La escalada de contagios diarios está ya en un promedio de 1400 por día, concentrados sobre todo en el AMBA aunque hay algunas provincias desbordadas como el Chaco.

Desborde en puerta

Si bien los datos de ocupación de camas de terapia no se informan oficialmente, ni se sabe a ciencia cierta cuantas hay en el sector público y cuantas, en la salud privada, se habla que algo en torno al 50% de las camas de terapia intensivas se encuentran ocupadas tanto en CABA como en el Gran Buenos Aires.

En algunos hospitales de jerarquía como el Durand en capital y otros su personal médico y de enfermería comienza a estresarse con jornadas interminables de 14 horas y la ocupación de camas al límite.

Tampoco existe una contabilidad suficientemente clara de los resultados de los escasos testeos que se vienen realizando y, menos que menos, si la muestra es lo suficientemente confiable. Sin embargo, están apareciendo algunos indicadores alarmantes que muestran altos índices de contagio a partir de los testeos. Muchos son asintomáticos o casos leves, sin embargo, teniendo en cuenta los contagios diarios que informan y aplicándoles el 5% que es el promedio mundial de los contagiados que terminan en terapia, en pocas semanas más los hospitales podrían colapsarse de seguir la dinámica actual.

Hasta el momento la dinámica de la curva de contagios venía más o menos controlada concentrándose los mismos en determinados “nichos”: los geriátricos, determinados barrios populares con mucho hacinamiento, algún que otro centro de salud que colapsaba –pero sin que la situación de colapso sanitario se generalizara- y casos por el estilo, aunque aislados.

Sin embargo, en estos momentos al menos en el AMBA el contagio parece estar rompiendo “fronteras” y difundiéndose más allá de determinados lugares de concentración.

Los empresarios presionaron por la apertura económica y el gobierno cedió. Mantuvo su discurso sobre la continuidad de la cuarentena, pero hace semanas que es pura hipocresía. Con sólo andar por las calles se puede notar que se abrió todo y que, fundamentalmente, se abrieron los lugares con alta concentración de trabajadores.

La discusión sobre los “runners” (la gente mayormente de clase media que sale a correr) o del uso del transporte público sin permiso de circulación es pura hipocresía. ¿Si en complicidad con los empresarios se manda a todo el mundo a trabajar cómo se podría impedir la difusión masiva de la enfermedad? Permitir o no que los “runners” salgan a correr es un falso debate que el gobierno y los medios opositores utilizan para tapar el punto en el que gobierno y oposición patronal acuerdan: ¡que la clase trabajadora se exponga masivamente yendo a trabajar!

Las consecuencias están a la vista: los casos se multiplican, la curva comienza a escalar duro y parejo y la situación amenaza con desmadrarse a la vuelta de la esquina.

Por lo demás, el papel cumplido por la patronal no puede ser más hipócrita. Mientras sueltan lágrimas de cocodrilo, aprovechan para que el Estado les pague el 50% de los salarios a sus trabajadores, los “cuidados sanitarios” y protocolos de seguridad implementados no pasan de algo cosmético. O mejor dicho, están hechos para garantizar la ganancia empresaria pase lo que pase.

Los lugares de mayor contacto son los vestuarios y los comedores. No conocemos lugares de trabajo donde la infraestructura se hayan duplicado o triplicado para bajar su densidad. A los trabajadores y trabajadoras se les sugiere que “no usen el vestuario” o “no vayan al comedor”… pero si uno trabaja en la industria o un hospital, por ejemplo, es imposible no pasar por el vestuario. Lo mismo que no se puede estar una jornada de trabajo completa sin alimentarse.

Las consecuencias están a la vista: no solo se multiplican los contagios en los barrios sino que las fábricas comienzan a reportar casos: de a 2, 3, 4, 5, los casos se multiplican como denuncian compañeros en Firestone, Fate y otras tantas plantas. Y seguramente irán en aumento, porque esto no es hechicería sino hechos científicos: si se manda todo el mundo a trabajar y se lo concentra en grandes centros productivos, o de cualquier índole, la resultante no puede ser otra que la multiplicación de casos.

Otro tema muy delicado son los hospitales y centros de salud. Comienzan a haber situaciones más generalizadas de saturación lo mismo que denuncias sistemáticas de que a los enfermeros y médicos les falta lo mínimo para protegerse. También casos de fallecimiento de enfermeros/as como en el Hospital Fernández, el Durand y tantos otros.

Es sabido que el coronavirus es muy contagioso sobre todo en el contacto persona a persona. Y no hay nada más contagioso que, por ejemplo, tener que entubar un paciente con respirador: si no se tiene el atuendo indicado, sino se pueden tomar todas las medidas de seguridad, es inevitable que el personal médico involucrado en la tarea se contagie.

La vergüenza llega a nivel de escándalo cuando se sabe que una y otra vez el gobierno nacional se atrasó en garantizar los 5000 miserables pesos por mes que se prometió al personal médico y ni hablar del abastecimiento de los insumos esenciales.

