A esto se acaba de sumar el anuncio conjunto de Patricia Bullrich y Pullaro sobre el pedido a la justicia para aplicar la “Ley antiterrorista” votada bajo el gobierno de Cristina Kirchner, cuyas definiciones de “terrorismo” son tan ambiguas y generales que dan lugar a ser aplicadas contra organizaciones políticas, sociales, sindicales y diversas formas de protesta social.

El flagelo real del narcotráfico, cuyas principales víctimas son los trabajadores (hablamos de 4 asesinados en la última semana) está directamente ligada al proceso de destrucción del tejido industrial de la provincia iniciado en los 90, la privatización de los puertos por los que ingresa y egresa el narcotráfico, la complicidad absoluta del Estado Nacional y Provincial (desde funcionarios hasta las fueras represivas); la destrucción del empleo de calidad, la pulverización de los salarios, incrementado exponencialmente por Milei, junto con la desfinanciación estatal de las escuelas publicas y de los comedores sociales (última red de contención social) -con lo que le regala a porciones de la población pauperizada al narco menudeo como “alternativa” a la miseria-; y como resultado de todo este proceso una creciente degradación del tejido social que genera terror entre trabajadoras y trabajadores víctimas tanto del los gobiernos como de la violencia narco.

Este es el marco de la ofensiva política reaccionaria del gobierno nacional en acuerdo con el gobernador Pullaro. Pretenden marcar una agenda que supone que la resolución de los problemas agudos (que tienen origen en la administración capitalista del país y el rol cómplice del Estado) se logrará aumentando exponencialmente la presencia de las mismas fuerzas que transan y garantizan el funcionamiento y la proliferación del narcotráfico.

También es una ofensiva reaccionaria como respuesta reflejo en un fin de semana cargado de elementos críticos para el gobierno. Como la noticia que Milei se aumentó su salario en febrero un 48%, pasando de 4 a 6 millones mensuales, en una reversión que podría titularse “la casta tiene aumento”. O el hecho que las negociaciones con los gobernadores de cara a impulsar otra “Ley de Bases” tiene varias dificultades por resolver, aumentando la incertidumbre política que le impide a Milei y su gobierno consolidar su proyecto de poder.

De fondo, el gobierno apuesta a que su ofensiva militariazante encuentre puntos de apoyo extendido en todas las fuerzas políticas que le garantizan gobernabilidad (desde el Pro hasta el Kirchnerismo) con un tema que podría darle un ámbito para demostrar “unidad Nacional” (aunque sea, por lo pronto, restringido al problema del narco en Santa Fe).

Desde el viernes pasado la ciudad de Rosario se encuentra paralizada, sin funcionamiento de transportes por el paro de UTA. A esto se ha sumado el paro de docentes agremiados en AMSAFE con una acción independiente que denuncia que “desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente” y que “La violencia narco se combate cortando sus vínculos con sectores del poder político, policial y económico y con respuestas de fondo a los graves problemas de pobreza y desigualdad.”

Privatización, Estado cómplice y crecimiento del narco

“El negocio mueve US$9 millones al mes en la provincia y genera ganancias por US$5 millones cada treinta días, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)” (La Nación 3/3/2023). Cientos de notas con información del estilo, y de las más diversas líneas editoriales, confirman la proliferación del narcotráfico a través del la Terminal Puerto de Rosario. Por poner sólo un ejemplo entre tantos, está el caso del 2022 en el que salió a la luz una investigación por el  “movimiento de 1434 kilos de cocaína en el puerto de Rosario (…) valuado en 40.000.000 de dólares, fue enviado a los puertos de Santos y Rotterdam”.

Este enorme negocio del narcotráfico tiene una serie de causales estrechamente vinculados al modelo económico capitalista que se ha profundizado durante las últimas 4 décadas. La privatización de los puertos llevada adelante por el Menemismo y sostenida por todos los gobiernos hasta la actualidad es uno de los puntos clave de la proliferación del narcotráfico. En los puertos privados ingresan y egresan bienes sin control alguno, que dan lugar también a la evasión de pago de impuestos y aumentan en cantidades impensadas las ganancias de los empresarios del agro (tema que se volvió a poner en agenda con la estafa de Vicentin y sus derivaciones, como la importación y exportación de miles de millones de dólares en bienes sin control).

También son, lógicamente, puntos de ingreso y egreso del narcotráfico, en los que también Vicentin y tantas otras empresas privadas se han visto envueltas en las últimas décadas:  “La Terminal Puerto Rosario, que tiene como uno de los principales accionistas a la cerealera Vicentin, fue allanada en el marco de una investigación por la detección de un megacargamento de cocaína de más de una tonelada” (Ambito financiero, 9/9/2022).

