Este sábado (8) asumió funciones el nuevo gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Un cambio de gobierno que, además, simboliza la clausura del ciclo político hegemonizado por el Movimiento al Socialismo (MAS), caracterizado por el impulso a reformas económicas que cuestionaron la lógica neoliberal (no así al capitalismo) y la inclusión de los pueblos originarios en la gestión estatal.

Ahora, por el contrario, la nueva administración pregona un nuevo paradigma sustentado en la idea del Estado meritocrático. Los primeros gestos del nuevo mandatario, como la restitución del escudo republicano, el protagonismo de la Iglesia en los actos oficiales, el lema “Bolivia en el mundo” o el retiro de la bandera  indígena (la Wiphala) del Palacio de Gobierno, expresan la voluntad de reorganizar el aparato estatal en función del imaginario tradicional de la burguesía blanca, racista y excluyente del país andino.

El fin del Estado plurinacional y la exaltación de la meritocracia

Paz propone un Estado “ordenado, eficiente y profesional”, en oposición a la estructura plebeya e inclusiva construida durante dos décadas por el MAS. Sin embargo, esa reorganización implica algo más profundo: el desplazamiento del Estado como espacio de representación social hacia uno concebido como empresa administradora. El nuevo gobierno promete “poner la casa en orden”, lo que significa implementar medidas de ajuste fiscal a contramano de las reformas sociales.

Las primeras críticas de Evo Morales sintetizan la fractura histórica que se abre: el exmandatario denuncia que el discurso de la meritocracia excluye a las mayorías trabajadoras y desprecia la diversidad social que dio vida al Estado Plurinacional.
Paz, por su parte, responde que defiende la profesionalización del gabinete en aras de la eficiencia y servicio al pueblo.

En apariencia, se trata de un debate sobre la gestión pública. En el fondo, es una disputa sobre quién tiene derecho a ocupar el aparato estatal. Morales, con todos los límites que tuvo su gestión nacionalista burguesa y reformista, amplió la representación de los movimientos sociales dentro del Estado y redistribuyó parcialmente la riqueza (insistimos, sin cuestionar la propiedad capitalista). Paz, por el contrario, concibe al Estado como una maquinaria que debe incluir a las personas más “capaces” para aumentar el rendimiento de la administración pública.

Así, donde antes tenían algún espacio de representación las organizaciones sociales, ahora se imponen los criterios elitistas de la meritocracia de corbata. Una medida reaccionaria en cualquier lugar del mundo, pero con más razón en un país como Bolivia, en el que la población indígena carga con siglos de opresión y exclusión de los cargos públicos.

El contraste es también cultural. La desaparición de las polleras, ponchos y símbolos indígenas de los espacios oficiales, expresa una exclusión simbólica paralela a la exclusión material. El nuevo Estado se viste de traje y corbata: la forma material del poder coincide con la forma simbólica del distanciamiento.

Lo que para Paz es modernización, para amplios sectores es una restauración elitista. El “orden” que promete exige disciplinar al cuerpo social y uniformar la diversidad bajo la “estética” de la eficiencia. En suma, una lógica racista y elitista.

Austeridad y el retorno de Dios al Estado

El nuevo presidente no oculta su objetivo de reducir drásticamente el tamaño del Estado. Promete despidos, fin de subsidios y “poner en orden la casa”, mientras invoca los valores de “Dios, patria y familia”. Una retórica que entrelaza dos dimensiones: la austeridad económica y la apelación de los valores religiosos y conservadores en la gestión gubernamental.

Lo anterior sirve para aplicar un ajuste fiscal para reducir el tamaño del aparato estatal y alinearlo con los intereses financieros del imperialismo y de la burguesía boliviana. No en balde, ya se habla de que el embajador de los Estados Unidos y la DEA volverán a digitar los caminos de Bolivia.

Apenas iniciado su mandato, Paz asegura casi 6.000 millones de dólares en créditos internacionales, provenientes de organismos internacionales y créditos pendientes de la Asamblea saliente. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, lo llama un “fondo de estabilización”.

El discurso oficial presenta esta lluvia de financiamiento como un “logro” que denota la confianza internacional en el nuevo gobierno. Pero lo que en realidad emerge es la restauración de un viejo patrón de dependencia a los organismos imperialistas mediante la deuda externa y la consecuencia aplicación de medidas de ajuste fiscal. En la campaña electoral, Paz declaró que no recurriría al FMI, pero hace una semana viajó a los Estados Unidos y se reunió con representante de dicho organismo. Aunque aún no firmó ningún acuerdo, dejó abierta la puerta a hacerlo en caso de que no logre mejorar la situación macroeconómica del país en los próximos meses.

Pedir dinero para “ordenar la casa” significa subordinar el Estado a los condicionamientos de los organismos financieros. Según el discurso oficial, la tecnocracia sustituye a la “política”, pero en verdad lo que ocurre es que traslada la toma de decisiones hacia Washington o Bruselas. “Bolivia en el mundo” significa, en la práctica, que el país está de vuelta en el circuito del crédito y la deuda.

La moneda está en el aire

Como expusimos en notas previas, la elección de Paz representó una transición moderada de la gestión nacionalista burguesa (bastante degradada) del MAS hacia la centro derecha. Es más, durante su campaña electoral, el actual mandatario hizo muchos guiños hacia la base social de Evo Morales y habló de conciliación.

Pero, tras asumir funciones como presidente, no demoró en mostrar los “dientes” de su política de ajuste económico y se guardó su discurso de “capitalismo para todos”. Ahora, por el contrario, hace énfasis en la “disciplina” fiscal (es decir, recortes y ajuste contra los explotados).

En todo caso, está por verse cuál será la reacción del pueblo boliviano, el cual cuenta con una enorme tradición de lucha y que derrotó al golpe militar de hace unos años. Por este motivo, es de suponer que si el gobierno de Paz intenta avasallar las principales conquistas obtenidas por las rebeliones de inicios del siglo, podría desatar la furia de las masas en las calles.

La moneda está en el aire. El intento de recomposición burguesa que encarna Paz tendrá que pasar la prueba de la lucha de clases boliviana.