Gobierno y empresarios no se sabe bien en qué invirtieron realmente los primeros 3 meses de la cuarentena porque cuando ahora las cosas amenazan con desbordarse saltan todas las flaquezas de una situación que ha sido más palabras que hechos.

¿Crisis política en puerta?

Hasta ahora el gobierno de Fernández parecía venir logrando mantener los desarrollos bajo su control. Esto podría estar cambiando precisamente a estas horas donde se han juntado 3 o 4 factores que podrían hacerle crisis.

El más grave es el de la pandemia con la paradoja de una cuarentena extendida en el tiempo que ha acumulado cansancio social así como dificultades económicas reales entre los de abajo sin que aparecieran mayores soluciones de fondo y que, para colmo, se termina manejando cual “aprendiz de brujo” porque más allá del discurso, la cuarentena se relajó a un punto cuyas consecuencias podrían ser muy graves.

Pero a esto se le suman dos elementos más: el caso Vicentin y la negociación de la deuda, ambos temas donde el gobierno está presionado por la derecha.

Mientras que aprovechándose de la cuarentana los gremios se han echado una larga siesta y han difundido en complicidad con el gobierno el discurso de que de ninguna manera se podría salir a reclamar, la derecha más rancia y reaccionaria que responde a Juntos por el Cambio se la pasó haciendo reclamos. Es verdad que impactan sobre sectores más o menos limitados de la sociedad, pero, sin embargo, no dejan de configurar una presión (más grande en un momento que otro).

Pasó con las domiciliarias y ahora vuelve a pasar con el caso de la estafa de Vicentin. El gobierno decretó la intervención y amenaza con algún tipo de estatización de la empresa. Pero a ciencia cierta de momento no hay indicios facticos de para dónde pretende ir. Ya señalamos en estas páginas que es muy distinto un salvataje, que una estatización burguesa por así decirlo y, en el otro extremo, una expropiación anticapitalista que es lo que defendemos nosotros.

Un salvataje o “rescate” (término que usa el gobierno) es, simplemente, que el Estado se haga cargo del pasivo y la empresa termine en nuevas manos privadas.

A la estafa del vaciamiento de la empresa se le agregaría otra que es que el Estado – cuya mayor fuente de financiación es la población trabajadora- se terminaría haciendo cargo del pasivo mientras que la empresa saneada podría volver a generar ganancias libremente en manos de otro grupo empresario nacional o más probablemente extranjero.

Con sus más o sus menos, cuando se habla de “proseguir en el marco del concurso de acreedores”, de que la empresa “pase a manos de los ‘cooperativistas’, el Estado provincial y alguno de sus acreedores”, cuando se habla de formar una “empresa mixta público-privada” y cuestiones por el estilo de las que hablan Juntos por el Cambio, la mayoría de las organizaciones patronales del campo o Lavagna (con las cuales podrían simpatizar un Massa o un Perotti), la cosa va para ese lado.

Otra alternativa que no está entre las opciones del gobierno sería una expropiación como la que defendemos nosotros. Esto significaría ir a una Vicentin 100% estatal, denegando el pago de la deuda al Banco Mundial y demás acreedores externos, rechazando cualquier idea de “indemnización” o cosa parecida a los estafadores y avanzando, por el contrario, sobre el patrimonio de sus dueños y accionistas e impulsando el control obrero de la empresa, además de promover la estatización de todo el grupo empresario y no solamente de una parte de él.

El interrogante es en qué punto de estas dos opciones netas está el gobierno: un rescate o una algún tipo de estatización burguesa. En un primer momento pareció inclinarse más hacia alguna fórmula de estatización que llamamos burguesa (porque supone de todos modos un modelo de gestión privada, es decir basado en la ganancia y no como bien social), o alguna forma quizás mixta de propiedad, aunque con mayoría estatal tipo YPF. Obviamente que sin ningún atisbo de control obrero pero que, en definitiva, significaría quitarle la propiedad a la familia Vicentin y adláteres, sin pago en la medida que ya está sobradamente pagada producto de que la deuda de Vicentin sobrepasa el valor de la empresa. De modo que la empresa quedaría de alguna forma estatizada.

Sin embargo, en el punto actual, Alberto Fernández parece repensar sus opciones y reevaluar algún eventual rescate. Esto más aun en esta coyuntura que parece oscurecérsele al gobierno, donde su capacidad de arbitraje y su búsqueda de un “punto medio” social liberal o tercera vía entre Macri y Cristina podría estar pasando por una crisis. Sobre todo, cuando por izquierda no aparecen mayores presiones (a pesar del ejemplo del paro de los estibadores y trabajadores aceiteros de Santa Fe y Rosario) principalmente porque los sindicatos burocráticos de la CGT y la CTA mantienen atadas las manos a la clase obrera con la excusa de la pandemia.

Una situación similar se da en el caso de la deuda. El gobierno ya cedió de 3 a 2 años de plazo de gracia “sin pagar”. También cedió que la quita de capital sería bajísima y que una parte importantísima de los intereses serían capitalizados. Por otra parte, mientras que los bonos argentinos se cotizan en el mercado al 35% más o menos de su valor, el gobierno ha ofrecido canjearlos al 49.9% del mismo pero los fondos acreedores exigen más: piden que se estire hasta el 53/55% de su valor nominal.

