Desde hace algunos meses se suceden confrontaciones que van subiendo de tono entre el gobierno de Luis Arce y el expresidente Evo Morales. El primero es criticado por no ser “digno” de gestionar el legado “evista”, mientras mantiene al país a las puertas de una recesión. El segundo es acusado de desestabilizar al gobierno y pretender volver a la presidencia, a pesar de los dictados judiciales en su contra.

Por abajo, trabajadores y campesinos resisten el racionamiento de combustibles y el aumento general del costo de la vida. Asimismo, sectores de la derecha racista y neoliberal intentan conformar un bloque de unidad opositora, del cual participan figuras que promovieron el golpe de Estado de 2019.

El modelo productivo del país, basado principalmente en la explotación de un único producto (el gas natural), encierra la economía boliviana en una lógica de dependencia, de atraso sostenido por depender de una industria extractivista y, además, presenta una alta composición orgánica del capital. Las gestiones masistas no avanzaron en la transformación estructural del sistema económico, reproduciendo la lógica de subordinación.

La llave del gas se cierra

En Bolivia se procesaron a inicio del siglo movilizaciones populares progresivas que sacaron a la vieja derecha tradicional, sometida al imperialismo y abiertamente racista, que había gobernado el país por décadas. Este proceso de rebeliones populares buscaba una transformación de un país muy desigual, con poco desarrollo económico y con muchos restos de propiedad oligárquica en pos de que beneficiara a las grandes mayorías trabajadoras y campesinas.

En el 2003 se dan una serie de protestas en contra de la construcción de un gasoducto hacia la región minera de Mejillones en Chile y la posibilidad de otro hacia Perú. Ambos proyectos estaban en manos privadas y representaban la salida del producto sin prácticamente ningún beneficio para la sociedad boliviana, es decir, un sistema de extractivismo dispuesto alrededor de los enclaves mineros.

Resultado de la lucha en las calles, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que renunciar y huir al extranjero. En su lugar, asume Carlos Mesa, quien impulsa un referéndum para revertir la privatización, que termina con un claro resultado en favor de la nacionalización. Sin embargo, el gobierno no logró capitalizar el resultado por no poner en práctica lo que el voto popular había decretado y enfrentó una amplia oposición, tanto en el Congreso como en las calles, por lo que también fue obligado a renunciar. En medio, la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización de la clase trabajadora en el país, convocó una huelga general reclamando la nacionalización inmediata del gas y el petróleo.

En ese momento, la figura de Evo Morales tomó relevancia como uno de los principales dirigentes de la lucha. Capitalizando el proceso, se postuló en las elecciones y alcanzó la presidencia en el 2005. Al año siguiente, promulgó la ley “Héroes del Chaco” que (en los papeles) nacionalizó los recursos energéticos, expropió a las empresas del sector, impuso un impuesto directo sobre la producción y creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como empresa estatal que asumió la explotación de los yacimientos. En los hechos, la nacionalización fue «en boca de pozo»: el Estado era dueño del gas pero lo explotaban los privados, pero ahora con control de YPFB. Así, el Estado captó parte de las rentas generadas por el sector. Estos nuevos recursos dieron paso a un periodo de bonanza económica, que más bien resultó corto.

A partir de 2014, el precio internacional del gas natural comenzó a caer de forma sostenida, lo que redujo drásticamente los ingresos que Bolivia recibía por sus exportaciones, impactando directamente en la economía nacional, debido al problema no resuelto de ser un modelo dependiente de los precios de los commodities.

En paralelo, hubo una reducción de la demanda internacional de sus dos principales compradores: Brasil y Argentina. Ambos países comenzaron a diversificar sus fuentes de energía y a producir más gas por su cuenta. En el caso argentino, se impulsó la producción de Vaca Muerta, un yacimiento de gas no convencional, mientras que Brasil amplió su producción interna y desarrolló otras fuentes de energía, como la hidroeléctrica.

