El pasado 31 de diciembre perdía vigencia el DNU 413/21, que reconocía al coronavirus como enfermedad laboral. Según el decreto, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) debían “cubrir los gastos de las y los trabajadores generados por la enfermedad COVID 19 y asegurar que reciban en forma inmediata las prestaciones previstas en la ley de riesgos del trabajo”.

Ahora, en pleno pico de contagios y sin que el Gobierno de señales de una renovación del decreto, el empresariado pone el grito en el cielo ante la posibilidad de tener que afrontar los costos por ausentismo de su propio bolsillo –es decir, de las ganancias que extrae de los trabajadores.

Así lo manifestaba el Secretario de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Raúl Zylbersztein:

“Con este nivel de casos, las empresas no van a poder soportarlo. Vamos a tener que cubrir todos los aislamientos y no hay más ayudas como ATP, bajas en las cargas sociales o de aportes patronales. Es una carga enorme en un momento en el que recién comenzamos a recuperarnos”.

Sin embargo, el gobierno viene de reducir el aislamiento para los casos positivos y eliminarlo para los contactos estrechos. Solo estarían obligados a cumplir los 10 días de aislamiento aquellas personas que no cuenten con el esquema de vacunación completo.

Gobierno y empresarios se lavan las manos mientras exponen a los trabajadores al contagio

Con la eliminación del aislamiento para los contactos estrechos asintomáticos y las restricciones para testearse, los trabajadores se ven obligados a presentarse en sus puestos de trabajo poniendo en riesgo su propia salud y la de sus compañeros.

¿Con qué fin? Reducir los costos para el empresariado, como lo admitió la propia Ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien habló de “las fuertes consecuencias económicas de la tercera ola de Ómicron y el costo laboral de las altas cifras de ausentismo, que preocupa a los empresarios”.

El Gobierno parece enterrar cada vez más el discurso sanitarista remplazándolo por un menosprecio de la pandemia y las consecuencias para la salud de la población. En vez de contratar más personal para los centros de testeo, hospitales y demás servicios esenciales, da rienda libre a los contagios y trata a los trabajadores como material descartable.