Por lo demás, también ha prometido el gobierno un bono atado a las exportaciones que se supone serán crecientes aun a pesar de la mala experiencia del bono atado al PBI del canje del 2005 que significó una carga creciente de la deuda.

Y, sin embargo, los acreedores parecen exigir más y más y más y no se sabe a ciencia cierta con cuantas concesiones más terminará la negociación y cuan insoportable será la carga de la deuda a pesar de otras de las promesas de Alberto que podría llevarse el viento de que “no se pagará deuda con más ajuste sobre los trabajadores” …

Mientras tanto, además, el ajuste de la pandemia continúa no solamente con las rebajas salariales o el aprovechamiento para legalizar condiciones flexibilizadas vía el “teletrabajo”, sino incluso ahora con el pago en cuotas del aguinaldo o lisa y llanamente eliminándolo en muchos casos…

El gobierno se vio obligado a dar algunas concesiones ante las graves circunstancias, pero han sido puros paliativos que sólo en el mejor de los casos llegaron a sus destinatarios compensando solo malamente –a los que les llegaron- por la pérdida salarial, de los ingresos, o las pérdidas de puestos de trabajo.

La suma de un eventual desborde de la pandemia más la “tibieza” -por llamarlo de alguna manera- frente a los estafadores de Vicentin y los acreedores externos y el FMI podrían estar generando la primera crisis importante del gobierno; una puesta a prueba de su pulso de gobierno que se viste de “simpático” frente a la sociedad, “paternalista” en cierto modo, pero cuyas palabras mueren por su carácter social-liberal.

Empujemos la solidaridad por abajo

Que estemos en medio de la pandemia y una situación de cuarenta, que la oposición reaccionaria cope los medios y cierto modo muchas de las expresiones más visibles del repudio al gobierno, no significa que las relaciones de fuerzas se hayan modificado. Aun con todas sus limitaciones la cuarentena fue y es una medida “medieval” pero progresiva frente a la epidemia y un tributo a dichas relaciones de fuerza que impiden que el gobierno haga cualquier cosa.

Por lo demás, la creciente organización de los trabajadores de reparto y comidas rápidas, movilizaciones de importancia como los municipales de Córdoba, ocupaciones de fábrica como las valerosas compañeras de la Nirva, los reclamos contra la violencia hacia las mujeres, en solidaridad con la rebelión antirracista en Estados Unidos, determinados cortes de ruta, o paros como en Firestone o los paros por sectores en Fate impulsados desde abajo contra los contagios en las plantas, las asambleas en hospitales y sanatorios, y un largo etcétera, muestran otro camino al de la inacción que promueve el gobierno o la provocación lisa y llana de la derecha.

Mientras la pandemia y la crisis económica se agravan defendemos incondicionalmente el derecho de los trabajadores a la protesta, a la huelga y la manifestación con todos los cuidados sanitarios del caso. Defendemos también el cese inmediato de tareas por 15 días en toda planta o lugar de trabajo donde se detecten contagios, así como la puesta en pie de comités de base de higiene y seguridad para imponer protocolos de seguridad que cuiden la salud de los trabajadores, no las ganancias de los empresarios como ocurre de momento. También insistimos que hay que cuidar a los que nos cuidan lo que significa redoblar la exigencia de más presupuesto para la salud, así como sin esperar soluciones que no terminan de venir desde arriba impulsar todo elemento de solidaridad que nos permita tomar las tareas de cuidado en nuestras manos.

En el caso de Vicentin exigimos la estatización sin dilaciones del 100% de la empresa y la persecución penal de los estafadores (que respondan con sus activos al vaciamiento que han llevado a cabo). También exigimos que se deje de negociar con los acreedores insaciables y se declare el no pago soberano de la deuda externa y la ruptura con el FMI.

El camino del social liberalismo de Fernández y compañía no solamente amenaza con dilapidar sanitariamente todo el esfuerzo hecho por la sociedad todos estos meses, sino seguir haciendo concesiones a los vaciadores y estafadores nacionales y extranjeros de la economía nacional cuyos platos rotos solo pagamos los trabajadores.

La izquierda debe empujar la solidaridad desde bajo y apoyando trabajadores en lucha. Con esa ubicación esta semana nuestra referente Manuela Castañeira se hizo presente en la Nirva junto a una delegación del Nuevo MAS para alentar que las trabajadoras y trabajadores tomen en sus manos la gestión de la planta administrándola mientras exigen su estatización o municipalización (o cualquier forma de gestión que ellos resuelvan), exigiendo que los gremios –incluso los dirigidos por sectores de la izquierda- salgan de su larga siesta de inacción con todos los cuidados sanitarios del caso, poniendo el cuerpo pero también cuidando a la militancia.

Sigamos a trabajando porque los y las trabajadoras tomen la palabra en medio de la actual situación para que un eventual desborde de los asuntos se resuelva por la izquierda.