En medio de su histérica campaña de mentiras racistas sobre los inmigrantes, Trump prometió “el mayor programa de deportaciones de la historia de EEUU”. La tensión en el aire en la frontera y en decenas de ciudades se puede cortar con tijeras. Pese a todo, Trump no la tiene fácil: las dificultades en su camino son muchas.

Ya al día siguiente de su nueva asunción, Trump mandó a reforzar con tropas de decenas de miles la frontera con México. El despliegue se daría a la vista de las cientos de personas esperando por un refugio.

Barrios enteros parecían completamente desiertos en algunas grandes ciudades. En Little Village, Chicago, nadie salió de su casa, miles no fueron a trabajar. El paisaje habitual de vendedores ambulantes fue reemplazado por el silencio en las calles. El barrio está casi exclusivamente habitado por inmigrantes en situación irregular.

“Cuando durante el fin de semana surgieron informes de que las deportaciones masivas podrían comenzar el martes en el área de Chicago, Martin Ramos informó a su jefe que se tomaría un tiempo libre del trabajo, hizo acopio de alimentos y decidió que sus hijos no irían a la práctica de fútbol esta semana”, cuenta el Chicago Tribune. Ramos, que “emigró de Guadalajara, México, sin los permisos de trabajo necesarios, pasó el primer día completo de la segunda presidencia de Donald Trump encerrado con su familia y tratando de evitar que los agentes de ICE lo detuvieran. Sabe que un arresto destruiría todo por lo que él y su esposa trabajaron y obligaría a sus dos hijos a un futuro incierto.”

El miedo es muy real. “Tenemos que hacer todo lo posible para mantener a nuestros hijos a salvo”, dijo Ramos al Tribune. “¿Qué harán si nos deportan?”

Nadie sabe hasta qué punto puede realmente Trump poner en práctica su plan de deportaciones masivas, que es delirante, como veremos. Las dificultades son muchas y de muy diversos tipos: sociales, económicas e institucionales. Pero aunque no pudiera implementar el cien por ciento del plan, aunque se llevara a cabo una décima o una centésima parte, sería en todos los casos una tragedia social, un desbarajuste institucional y una catástrofe económica.

La inmigración y la economía

Para tener una idea de la dimensión del problema, de las 11 millones de personas que se estima están en EEUU en situación migratoria irregular, más de 4 millones son mexicanas, unos 2 millones son centroamericanas, más de 800.000 de Sudamérica y unas 400.000 del Caribe. De todos ellos, más de la mitad llevan viviendo en EEUU más de diez años.

Basta con pensar en ese número para darse cuenta de lo que significa. 11 millones de personas deberían ser desplazadas, arrancadas de sus trabajos, sus hogares y sus barrios. Luego, deberían ser trasladadas, “alojadas” en algún centro de detención, contenidas, alimentadas (si no se las empuja al hambre) y, finalmente, expulsadas.

Y, sin embargo, la cantidad de inmigrantes ilegales en Estados Unidos está muy lejos de ser lo que la campaña de histeria racista afirma que es. Monstruos fascistoides como el “periodista” Tucker Carlson y ahora Elon Musk ayudaron a instalar el relato de una “invasión” para “reemplazar” con inmigrantes a los “puros” estadounidenses. De los relatos fascistoides se alimentan los lisa y llanamente fascistas, que han logrado popularizar la “Teoría del Gran Reemplazo”. Lo cierto es que el pico de inmigrantes ilegales fue en 2007, durante la segunda presidencia de Bush hijo, cuando eran 13 millones.

Los inmigrantes en Estados Unidos constituyen una fuerza laboral masiva de unas 30 millones de personas. De ellas, más de 8 millones están en situación irregular. Los inmigrantes explican en gran medida que el desempeño económico reciente de Estados Unidos haya sido relativamente mejor que, por ejemplo, el de los países europeos.

“No hay nación con más inmigrantes que EEUU: más de 45 millones de sus habitantes no nacieron en el país. Esto representa el 13,6% de la población total… pero el 18,6% de la fuerza de trabajo en 2023 (el 15,3% en 2006), no sólo por razones de composición etaria sino porque su tasa de empleo es mayor que la de los nacidos en EEUU. La tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo inmigrante cuadruplica la de la fuerza de trabajo ‘nativa’: 4,4% contra 1,1%”.

El origen étnico suele determinar significativamente el tipo de empleo en Estados Unidos. Mientras los mexicanos y centroamericanos suelen tener niveles educativos más bajos y trabajos más precarizados, los de origen asiático tienen en términos generales niveles educativos más altos y trabajos más especializados.

Los datos hablan solos: las expulsiones masivas significarían un descalabro económico. Aun si parte del plan de Trump se llevara a cabo con éxito –un inmenso “si”–, queda por ver el impacto propiamente económico de semejante medida. Privar de mano de obra barata y de difícil o imposible reemplazo inmediato no causará la menor gracia a los mismos empresarios que hoy emplean inmigrantes en sectores como agricultura, construcción, servicios de salud y hotelería. Por lo demás, una súbita reducción de la oferta de mano de obra sólo puede impulsar los salarios hacia arriba y abonar la espiral inflacionaria. De modo que los ojos están puestos íntegramente en el volumen, la forma y los plazos del plan de megadeportaciones, incógnitas que nadie sabe cómo despejar.

La inmigración, la sociedad y la resistencia a los planes trumpistas

Surge una pregunta obvia: ¿por qué, con semejante peso económico, la burguesía y el Estado yanquis querrían entonces expulsar a millones de inmigrantes? La búsqueda de ganancias fáciles es, después de todo, el principal motor de la sociedad capitalista. De hecho, ese es uno de los motivos por los que una parte de la clase capitalista yanqui no está de acuerdo con el plan de expulsiones. La respuesta a esa pregunta es más fácil de lo que parece: la conquista de la mayor cantidad posible de ganancias tiene ciertos pilares políticos y sociales.

