Este miércoles (5), el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) anuló la condena de diez años de prisión que pesaba sobre la golpista Jeanine Áñez en el denominado caso “Golpe II” y ordenó su liberación inmediata. Los magistrados (siete de los nueve miembros) consideraron que se vulneraron garantías del debido proceso al haber sido juzgada por la vía ordinaria, en lugar de un juicio de responsabilidades propio de ex presidentes.

La resolución, además, remite el expediente al fuero especial designado para altas autoridades, lo que abre un derrotero de dilaciones y negociaciones del Congreso para que se autorice ese nuevo juicio.

El proceso tiene que ver con el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Cuando Morales renunció bajo presión militar, Áñez asumió la presidencia interina en medio de una sesión legislativa semivacía, amparando su ascenso en argumentos de vacancia y sucesión que fueron calificados como ilegítimos.

Durante su breve mandato se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata, en las que decenas de personas murieron y centenares resultaron heridas por operaciones conjuntas del ejército y la policía. Su gobierno emitió el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares en esas intervenciones. Aunque Áñez no estuvo en la trinchera de los disparos, su rol institucional fue clave para dotar de legalidad a la represión.

En este contexto, la anulación de la sentencia a Áñez se inserta en un momento de reconfiguración del poder político en Bolivia. Tras el dominio prolongado del Movimiento al Socialismo (MAS), las recientes elecciones marcaron un giro hacia la centro-derecha y debilitaron el control de ese partido sobre los poderes del Estado.

La justicia, ahora libre de la tutela masista, parece devolver favores al golpismo, mostrando que la independencia judicial está condicionada a la correlación de fuerzas políticas. Este fallo favorece no solo a Áñez, sino a todo el conjunto de actores involucrados en el golpe y las masacres.

Su inminente liberación es una clara señal del cambio político. Sin condenas para los responsables de los crímenes de Estado, el camino de la impunidad se allana. Luchar para que los verdugos paguen sus crímenes, organizar desde las bases campesinas, indígenas y obreras, y articular una nueva alternativa política que supere tanto al MAS como a la centro-derecha sometida al imperialismo, son las tareas urgentes del momento.