La defensa de los intereses de los capitalistas se expresan tanto en materia sanitaria como en materia laboral, demostrando que se encuentra a años luz de cualquier arrebato de rebeldía reformista o “populista”. La reafirmación de un gobierno social liberal empieza a mostrar, en medio de una crisis sanitaria y económica, cuanto valen realmente las palabras “sociales” y cuanto los hechos “liberales.

La elección política del gobierno nacional junto a Kicillof y Larreta de mantener flexibilizada la cuarentena se mantiene. No hizo cambiar el rumbo el aumento de contagios y muertes que ya están en el orden de los 6 mil y 100 mil respectivamente. Números que se aceleraron en las últimas semanas. Tampoco parece modificar la decisión de abrir la cuarentena los números de ayer: 4192 casos y 46 muertes.

Gines Gonzales García admitió que durante las primeras semanas de julio, en las que se suponía el regreso a una fase mas dura del aislamiento social, el contagio siguió aumentando. Pero la conclusión es falsa y mal intensionada: la cuarentena inaugurada por esos días habilitó la practica totalidad de la industria, motivo por el que no habría por que sorprenderse de la escalada de casos que se registran actualmente (por el ciclo de la enfermedad, los números que vemos diariamente reflejan las consecuencias de las decisiones tomadas por el gobierno de al menos dos semanas hacia atrás).

Alberto Fernández ha tomado una decisión clara: mientras la saturación de camas de terapia intensiva se encuentran relativamente estables (se habla del 63% en AMBA según el reporte vespertino del Ministerio de Salud) se priorizarán las ganancias de los empresarios a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras que ponen sus salud y la de sus familias en riesgo obligado.

Por estos días la flexibilización es tal que la actividad productiva está habilitada en un 87% según datos que maneja el propio gobierno. Es evidente que con ese nivel de apertura, cuya contrapartida es la circulación por millones de personas en las calles, el nivel de contagio y muertes no pueden más que acelerarse.

A la situación sanitaria cuyas victimas son fundamentalmente los trabajadores, se suma la crisis económica cuyas principales victimas son, otra vez, quienes trabajan a día a día.

Claudio Moroni (ministro de trabajo de la Nación) había dicho que el numero de perdidas de empleos había sido del inicio de año a la fecha de 200 mil puestos laborales en blanco. Pero la cifra asciende a 2 millones si se tienen en cuenta los puestos de trabajo informales que se han perdido, motivo de sobra para dar cuenta que el decreto que impide los despidos tuvo más de concesión al empresariado, garantizando la rebaja salarial de los trabajadores suspendidos, que efecto en conservar fuentes laborales. Aquí también se ve la hilacha social liberal de un gobierno que habla con tono paternalista y “progre” pero actúa con mano ajustadora.

En Argentina se estima que sólo el 60% de los empleos se encuentran registrados y en blanco, es decir unos 11,5 millones de empleos formales entre públicos (3,1 millones) y privados (5,8 millones). Pero existen un 40% de trabajadores en negro divididos entre: 3,6 millones de empleos privados, 250 mil puestos públicos, 1.4 millones de empleadas domésticas y 500 mil cuentapropistas.

Todo un rubro completamente legalizado que permite la quita de derechos laborales, de continuidad laboral, de protección de la salud del trabajador o trabajadora, a la vez que impide el derecho a la organización sindical. Este sector ha sido el más afectado por la crisis económica recrudecida por la pandemia: cerca de 1.800.000 trabajadores no registrados han pasado a engrosar la fila de desocupados en 7 meses.

El gobierno nacional ha anunciado la prórroga por 60 días de la “prohibición de despidos”. Un anuncio que dice más de la prorroga de los recortes salariales en caso de suspensiones que de conservar puestos laborales. Mientras esto ocurre, las cúpulas sindicales de la CGT se alían a las cámaras empresariales en búsqueda de beneficios para las grandes empresas bajo la idea de que “si al empresario le va bien, a los trabajadores también”. Una afirmación desmentida tantas veces por la realidad, y que oculta que lo único que buscan estos dirigentes burócratas sindicales es el beneficio propio. Sobrevuela la idea de “acuerdo social” y “reforma laboral” entre los magnates y sus lacayos sindicalistas. Temas que de momento no se han colocado en agenda.

Mientras tanto crece el malestar entre los trabajadores y trabajadoras en las fábricas, supermercados y hospitales. Un sentimiento que de momento no ha irrumpido, pero que se acumula día a día, con cada decisión de un gobierno que dice sensibilizarse por los problemas de los trabajadores pero tiene el cuerpo y el alma puestos a disposición de los empresarios y dueños del país.