Otra vez la policía que asesinó y desapareció a Luis Espinosa y Walter Ceferino Nadal comete abusos y violaciones a los derechos humanos, una práctica sistemática que no recibe condenas ni sanción por parte de las autoridades provinciales ni nacionales. La ministra Frederic ya ha manifestado que confía en que el envío de protocolos y algunas advertencias son suficientes ante casos reiterados de torturas en dependencias policiales de la provincia.

Esta vez fue entre los días 30 y 31 de julio. Un asado en la comisaría de Famaillá fue el contexto en el que al menos diez agentes de la Guardia de Infantería de Tucumán torturaron a los 28 presos alojados en esa dependencia. Los agentes entraron a las celdas a golpear a los presos, los sacaron al patio para “bailarlos”, entre otras vejaciones denuncian que los desnudaron y les arrojaron agua fría.

Las pericias oficiales constataron detenidos con tabiques y muñecas rotas, moretones, incluso lesiones internas. La situación, lejos de detenerse luego de la denuncia por parte de las/los familiares de los presos, es grave aún. En las últimas horas presentarán un habeas corpus para exigir que se preserve la integridad física de las víctimas, ya que no descartan que haya represalias y agresiones aun peores.

Las familias de los detenidos denuncian que luego de hacer público el grave episodio los detenidos fueron incomunicados, varios familiares recibieron amenazas y se les prohíbe comunicarse a través de notas escritas por los detenidos con lápiz y papel, tal como lo hacían habitualmente. A través de ese medio podían solicitar ropa u otros elementos que les fueran necesarios. De momento esperan que los contactos con videollamadas no se prohíban tampoco.

Las restricciones pasan también por volver a los horarios estrictos de visitas y el impedimento de acercar comida a los detenidos, única fuente de paliar la deplorable alimentación que garantiza el estado a las personas privadas de su libertad, en este caso es una nueva forma de castigo y aleccionamiento por haber denunciado las torturas. Para las familias, la difusión de esta situación es la forma de resistir ante la impunidad.

La fiscal a cargo, Mónica García, ha ordenado allanamientos a los domicilios de algunos involucrados y el secuestro de sus teléfonos celulares. De momento sólo hay dos agentes detenidos, cuatro fueron pasados a disponibilidad y el resto continua en funciones. Insistimos en que la integridad de los 28 detenidos no está garantizada, y las amenazas a sus familiares denotan la completa impunidad de la que gozan los agentes de las fuerzas represivas del estado.

Pese a que la policía tucumana vuelve a ser protagonista de un nuevo y grave hecho de violencia y represión estatal en plena democracia, las autoridades provinciales y, ni hablar las nacionales, no contemplan medida alguna para frenar las prácticas ya sistemáticas de una policía que tortura, asesina y desaparece al amparo de un gobierno que mira para otro lado.