A estos elementos externos se sumó una gestión ineficiente y sin planificación: la falta de inversión en exploración y desarrollo limitó la capacidad del país para mantener la producción. Los gobiernos masistas han llevado adelante una gestión administrativa, burocrática y nada democrática del recurso. A esto se le agrega que no se han descubierto nuevos yacimientos de importancia y las reservas existentes han disminuido considerablemente.

Para tener una perspectiva clara, las exportaciones de gas natural pasaron de representar el 54% del total en 2013 al 18.8% en 2023, y, en cuanto a los ingresos, se estima una caída de 66%: en 2014 ingresaron US$6.011 millones y en 2024 bajó a US$2.050 millones. De esta forma, las finanzas estatales comenzaron a sufrir una escasez severa de recursos monetarios.

Cuando el auge se desploma, la inestabilidad es la norma. Este modelo, característico de los países dependientes, permitió avances parciales y muy limitados. Su declive evidencia las debilidades estructurales de una economía altamente subordinada a la explotación de un solo recurso. La falta de diversificación, la baja inversión en exploración y el cambio del contexto regional sólo han acelerado este proceso.

A las puertas de una crisis económica

Bolivia vive una crisis multifacética que impacta significativamente en la vida cotidiana de las personas. Desde hace más de un año hay una escasez persistente de combustible, el acceso a dólares es limitado y los aumentos en los precios son constantes.

Como respuesta a esto aumentaron las protestas en todo el territorio, golpeando al gobierno de Arce, quien argumenta que todo se trata de un plan para “desestabilizar y generar zozobra” y que la situación actual es transitoria.

El desabastecimiento de combustible es parte de una crisis estructural: la producción local es baja, se importa el 86% del diesel y el 56% de la gasolina. En ciudades importantes, como Santa Cruz, los requerimientos diarios son de 3,3 millones de litros de diesel y solo están llegando 700 mil litros.

A pesar de las subvenciones del gobierno, la inflación va en aumento (en enero fue de 12,03% interanual) y se estableció un mercado paralelo de divisas donde el dólar se cotiza hasta 70% más alto que el precio oficial.

Debido a la disminución de las exportaciones se produjo una caída en la entrada de divisas y una reducción de las reservas internacionales, las cuales se estima que, en el 2014, llegaban a US$15.000 millones, mientras que en la actualidad serían de apenas US$1.800 millones.

Esta situación mina el margen para cubrir las importaciones que requiere el país, principalmente de hidrocarburos. El gobierno apuesta por aumentar el endeudamiento externo en aras de conseguir fondos que le permitan paliar la crisis, lo cual solamente mitigaría el problema temporalmente, ya que no hay un plan para revertir las causas estructurales que lo provocan.

Durante la última década, Bolivia transitó un camino irregular en cuanto a su deuda. La deuda externa, entre el 2015 y el 2020, registró un aumento constante, pero moderado, llegando a un pico del 33% del PIB en ese último año. Posteriormente, entre el 2021 e inicios del 2024, hubo una disminución relativa pues bajó al 26,9% del PIB, pero que en términos nominales representó unos US$13.000 mil millones. A partir de mayo del año pasado se observa nuevamente un aumento, que se hace patente al considerar que, para el 2025, el servicio de la deuda consumirá el 6% del presupuesto estatal.

Por su parte, la deuda interna estuvo estable entre el 2015 y el 2019. A partir de ahí comenzó un aumento significativo que llegó a sus máximos históricos en 2024, cuando se acercó al 20% del PIB, con un financiamiento récord por parte del Banco Central (BCB), que otorgó préstamos al sector público por un total de US$19.819 millones de dólares.

En cuanto al déficit fiscal, en el mismo periodo osciló entre el -6,9% del 2015 y el -13,1% del 2020 (en 2024 se colocó en -10,5%). Esto se explica por una estructura tributaria completamente regresiva que está sustentada casi en su totalidad en impuestos indirectos.

Según la OCDE, en 2022 las tres principales fuentes de ingresos tributarios fueron: impuestos sobre bienes y servicios (IVA) con el 31%, cotizaciones a la seguridad social (24%) y otros impuestos sobre bienes y servicios (21%). En contraparte, solo el 16% es sobre rentas y propiedades (14% de la renta de sociedades, 1% de la renta de personas físicas y 1% a impuestos sobre la propiedad).

