En las últimas horas comenzó a circular por redes un video donde Delfina, la mamá de Arcoíris, pide ayuda de forma desesperada. En el año 2018 la madre de la menor realizó una primera denuncia por los abusos que sufría su hija Arcoíris por parte de su abuelo paterno. La justicia patriarcal riojana insiste con la revinculación forzada de la niña con su progenitor y familia, exponiéndola así a estar en presencia de su abusador.
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Por este motivo, la madre y la niña se encuentran fuera de la provincia. Ninguna autoridad del Ministerio de Elizabeth Gómez Alcorta ha tomado una medida ante la situación de la cual están al tanto. De hecho, el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores nº 2 de la provincia inició un expediente por “Desobediencia a la autoridad, impedimento de contacto con sus hijos menores con sus padres no convivientes” en el que llegó a emitir una orden de prisión para la madre de la niña que hace días quedó sin efecto. Son cerca de 7 las imputaciones penales que pesan sobre Delfina por defender y escuchar a su hija.
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«Hoy hay un pedido de búsqueda de mi hija porque se la quieren entregar a su progenitor. El mismo que hace un año atrás la arrancaba en la vía pública y casi hace perder la vida a su abuela», relata. Es que Arcoíris expresó en reiteradas ocasiones que tiene terror y no quiere ir a la casa de su progenitor. Pese a ello, la justicia insiste en que se cumpla el régimen de visitas.
“No tengo secuestrada a mi hija, no me fui de la provincia sino que en la provincia nadie protegía a mi hija. Me cansé de pedir ayuda para protegerla y nadie nos escuchó.» De hecho, sobre la actuación de la justicia patriarcal en el caso la mujer enfatizó: «Lo único que hizo el Poder Judicial es ser complaciente con violentos y abusadores.»
La justicia riojana insiste en que no hubo abuso, desestimando pruebas y la palabra de la menor. Insisten en que Arcoíris sufre la influencia de su madre a partir del Síndrome de Alienación Parental. Una enorme campaña tiene lugar hace tiempo en la provincia para denunciar el accionar del poder judicial. Sin embargo, se llegó al extremo de la censura y allanamiento a la periodista Manuela Calvo producto de su labor de apoyo y difusión del caso.
“Los agresores de mi hija no son solo el progenitor y su padre, sino también funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de La Rioja. Hay todo un sistema organizado persiguiéndonos”.
