Traducida del portugués para el español por Víctor Artavia

“Todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte, no solo de robar al trabajador, sino de robar el suelo; todo progreso en aumentar la fertilidad del suelo durante un tiempo determinado es un progreso hacia la ruina de las fuentes más duraderas de esa fertilidad… La producción capitalista, por lo tanto, solo desarrolla la técnica y el grado de combinación del proceso social de producción al socavar simultáneamente las fuentes originales de toda riqueza: el suelo y el trabajador.”

El Capital – Libro I – sección cuarta, capítulo decimotercero

Brasil está a punto de dar un paso catastrófico hacia el desmantelamiento de su legislación medioambiental. El proyecto de ley (PL) 2159/2021, conocido como «Proyecto de Ley de la Devastación», fue aprobado en el Senado por amplia mayoría (54 votos a favor, 13 en contra) y ahora está en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Dependiendo de su decisión, el país podría verse inmerso en uno de los mayores retrocesos socioambientales de los últimos 40 años, con impactos directos sobre nuestra salud, nuestra biodiversidad y los derechos de las poblaciones tradicionales.

Un proyecto de ley que autoriza el riesgo

En un contexto de agravamiento de la crisis medioambiental mundial, Brasil – poseedor de la mayor biodiversidad del planeta y actor clave en el equilibrio climático mundial – está a punto de sufrir un golpe legislativo de consecuencias devastadoras.

El proyecto de ley 2159/2021 pretende flexibilizar el licenciamiento ambiental, un instrumento administrativo en el que los órganos reguladores en materia ambiental autorizan y regulan las actividades y emprendimientos que utilizan recursos ambientales, que pueden ser contaminantes o degradantes. Es una herramienta de la Política Nacional de Medio Ambiente (Ley 6938/81) que tiene como objetivo garantizar la protección y la calidad del medio ambiente, esencial para evitar tragedias como las de Mariana y Brumadinho[1].

La propuesta crea la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC), un mecanismo de auto-licenciamiento ambiental, en el que los empresarios simplemente rellenan un formulario de auto-declaración – sin estudio de impacto, sin análisis de riesgo, sin obligación de compensar los daños causados. En otras palabras, las propias empresas declaran si sus proyectos degradan o no el medio ambiente.

Según expertos del Observatorio del Clima y del Instituto Socioambiental (ISA), más del 90% de las licencias ambientales en Brasil -incluidas las relacionadas con la minería- podrían llevarse a cabo a través de ALC. Esto incluye presas de residuos, infraestructuras en zonas sensibles y proyectos con alto potencial destructivo. En otras palabras, estamos ante la institucionalización de la impunidad ambiental.

El fin de la protección ambiental

Además de la LAC, el proyecto de ley prevé otros mecanismos que debilitan drásticamente los órganos responsables de la protección ambiental en Brasil, como el IBAMA, el ICMBio, la Fundação Palmares, el IPHAN y la FUNAI. El artículo 39 del proyecto de ley, por ejemplo, facilita la concesión de licencias para proyectos en Tierras Indígenas y Quilombolas que aún están en proceso de demarcación, eliminando la autonomía de los órganos técnicos y sustituyéndola por decisiones que, a menudo, están alineadas con intereses económicos depredadores.

Este cambio no es neutral. Afecta directamente a los pueblos más vulnerables y a los biomas más frágiles. El proyecto de ley institucionaliza el racismo ambiental al ignorar la consulta previa y los derechos de las comunidades tradicionales, afectando a más del 40% de las Tierras Indígenas del país y al 95% de los Territorios Quilombolas.[2]

La devastación no se limita al medio ambiente. El PL de la Devastación socava los pilares democráticos de la concesión de licencias, que exigen transparencia, participación social y criterios técnicos. Al permitir que las autoridades políticas decidan, sin criterios claros, lo que es estratégico y prescindible, allana el camino a la corrupción.

La nueva Licencia Ambiental Especial (LAE), propuesta por una enmienda del senador Davi Alcolumbre, permite incluso la exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas con licenciamiento expresado en un año – independientemente de los impactos socioambientales.

Las proyecciones son alarmantes. Si se aprueba (el proyecto de ley aún debe ser examinado por la Cámara de Diputados) podría provocar una deforestación a gran escala en todos los biomas, incluidas áreas actualmente protegidas como la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal. El debilitamiento del control medioambiental tiende a aumentar la frecuencia e intensidad de catástrofes como inundaciones, incendios, escasez de agua y contaminación de suelos y ríos. Como resultado, el empeoramiento del cambio climático será inevitable, impulsado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, el proyecto de ley representa una violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales, que podrían verse directamente afectados por proyectos instalados sin consulta previa ni consentimiento.

