho, los últimos datos del INDEC confirman esta transferencia de recursos de los trabajadores a las empresas en el último tiempo. En el segundo trimestre de este año, la participación del trabajo en los ingresos de las empresas se desplomó de un 48 a un 40%.

Al mismo tiempo, la actividad económica creció un 17,9%. Es decir: la actividad repunta, pero la participación de los salarios no sólo no crece a la par, sino que disminuye considerablemente.

Son datos devastadores, que hacen caer a pedazos el discurso empresario de que no ganan plata. No sólo están ganando, sino que lo están haciendo a costa de sus trabajadores.

Los alcances reales de la medida están por verse, pero como ejemplo de «decretos» de este tipo y de su eficacia está la prohibición de despidos. En su momento criticábamos los alcances de esa medida en esta nota: «El régimen social capitalista vive en la carne de la propiedad privada, no en el alma de lo legislado. Si en la calle rige la ley del Estado, dentro de la empresa rige el poder absoluto, total, indiscutible, del patrón. Y en la calle misma, en los juzgados y dependencias públicas, tiene más poder el capitalista que los trabajadores». Mientras no haya disposición a tomar medidas contra la propiedad privada de los grandes empresarios, todo «decreto» sobre su uso será con suerte limitado, cuando no completamente inútil.

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En la medida en que el gobierno no acompaña el congelamiento de precios con una fuerte recomposición salarial, la medida se vuelve inocua. No lo hacen por ingenuos, sino por cómplices: la política económica sigue siendo el ajuste.

 

 

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