La legislación actual surge en la época del gobierno de Alfonsín, en los años siguientes a la sangrienta dictadura militar que asesinó, torturó y desapareció a 30.000 personas. La Ley tiene como objetivo impedir que los militares vuelvan a tener intervención en los asuntos internos del país. Históricamente y hasta la caída de la última dictadura, en 1983, las Fuerzas Armadas siempre intervinieron para llevar adelante represión y persecución política, nunca para tareas de «seguridad».

Se trata de una nueva provocación del oficialismo en la previa a un nuevo aniversario del 24 de marzo. Con la excusa del avance del narcotráfico en Rosario, Bullrich y Milei quieren volver a darle potestad a los militares para poner en pie un régimen político marcadamente más represivo y autoritario.

Según anunció el ministro Petri, las FFAA no sólo tendrán potestad de dar apoyo logístico (como lo hacen actualmente) sino también de intervenir «con medios coercitivos», llevar adelante retenes, patrullajes y control de personas y vehículos. Además, aseguró que sus acciones «no van a ser punibles porque serán consideradas como en cumplimiento del deber». El gobierno cree que son ellos mismos, y no la justicia, quienes definen que acciones de las fuerzas represivas son punibles o no. Ese es el nivel de pretensión represiva que les gustaría hacer realidad. Con esto buscan que los militares puedan disparar a cualquier cosa que camine sin que el Estado sea responsable de nada.

En toda la historia del país, la intervención de las FFAA en asuntos internos jamás fue en pos de la «seguridad» ni nada parecido, sino sólo exclusivamente para la represión política, cuando no directamente para hacer golpes de Estado.

Bajo la etiqueta de «terrorismo», el gobierno busca meter en una misma bolsa hechos tan disímiles como las bandas criminales de Rosario hasta la protesta social. Además de la obvia y criminal pretensión represiva que tiene en el segundo caso, ni siquiera está justificado tampoco en el primero: el caso de México atestigua cómo el involucramiento de las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico llevó los niveles de violencia a escala de guerra civil, con miles y miles de muertos cada año, mientras el negocio narco, amparado en sus vínculos con el poder, continúa su rumbo. Hace pocos días escribíamos sobre la responsabilidad del Estado (y sus lazos con el crimen narco) en el caso específico de Rosario.

En la misma conferencia de prensa, Bullrich aprovechó para lanzar también todo el resto de su menú ultra represivo con el que busca establecer un régimen casi de excepción en el país: volvió a impulsar la Doctrina Chocobar con la que los policías pueden disparar por la espalda, negar la posibilidad que los familiares de las víctimas de gatillo fácil querellen contra el Estado, y volvió a insistir con la iniciativa, que estaba presente en la naufragada Ley Ómnibus, de establecer penas de entre 4 a 6 años para quienes organicen o participen de piquetes, en un nuevo intento inconstitucional de prohibir la protesta social.

De cara a este 24 de marzo y frente a esta grave avanzada represiva del gobierno, más importante que nunca es ser millones en las calles en defensa de los derechos democráticos, el derecho a la protesta, contra el negacionismo y por memoria, verdad y justicia por los 30.000 compañeros/as detenidos/as desaparecidos/as.