Sin embargo, y con toda la información a mano, el gobierno cómplice de Milei alienta la privatización de todas las áreas económicas y sociales. A la vez que usa de excusa el narco para aumentar la presencia de las fuerzas represivas que han sido históricamente cómplices del narco y enemigas juradas de las protestas sociales de las y los trabajadores contra el plan de guerra que lleva este gobierno contra los de abajo.

Es evidente además que el narcotráfico sólo puede desarrollarse con la complicidad del Estado. Sin ir más lejos, los últimos asesinatos de estas bandas enemigas de los trabajadores han sido ejecutadas con armas y balas de la propia policía de Santa Fe.

Sumemos a la complicidad, la política específica que lleva este gobierno. El ataque directo a la educación pública a nivel nacional y que impacta de manera redoblada en provincias con altos índices de pobreza y desocupación, además de puestos laborales y salarios destruidos, son parte de la destrucción de las redes de contención social que deja a franjas de jóvenes sin perspectivas caer en manos de los micro negocios del narco (narco menudeo).

Según datos del Indec (a septiembre del 2023) Santa Fe cuenta con los índices más altos de desocupación (8,1%, superando la media nacional de 6,9%) y de pobreza del país. Datos “viejos” que se han agravado sin dudas en los últimos 3 meses en que la política de ataque a los trabajadores por parte del gobierno nacional han producido un desastre salarial y un incremento de la pobreza nacional al 60%.

“Hay barrios enteros de Rosario que fueron abandonados por el Estado, que dejó de proveer seguridad y contención social. Los criminales llenaron ese vacío en zonas asoladas por la pobreza, el desempleo y la precarización. Allí, los clanes organizan comedores comunitarios y talleres de oficios, pagan sepelios y hasta proveen un remedo de seguridad, al mismo tiempo que ordenan asesinatos y secuestros, extorsionan comerciantes y regentean el narcomenudeo, el tráfico de armas y la trata de personas.” (Alconada Mon, La Nación 3/2023)

Desde luego que la “torta” de las ganancias de los empresarios del narcotráfico y sus complices estatales surgen de las grandes exportaciones a Europa y otras zonas del mundo, y no del narco menudeo. A la vez, la compra y venta de drogas en el territorio hace a la expansión de las bandas del narco en las provincias. Esta proliferación de las redes del narco está estrechamente vinculada al “retiro” del Estado en lo que refiere a la educación, la salud y los comedores sociales.

En boca de una militante social entrevistada por un medio afin al gobierno de Milei, en referencia al retiro de distribución de alimentos en los barrios:  “Es el peor momento -describe Sánchez-. Antes de que pase esto funcionábamos de lunes a viernes (…)El morfi es lo único que organiza transversalmente a los barrios Cuando no hay organización en el barrio, avanza el crimen. La olla es el último dique de contención (…) Acá afuera se ve mucha droga y violencia.” Declaraciones en referencia a los barrios del conourbano bonaerense, pero que reflejan la desidia y el ataque brutal que significa la política hambreadora de Milei.

Un programa alternativo de las y los trabajadores y acciones independientes

Para terminar con la complicidad del Estado, con el flagelo del  narco y con la precarización de la vida es necesario tomar medidas de fondo que ataquen el origen capitalista de la barbarie que se vive en Rosario, en Santa Fe, y que se expande a todo el país.

Es necesaria la estatización inmediata de los puertos privados, sin lo cual es imposible evitar tanto el narcotráfico como la evasión fiscal de los grandes empresarios. Pero junto con esto, y de manera excluyente, es necesario el control de las y los trabajadores, tanto del puerto como de todo lo que se comercializa, porque son los trabajadores y las trabajadoras las verdaderas victimas tanto del ataque del gobierno de Milei como del narcotráfico. Sólo mediante la estatización de los puertos y del comercio exterior, bajo férreo control de las y los trabajadores, se puede revertir la decadencia social, laboral y de perspectivas de vida, destinando los miles de millones que quedan en manos privadas a inversión en obras públicas, y destinando esos recursos a aumentar exponencialmente las condiciones de vida de miles y millones. Y junto con esto poner fin al narcotráfico que estropea la de las y los laburantes y la de sus hijos.

El debate sobre el narco, el estado y el gobierno nos reenvía con fuerza a la necesidad del control de áreas estratégicas de la economía, como son los puertos, y a la necesidad de enfrentar todo el plan de guerra que lleva este gobierno contra los trabajadores como única solución de fondo. Una solución que debe ser anticapitalista.

Junto con esto cobra enorme importancia toda acción independiente que enfrente el plan integral de Milei, cuyo contenido sólo puede recrudecer cualitativamente la degradación y decadencia del país. Acciones independientes como el 8M que volvió a mostrar la actualidad de relaciones de fueras que pusieron a miles y miles en las calles. O la exigencia a la CGT de un nuevo paro general político, para terminar con el ataque y el avasallamiento a las condiciones de vida y los derechos democráticos, y abrir un curso independiente para una salida construida desde abajo por las y los trabajadores y sus organizaciones políticas y sociales.