Los primeros días del mes de octubre tienen aún focos activos de fuego y siguen sumando áreas quemadas a las más de 191.000 hectáreas de bosque y áreas naturales quemadas en la provincia de Córdoba. Es que es el año con menos lluvias en 65 años, además del comienzo del aumento de las temperaturas y la gran carga combustible, generan todas las condiciones naturales para subir el riesgo de incendio a “extremo”. Los focos comenzaron en simultáneo a mediados de junio de este año en las sierras de Córdoba, de norte a sur, y desde entonces se han quemado lo que equivale a 266 canchas de fútbol: en la provincia que quedan menos de 600.000 hectáreas de bosque en buen estado de conservación, es una tragedia que se quemen 191.000 hectáreas.

Las imágenes y videos de bomberos, brigadistas y voluntarios dejaron en evidencia la brutalidad con la que avanzó el fuego y la destrucción que dejó por detrás. Hubo evacuados, se quemaron casas, corrales, ganado, estructuras: el sustento de muchas familias que hoy están totalmente desamparadas y sin ayuda del gobierno. Sumado a dos personas que lamentablemente murieron por intentar combatir el fuego de manera voluntaria. Esto a pesar de que, con el sistema de manejo de incendios totalmente desbordado, se decidió reducir el combate a focos en zonas cercanas a viviendas, dejando que los fuegos sobre los bosques avancen sin control.

¿Naturales o intencionales?

Pero para que ocurra un incendio, hacen falta más factores que los ambientales. Es la intencionalidad la chispa necesaria para comenzar la catástrofe. Intencionalidad que viene de la mano de negocios, en una provincia que está en constante expansión territorial por la demanda de nuevos suelos. ¿Para qué? Para el desarrollo agroganadero y urbano. Son negocios inmobiliarios que llevan a la ocupación de nuevas tierras cubiertas de ecosistemas naturales: se lotea, se alambra, se quema, se desmonta, se vende. Así funciona el negocio. Lo mismo ocurre con los campos ganaderos. Avanza la urbe, por lo que los campos de producción agroganadera necesitan relocalizarse y expandirse. Y nada de esto sería posible sin la colaboración de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

No es casual que gran parte de los incendios ocurran en territorios en conflicto. Por ejemplo, este año en la zona de Sierras Chicas y Punilla, la Reserva Natural Bamba se quemó en un 57%, similar a la Reserva Natural de Villa Allende que se quemó en un 57%. La Reserva Natural Quisquisacate en un 63% y otras en menor porcentaje^[1].

Los años de lucha de los movimientos ecologistas de Córdoba han logrado el establecimiento de varias reservas naturales sobre los relictos de bosque nativo, principalmente en la zona serrana, ubicadas en las cabeceras de cuenca, que es donde se almacena el agua que se liberará a lo largo del año para disponibilidad de las distintas localidades, incluso la Ciudad de Córdoba. De esta manera, con todas sus limitaciones, hay instrumentos legales que permiten proteger los ecosistemas en estas áreas, más allá de lo que protege la Ley de Bosques^[2].

El problema radica en que prácticamente todas las reservas tienen conflictos de uso de suelo, relacionados a loteos, canteras y caminos o rutas. Y por lo tanto, no sorprende en absoluto que gran parte de los incendios ocurran en estas áreas. Los intereses de los especuladores inmobiliarios y agroganaderos son una constante amenaza para cualquier territorio. Los gobiernos municipales no sólo no colaboran en la protección de las áreas naturales, sino que apoyan y hacen la vista gorda con las irregularidades de proyectos totalmente ilegales y destructivos^[3].

Por otro lado, el avance de los incendios no es exclusivo de la provincia de Córdoba: septiembre tuvo a las 14 provincias del norte del país con varios focos activos. Principalmente en la zona de los humedales del río Paraná, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos (https://izquierdaweb.com/continuan-los-incendios-en-varias-provincias-del-pais/). Esto demuestra la nula intencionalidad de los gobiernos de poner un freno en los desastres ambientales, y se puede ver claramente la reducción de presupuesto año a año para las actividades de prevención y lucha contra incendios, el Plan Nacional de Manejo del Fuego y demás actividades relacionadas. Concretamente, el presupuesto del gobierno nacional pasó de conformar un 0,061% del total del presupuesto anual en el 2019, a un 0,042% para el 2021.

El gobierno de Juan Schiaretti, obviamente, no se ha quedado atrás. Como enunciamos en una nota anterior el gasto para la prevención y el combate de incendios es enorme, pero insuficiente. La respuesta a la negligencia e inoperancia fue la denuncia al gobernador por la demora injustificada en el pedido de apoyo a otras jurisdicciones (el alerta de emergencia Roja que permite la llegada de bomberos y equipamiento de otras provincias), lo cual impidió contar con Bomberos Voluntarios y tecnología suplementaria para apagar fuegos. En esos 10 días solo actuó el Plan Provincial de Manejo del Fuego, el cual se vio, como dijimos, totalmente desbordado, tanto por la valiosa labor de los bomberos y la escasez de aviones, helicópteros y equipamiento para su trabajo. El gobierno demostró la desidia estatal para frenar este ecocidio.