La conformación de Estados Unidos como tal se dio históricamente sobre bases claramente racistas. Los “Padres Fundadores” del país escribieron la Declaración de Independencia que rezaba que “todos los hombres son creados iguales”. Y la mayoría de ellos, empezando por George Washington, eran dueños de esclavos. Durante todo el primer siglo de existencia del país, las leyes de ciudadanía normalmente incluían solamente a personas “blancas”. Desde afroamericanos hasta chinos fueron legalmente excluidos del derecho a ser ciudadanos. Las consecuencias de esta historia van de lo económico a lo social, y hasta a lo geográfico. La sociedad yanqui está profundamente segregada, con los barrios de las grandes ciudades repartidos en gran parte según el origen étnico de sus habitantes.

La segregación de hecho, aunque no sea ya legal, es una de las bases sociales de la dominación política en Estados Unidos y sus gobiernos. La política trumpista, entonces, toma la tradición racista yanqui para su giro político hacia una nueva ubicación de Estados Unidos en el mundo: “La ideología nacional-imperialista de los republicanos de Reagan era expansiva. Esperaba, con optimismo, que la apertura de los mercados de la era neoliberal viniera acompañada de una natural hegemonía cultural de sus valores e instituciones. En ese régimen mundial, los Estados Unidos estarían siempre a la cabeza. Ahora, con una situación defensiva para el imperialismo yanqui, esa misma ideología nacional-imperialista se convirtió en otra cosa, en algo defensivo. La ‘apertura’ económica y cultural ya no es vista como vehículo de su propia supremacía, sino de la de otros.”

Que este punto de la agenda haya sido uno de los centrales de la campaña es en sí mismo un triunfo de Trump, que además sacó ventaja en todas las franjas como alguien más decidido y competente que su rival al respecto: una encuesta del Pew Research Centre halla que para un 61% de los votantes la inmigración fue uno de los temas prioritarios de la elección. La penosa respuesta de Harris fue girar bruscamente a la derecha en el tema, menos con la intención de competir en un terreno que le es desfavorable que como política de contención de daños.

No es que los demócratas hayan tenido antecedentes de timidez en la materia: es sabido que Barack Obama fue calificado por las ONGs defensoras de inmigrantes como “deportador en jefe”, sobre todo en su segundo mandato, con cifras de deportaciones que incluso superaban a las de Trump.

En este marco, los republicanos no encuentran límite en su giro a la derecha. El vice J D Vance solía mencionar que hay “25 millones de extranjeros ilegales” (illegal aliens, palabra mucho más fuerte y hostil que foreigner, aunque significa lo mismo), y que el “esquema de deportación masiva” que defiende debería empezar por la redonda y nada módica cifra de un millón de expulsiones. Los atildados think tanks de derecha estudian con todo detalle el “impacto negativo en el crecimiento económico” de que no se le baje más impuestos a las empresas. Sin embargo, no parecen mostrar un celo análogo en intentar medir la catástrofe en términos de empleo y actividad económica (ni hablemos del impacto social y político) que significaría reducir de un plumazo la población de EEUU de 334 millones de habitantes a 324 millones. O incluso a 310 millones, en caso de que el delirio racista y xenófobo de Trump y Vance se lleve hasta el final.

Hay más: Vance no descarta reinstalar la política de separación familiar de la presidencia Trump; es decir, separar a lxs niñxs de sus madres y padres como disuasivo del cruce de fronteras. Esta enormidad no ha terminado: según el Departamento de Seguridad Interior (sigla inglesa DHS), en marzo pasado todavía quedaban 1.400 menores que esperaban poder reunirse con sus familias (“Policy Brief US”, TE 9418, 12-12-24). Y Trump todavía aspira a liquidar el programa DACA, que protege de la deportación a los inmigrantes en EEUU que llegaron al país siendo niños. Si bien en el pasado esos intentos fueron frenados en los tribunales, mucha agua republicana y trumpista ha pasado bajo los puentes en el Poder Judicial, que hoy está abarrotado de designaciones hechas durante la gestión de Trump.

Si hay un límite a esta chifladura, no está en la voluntad política de los republicanos, sino en que sería casi imposible que el Congreso aprobara el financiamiento de semejante movida. De todos modos, el programa escrito del Partido Republicano, y Trump en sus discursos antes y después de asumir, prometió explícitamente implementar “el mayor programa de deportaciones de la historia de EEUU”.

Justamente, la “deportación masiva de inmigrantes ilegales” fue una de las políticas emblemáticas de la campaña y el discurso de Trump, pero aquí todo son interrogantes básicos que hoy nadie puede responder. Para enumerarlos por orden de importancia: cuántos inmigrantes serán deportados, a partir de cuándo, por qué razones exactamente, con qué medios y de qué manera, y, dependiendo de todo lo anterior, con qué consecuencias políticas. Por lo pronto, ya hay alcaldes y gobernadores demócratas que dejaron claro que resistirán por todos los medios legales cualquier intento de deportación, que no prestarán la menor asistencia a las autoridades y que recurrirán a la justicia para obstaculizar la medida, para no hablar de la obvia aunque hoy impredecible dimensión de la ola de resistencia o desobediencia civil que generaría.

En resumen, la principal protección que pueden esperar los inmigrantes en EEUU vendrá de su propia movilización y hasta de la disfuncionalidad misma de las instituciones yanquis, que pueden transformar cualquier medida polémica en un cenagal intransitable.