En la madrugada del pasado jueves un nuevo caso de gatillo fácil conmovió a la sociedad cordobesa. Se trata del asesinato de Blas Correas, un joven de tan sólo 17 años, que fue acribillado por la espalda a manos de la policía de Schiaretti. La supuesta causa del accionar policial fue que el joven no había frenado en un control. Además, en el caso de Blas se suman denuncias de encubrimientos, ya que la misma policía habría plantado un arma en auto en el cual circulaban Blas y sus amigos.
Hoy ocurrió otro caso de gatillo fácil en Córdoba. La policía se llevó la vida de un pibe de 17 años en pleno centro. Nuevamente nos encontramos ante dos versiones, la de una policía impune que no se preocupa por mostrar las hilachas, y la de una familia que perdió a su hijo. pic.twitter.com/pzWS0j7dPv
— Eduardo Mulhall (@EduardoMulhall) August 6, 2020
Si bien este crimen logró conmover a la sociedad, el gatillo fácil forma parte de la cotidianeidad en la provincia. La política de disparar primero y preguntar después es parte de la institución policial provincial. Así, este no es un hecho aislado ni la obra de un par de agentes desacatados sino que, más bien, de cuenta de un aspecto estructural de las fuerzas represivas cordobesas. Sin ir más lejos, la misma noche del jueves la policía apaleó a un joven luego de pasar por un control.
A nivel nacional, desde la implementación de la cuarentena con el mayor poder que se le dio a las fuerzas de “seguridad” se ha dado un gran aumento de los casos de violencia institucional. En estos meses se han dado gran cantidad de detenciones y allanamientos ilegales, ha habido denuncias de torturas policiales en diversos lugares del país, etc. Llegando incluso al hecho de la desaparición forzada de Facundo Castro en la provincia de Buenos Aires.
El crimen de Blas no ha sido el primer caso de gatillo fácil en Córdoba sino que se suma a muchos otros casos como el de Gastón Mirabal o Fabián Perea. Sin embargo, la indignación social que generó este caso en la provincia, llevó al gobierno de Juan Schiaretti a remover a la cúpula policial de la capital cordobesa. Esto último nos lleva a dos cuestiones, por un lado, el mismo gobierno de Schiaretti y el PJ cordobés, férreos defensores de las fuerzas policiales, se vieron obligados por la presión social a tomar estas medidas. Por otro lado, es necesario aclarar que lo que el gobierno muestra como una solución la remoción de la cúpula policial, pero este no es más que un cambio cosmético que no evitará que se produzcan nuevos casos. El gatillo fácil y la violencia institucional son parte estructural de las fuerzas represivas, no son casos aislados.
Estos hechos se dan constantemente por que el aparato estatal está puesto al servicio de garantizar la impunidad. Así, nuestro sistema judicial cuenta con jueces y fiscales cómplices de la violencia policial, que buscan de cualquier manera sobreseer a los oficiales o darles penas mínimas. La misma institución policial se encarga de encubrir estos casos, de plantar pruebas falsas, etc. Por último, está la complicidad del gobierno y sus funcionarios que constantemente amparan a las fuerzas represivas.
La presión social en las calles es lo único puede lograrse romper estas tramas de impunidad que recorren la provincia y el país y lograr el juicio y castigo para los asesinos del gatillo fácil.
Llamamos a todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales, de DDHH, a la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil, a unir nuestros reclamos en la calle para exigir basta de represión, basta de gatillo fácil, justicia por Blas y aparición con vida de Facundo Castro. Acompañemos la movilización convocada por la familia para este Jueves 13 a las 18hs en Colón y Gral, Paz.
