La «Masacre del Pabellón Séptimo» ocurrió el 14 de marzo de 1978 en la Unidad 2 de Devoto. Allí estaban recluidos numerosos presos políticos quienes, además de sufrir la represión común a todos los encerrados, allí tenían un «trato preferencial» por parte de los «guardianes del orden».
La solidaridad era más fuerte que las cadenas, y presos políticos y comunes (como se les decía a quienes cometían delitos como robos) tejieron relaciones profundas de solidaridad que fueron cruciales y determinantes en los momentos álgidos de la represión y el aislamiento dentro del penal.
Todo comenzó con un incendio de colchones en protesta por las deplorables condiciones de detención. Continuó con la pérdida de la vida de 64 detenidos, no solo por quemaduras, sino también por golpizas y disparos.
El caso se cerró rápidamente, se reabrió en democracia y se volvió a archivar. Pero desde 2012 un equipo de investigación que integran sobrevivientes, familiares, una asociación de derechos humanos y un grupo organizado en el Centro Universitario de Devoto avanzó, dio impulso a la investigación de los hechos y al reclamo de declaración de los crímenes cometidos como delito de lesa humanidad, en el marco de las violaciones masivas a los derechos humanos entre 1976 y 1983 en nuestro país. Se encontraron en el camino con nuevas resistencias para poder avanzar.
Pero a fuerza de mucha pelea, lograron la calificación de los hechos ocurridos en el Pabellón Séptimo de la Unidad nro. 2 de Devoto como crimen de lesa humanidad por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en el año 2014.
Y hoy conoceremos el veredicto, merecido veredicto por la Memoria de las víctimas y por los enormes esfuerzos de familiares, amigos, querellantes, para lograr Justicia. Será dictado por el Tribunal Oral Federal N°5 de CABA.
Entre quienes aportaron a la causa mencionamos al Indio Solari, que dedicó una canción, Pabellón Séptimo, a Luis María Canosa, una de las víctimas, quien fuera amigo suyo.
Fueron condenados a 25 años de prisión Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez, responsables del Servicio Penitenciario Federal en ese momento y considerados máximos responsables. Uno de los imputados, Gregorio Zerda, fue absuelto.
Entre los familiares de las víctimas de la «Masacre del Pabellón Séptimo» que llevaron adelante la pelea por Justicia, hubo satisfacción por lo conseguido, aunque demostraron su disconformidad en que no fue considerado un delito de lesa humanidad, aunque sí fue “una violación a los derechos humanos”. También hubo protestas porque uno de los acusados resultara absuelto y se anunció que habrá apelación y resistencia a cualquier tipo de impunidad.