No hacen falta nuevas leyes, hace falta presupuesto

En este contexto, han salido en los medios diferentes declaraciones de representantes parlamentarios. El chiste es que el diputado oficialista Maximo Kirchner, con el apoyo del diputado cordobés también del FdT Eduardo Fernández, presentó un proyecto de reforma a la ley del Manejo del fuego. Ésta implica la prohibición de realizar modificaciones en el uso de las superficies preexistentes al incendio, por 60 años cuando se trate de «bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales» y por 30 años en el caso de zonas agrícolas. En realidad, si vamos a la Ley Nacional 26.815 de Manejo del fuego ya se hace esta prohibición, es decir: mucho ruido, pocas nueces. Tal es el cinismo del oficialismo que mientras presentan esta “reforma” de algo ya legislado, implementan el polémico acuerdo porcino con China que implica la proliferación de fábricas de chanchos que, mediante la deforestación, expandirá la frontera agropecuaria. Este gobierno nacional, que cuenta como dijimos con incendios en más de 14 provincias, sale con esta reforma para maquillar su política de expoliación al medioambiente, como lo es el Acuerdo Federal de la Hidrovía, para sostener la privatización del Paraná al servicio de las ganancias, mientras ajusta el presupuesto.

Asimismo, el Frente de Izquierda en boca del Partido Obrero también ha salido con un proyecto de ley, similar, en la Legislatura cordobesa, donde la supuesta innovación es un artículo que le da poder de veto, control y seguimiento del cumplimiento de la presente ley a las Asambleas Populares Ambientales. “Un cambio radical”, según su prensa. Por el contrario, nos parece incorrecta esta puesta de expectativas a un proyecto que posiblemente se sume a los ya existentes mientras el gobierno sigue sin cumplimentarlos ni financiarlos. Por su parte, el MST plantea la declaración de emergencia ambiental, con lo cual no coincidimos porque le otorga mayor poder al gobierno provincial.

Hay que salir a las calles

Creemos que el camino es otro. Aparte de las denuncias penales hechas hacia Schiaretti, también hubo actividades en la calle: el viernes 2 de octubre se realizaron jornadas por el monte en varias localidades de la provincia en donde se manifestaron presencialmente vecinos/as muy preocupados por las consecuencias de los recientes incendios y se responsabilizó en primer lugar al gobierno de Schiaretti. En Córdoba Capital la acción se llevó a cabo en el Patio Olmos, donde participaron gran cantidad de organizaciones, activistas e independientes, con una importante presencia una juventud muy dinámica y dispuesta a dar pelea, sumando reclamos como el rechazo del acuerdo porcino con China.

No hacen falta más proyectos de ley, debemos exigirle a los gobiernos una importante inyección de presupuesto al Plan de Manejo del Fuego, tanto nacional como provincial. En primer lugar, para evitar futuros incendios, y además planes eficientes de restauración de las áreas naturales incendiadas. Es indispensable el apoyo científico en estas tareas de restauración,  para evitar que se desvíen en otro negocio en desmedro del ambiente. A la vez, el financiamiento de estos presupuestos deben salir de impuestos a los empresarios desarrollistas inmobiliarios y agroganaderos, que son quienes siempre salen beneficiados en la disputa de uso del suelo.

Pero nada podemos esperar de estos gobiernos que están al servicio de estos empresarios, y nos toca llevar esas exigencias a la calle, el único lugar en donde no nos pueden apagar las cámaras y cortar la luz o la conexión a internet. Si no ocupamos los espacios centrales de la ciudad con nuestro reclamos, no podemos esperar ningún cambio. El camino para terminar con la destrucción del monte nativo en función de lo intereses de los empresarios del agro y desarrollo inmobiliario es la movilización en la calle con la denuncia explícita a los responsables políticos, a Alberto Fernández, Schiaretti, a todos los funcionarios y la justicia que hacen la vista gorda y permiten el incumplimiento de las leyes existentes, desfinancian los programas, en complicidad hacia los empresarios que lucran a costa del medio ambiente. Pese a la situación epidemiológica que estamos viviendo en Córdoba, con un avance feroz de casos de coronavirus, debemos tomar todos los criterios de higiene y salir a la calle a exigir que apaguen el fuego! ¡Basta de quemas!

Cárcel a los empresarios que incentivan y realizan estas quemas.

Por un plan de remediación del bosque y de la fauna.

Por un plan de emergencia para la construcción de las viviendas perdidas.

Por un aumento del presupuesto para combatir los incendios.

Que salga de un fuerte impuesto a los productores rurales y desarrollistas inmobiliarios.

^[1] Datos obtenidos a partir de mapeos de elaboración propia

^[2] Recordemos que se estima que en la provincia queda menos de un 3% de bosque nativo, según varios estudios académicos recientes

^[3] Ver los casos de El Terrón de Mendiolaza, la Autovía de Montaña de Punilla, mega proyecto comercial de Bugliotti en Salsipuedes, cantera El Gran Ombú en Villa Allende, El Montecito en Unquillo, y un larguísimo etcétera.