La naturaleza del gobierno de Lula

No es difícil entender quién se beneficia de la Ley de la Devastación. Sectores como el agronegocio depredador, la minería y la industria fósil, figuran entre los principales beneficiarios.

El proyecto de ley sirve directamente al sector rural, pues exime a una gran parte de las actividades agrícolas de los requisitos de licencia. Además, libera a los bancos de cualquier castigo por financiar proyectos que cometan delitos medioambientales.

El agronegocio brasileño, en su forma actual, está intrínsecamente ligado al modelo extractivista y a la financiarización de la tierra, dependiente de la expansión de la frontera agrícola sobre territorios indígenas, quilombolas y áreas de conservación. Este sector, históricamente dominado por las oligarquías agrarias, ve en la extrema derecha un aliado para garantizar la flexibilización de las leyes ambientales, el acaparamiento de tierras y la represión de los movimientos sociales.

Sin embargo, no fue sólo el gobierno Bolsonaro el que dio carta blanca a los intereses de los terratenientes: este proyecto de ley es un ejemplo más del carácter liberal-social del gobierno Lula-Alckmin, que basa su gobernabilidad en el Centrão[3], como ejecutivo de los intereses de la clase dominante.

Lula 3 representa un frente amplio con la clase dominante para normalizar el régimen, pero fracasó sin obtener ninguna victoria política y, además, cayó drásticamente en las encuestas su aprobación. El proyecto de ley de la devastación, si se aprueba, representa una medida más para desmantelar los mecanismos de protección ambiental y una rifa completa del medio ambiente brasileño.

Además de esta medida, la ofensiva del gobierno contra el bienestar de las poblaciones indígenas y la naturaleza es múltiple: durante el gobierno de Lula tuvimos el mayor “Plano Safra” (plan de ayuda económica para las cosechas que beneficia al agronegocio) de la historia, por un total de 400.000 millones de reales, así como el giro a la derecha en relación con el marco temporal.

El llamado “marco temporal”, es la tesis jurídica que sostiene que los pueblos indígenas tan sólo tienen derecho a demarcar sus tierras si ya estaban ocupadas el 5 de octubre de 1988 (fecha de publicación de la Constitución Federal de Brasil). Después de la audiencia del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre el marco temporal para demarcar las tierras indígenas, no se anuló el marco anti-indígena y, por el contrario, se debatió la posibilidad de permitir la explotación económica en su territorio, así como el pago de indemnizaciones a los ocupantes ilegales y a los acaparadores de tierras.

Estas medidas dejan clara la agenda del gobierno en lo que se refiere al medio ambiente y a los derechos de las poblaciones tradicionales e indígenas. El presidente, que subió la rampa junto al líder del pueblo Kayapó, apuesta por la gobernabilidad burguesa y por conciliar con los intereses rurales a favor de la destrucción de la naturaleza y del bienestar de la población brasileña.

Ecología y lucha de clases

Como propone la tesis del Antropoceno, la humanidad se está convirtiendo en un importante factor geológico, y sus acciones tienen repercusiones globales y duraderas. Sin embargo, no es una humanidad neutra y abstracta la que está provocando la destrucción de los ecosistemas terrestres y marinos: es la lógica ecocida del capital, que en esta nueva etapa de la lucha de clases, de crisis acentuadas, su dimensión ecológica es inmensa y decisiva y las tragedias ecológicas son cada vez más frecuentes.

La crisis ecológica contemporánea no tiene precedentes. El capitalismo, en su fase actual, ha concentrado un poder tan amplio de intervención en la naturaleza que puede tanto generar avances como promover catástrofes a escala planetaria.

El crecimiento de la preocupación colectiva por el medio ambiente -antes prácticamente inexistente, aunque ya abordada por Marx- surge precisamente de esta contradicción: en el pasado dominaba la visión ingenua de que los recursos naturales eran inagotables, reflejada en ciertas interpretaciones económicas reduccionistas (como el estalinismo, que ignoraba el valor ecológico de los bienes naturales). Hoy, sin embargo, está claro que los límites del planeta son concretos y están siendo violados por una carrera imperialista desenfrenada -como demuestra la explotación depredadora de minerales estratégicos, como las tierras raras, minerales de los que Brasil posee las terceras mayores reservas del mundo.