Un supuesto contrapeso a esa carga son los subsidios y programas sociales. El principal es el subsidio a los combustibles que, en 2023, superó los US$1.700 millones y, en 2024, ascendió a los US$3.500 millones. Estos tienen como objetivo mantener el apoyo social al alivianar el costo de la vida, pero, debido a las contradicciones del modelo económico, no tienen un sustento monetario ligado al gravamen de los ingresos y riqueza de los grandes capitalistas, por lo que se vuelve un lastre insostenible (aclaramos que nuestra postura no es en contra de las subvenciones per se, es contra el modelo clientelista). De esta forma, la táctica de subsidiar lealtades se vuelve en contra de sí mismo.

En su intento por aplacar el descontento, el gobierno presentó una serie de medidas para tratar de enfrentar la crisis, pero en realidad son acciones meramente cosméticas que simplemente la gestionan y presuponen una normalización indefinida de la escasez.

La ruptura de Arce y Morales

En agosto se realizarán las elecciones generales para designar la presidencia, vicepresidencia, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 de la Cámara de Senadores para el periodo 2025 al 2030. A tan solo unos meses de esta elección el ambiente está lleno de incertidumbre y malestar.

Por un lado, el país enfrenta una situación económica difícil por un modelo colapsado y, por el otro, el partido oficialista se encuentra dividido y con un contingente importante de simpatizantes de Morales realizando bloqueos, marchas y protestas.

En el plano político hay que contextualizar el enfrentamiento entre las dos facciones del MAS. El actual presidente Luis Arce fue ministro de Economía y Finanzas de Morales durante 12 años y fue ungido por este para que fuera el candidato presidencial en el 2020.

Recién asumido, Arce hizo un primer gesto que dejaba en claro su distanciamiento público, pues conformó un gabinete de ministros con un círculo ajeno a Morales y con un perfil más técnico que político.

Posteriormente, Arce no refutó las resoluciones judiciales (de tribunales internos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que obstaculizaron la posibilidad de que Evo se volviera a postular, ante lo que este acusó al gobierno de urdir un plan para “destrozarlo”.

Ya en junio del 2023, el tono de la confrontación ascendió con un entrenamiento directo entre ambas tendencias en el Congreso por la censura a un ministro: los legisladores evistas lo censuraron y, el gobierno, en lugar de destituirlo, lo ratificó.

Para octubre de ese año, el MAS realiza un Congreso (en ese momento el partido estaba controlado por el evismo) que ratificó a Morales como “jefe del partido y único candidato para los comicios del 2025”, pero el Tribunal Supremo Electoral lo anuló, dándole espacio a Arce para maniobrar y hacerse con el aparato partidario en pos de hacer a un lado a Evo, quien afirmó que sería el candidato del MAS “a las buenas o a las malas”.

En junio de 2024 se sacude el país cuando el general jefe del Ejército hace una intentona golpista. En ese momento, se temía que se consumara un nuevo episodio en la historia golpista de la última década, cuando aún estaba muy fresco el recuerdo y las consecuencias del gobierno golpista de Jeanine Áñez que protagonizó un baño de sangre en las masacres de Senkata y Sacaba. El levantamiento solo duró unas pocas horas, pero atizó la confrontación política. Mientras que Arce lo calificó de intento de golpe de Estado, Morales habló de autogolpe.

En septiembre de ese año, Evo acentúa la presión al gobierno. Valiéndose de su poder de movilización social, presenta un pliego petitorio con la amenaza de que, si no se cumple con sus exigencias, su base iniciará bloqueos de carreteras. En respuesta, la COB (en ese momento afín a Arce) inicia una vigilia en el Congreso para presionar a los legisladores evistas a avanzar con la aprobación de proyectos oficialistas, en especial créditos externos para paliar la situación económica del país.

Arce, a su vez, responde al pliego con la acusación de que Morales es “el principal promotor de la crisis” y que ahora se presenta como un “salvador”.