Lo urgente es la irreversibilidad de los daños: problemas que antes eran específicos (como la degradación del suelo, analizada por Marx y Engels en el siglo XIX) se han convertido en amenazas globales, que exigen respuestas inmediatas.

Ante este panorama, la única salida es la expropiación total de todas las tierras de los terratenientes, una reforma agraria radical y profunda. Debemos luchar en las calles contra el proyecto de ley de la devastación, en defensa de la demarcación y contra el avance del capitalismo ecocida, que oprime a las poblaciones marginadas y a los trabajadores.

En Brasil, la lógica depredadora del capitalismo se encarna brutalmente en el agronegocio extractivista que avanza sobre la Amazonia, destruyendo biomas de inmensa biodiversidad y asesinando a pueblos indígenas en nombre del beneficio privado. El PL de la Devastación es la expresión legal de este proyecto de clase, que convierte la naturaleza en una mercancía y la vida en un coste operativo.

El gobierno Lula 3, con su política de conciliación de clases, fracasó estrepitosamente en la agenda ecológica. En vez de frenar el agronegocio, le dio 400 mil millones de reales en créditos a través del Plan Safra, fortaleciendo económicamente la base del ecocidio. Su alianza con el Centrão y los sectores dominantes revela que, incluso bajo la apariencia de un discurso ecologista, el lulismo opera en el marco del capitalismo feroz, donde “gobernabilidad” significa capitulación ante los intereses del latifundio y las grandes empresas.

La crisis ecológica no es un accidente: es el resultado inevitable de un sistema que subordina la reproducción de la vida a la acumulación privada. Como muestra Marx, el capitalismo no sólo explota al trabajador, sino que también agota las fuentes primarias de toda riqueza: la tierra y el trabajo.

En Brasil, esta dinámica adquiere contornos genocidas, con el Estado actuando como brazo armado del agronegocio, ya sea a través de la flexibilización de las licencias ambientales o de la militarización de los territorios indígenas. La única respuesta posible es la lucha de clases anticapitalista: por la expropiación del latifundio, por una reforma agraria radical y por un proyecto ecosocialista que se enfrente al PL de la Devastación y, sobre todo, a la propia lógica ecocida del capital.

La Amazonia no será salvada por los decretos de los gobiernos liberales, sino por la organización de la clase trabajadora en el campo y en la ciudad contra los dueños del poder – y contra el sistema que los sustenta.

No hay solución dentro del sistema que produce la devastación. La única alternativa real es construir una reforma agraria radical y popular que expropie el latifundio y desmantele el poder del agronegocio, entregando la tierra a los que trabajan y viven en ella: campesinos, indígenas, quilombolas y trabajadores rurales organizados.

Esta solución no vendrá de las manos del parlamento burgués, sino de ocupaciones masivas, manifestaciones callejeras y un movimiento de lucha que una el campo y la ciudad, rompiendo con la lógica mercantil de la tierra.

La verdadera reforma agraria no será concedida desde arriba ni seguirá planes económicos dirigidos a un crecimiento desenfrenado – será conquistada en la práctica, a través de la organización, la solidaridad de clase y la resistencia directa contra los ruralistas y su Estado genocida. La defensa de los biomas amazónicos y brasileños sólo será efectiva cuando el poder territorial esté en manos de la clase trabajadora y de las comunidades que históricamente los han preservado – y cuando el proyecto ecosocialista sea la bandera de una clase en lucha contra todo el orden capitalista que lo produce.

[1] En 2015, toneladas de barro sepultaron al pueblo de Bento Rodrigues por la ruptura de una represa ubicada en la comunidad de Mariana. Asimismo, en 2019, se produjo el colapso de una represa de residuos mineros en Brumadinho, Minas Gerais, propiedad de la empresa Vale, lo cual liberó toneladas de lodo tóxico que arrasó con comunidades enteras.

[2] En Brasil se denominó como quilombos a los lugares de refugio y resistencia donde se concentraban las personas esclavizadas al escapar de sus explotadores. Por este motivo, actualmente se conoce como “quilombolas” a las personas afrodescendientes que viven en las comunidades que se reivindican como “quilombos”.

[3] En Brasil se denomina como Centrão a un conjunto de partidos “fisiológicos”, es decir, que no tienen un claro programa político y cuya actividad pasa por colocar sus votos en el Parlamento al servicio del gobierno de turno, a cambio de recursos estatales para su base electoral y prebendas personales. Anteriormente, fueron base del gobierno de Bolsonaro y hoy lo son de la administración de Lula.