En este impasse Morales moviliza a unas cinco mil personas en la “Marcha para salvar Bolivia”, exigiendo que se cumplan sus peticiones y el respeto al Congreso del MAS que lo ratificó como candidato presidencial. Entre tanto, continúan los ataques políticos y movilizaciones para tratar de torcerle el brazo al gobierno.

Finalmente, en febrero de 2025, Morales renunció al MAS y anunció que se presentará en la papeleta del Frente Para la Victoria, partido acusado de ser un negocio que vende las candidaturas al mejor postor (por ejemplo, en 2020 postuló a Chi Hyun Chung, un pastor presbiteriano con una agenda moral conservadora).

De esta forma, en la actualidad lo que se está procesando es una pugna por el poder en un país heredero del “socialismo del siglo XXI”. Pero es un proyecto en decadencia. Es claro que “las tesis del ‘socialismo nacional’, que tenían y tienen una serie de premisas, nuevamente explicitadas, que nunca han demostrado que desde ‘adentro’ del populismo podría haber un camino más ‘eficaz’ y ‘convincente’ de progreso socialista que una orientación de independencia política y de clase, de ruptura por izquierda con él” (ver Tras las huellas del “socialismo nacional”).

Y es que, en los 20 años que el MAS ha estado en el poder, no avanzó en ninguna transformación radical de la sociedad boliviana en beneficio de las clases trabajadoras y campesinas. Su proyecto se limita a otorgar concesiones mínimas que, si bien alivian las duras condiciones de vida de las y los de abajo, no ponen en cuestión ni un milímetro el imperio del capital.

La crisis económica actual es el resultado de ese fracaso (que se suma a la lista de descalabros del los gobiernos de este tipo en la región). Las distancias entre Morales y Arce se basan en que uno acusa al otro de no ser un “legítimo heredero” del proceso. Pero, más allá de que Arce tenga un perfil más tecnócrata y menos carismático, es incuestionable que el punto central de la discusión es la debacle del modelo económico.

Ya no existe el momento del boom de la explotación gasística; es el momento de las vacas flacas. La lucha entre las cúpulas de las facciones masistas son un reflejo del quiebre del apoyo a ese proyecto que, cada vez, es menos capaz de cumplir lo que promete.

En río revuelto, ganancia de pescadores. El peligro que se asoma es que la disputa a lo interno del MAS sea capitalizada por la derecha racista y neoliberal que representan los partidos de oposición, que ya tuvieron un primer bocado de poder durante el gobierno golpista de Añez.

Actualmente, la oposición está buscando un bloque de unidad conformado entre los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el empresario y exministro Samuel Doria Medina y el oligarca reaccionario y gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, figura clave en el golpe de Estado a Evo Morales.

En esa misma línea, el empresariado está aprovechando las aguas revueltas para su lado. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) plantea congelar el aumento salarial de este año. La COB solicitó un aumento de 15% al salario mínimo nacional y de 20% al sueldo básico para enfrentar el aumento en el costo de la vida. Esto en un país donde el salario mínimo es de apenas US$362. Los industriales, como siempre, argumentan que su aplicación conlleva más inflación. Una mentira que repiten en todo el mundo en aras de mantener sus ganancias al costo de hambrear a los trabajadores.

En este contexto, no hay ningún partido que represente una opción superadora, anticapitalista, que se coloque al servicio de las luchas obreras y campesinas (una gran contradicción en un país con una riquísima tradición de movilización y enormes reservas de lucha).

Arce representa la continuidad (quizá incluso con un viraje más ajustador dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos) de un proyecto con respiración artificial. Morales, por su parte, representa la nostalgia a “tiempos mejores” que definitivamente no volverán siguiendo la misma receta. Ambos hablan y hablan del “socialismo”, pero ninguno tomó ese carril.

Por su parte, el bloque de derecha es la opción golpista y ajustadora y, definitivamente, no es una alternativa. La disputa por el poder es un campo abierto que solo se resolverá favorablemente para las mayorías con una salida anticapitalista e independientes desde la clase obrera, el movimiento campesino y los sectores populares.