En la última semana estuvimos viendo en el centro de la escena un debate que giró en torno a la  efectividad de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 a partir del alcance público del incendio ocurrido en el departamento de Felipe Pettinato y una nueva internación del cantante Chano Charpentier, episodios que tuvieron suma repercusión mediática. A estos hechos, se les agrega la jornada de reflexión y debate  a 11 años de la sanción de la ley, que tuvo lugar en el Senado de la Nación el pasado Lunes 30/05, en donde participaron expositores que brindaron testimonio a favor y en contra de la misma.

Como era de esperarse, los medios televisivos y radiales de comunicación se vieron inundados de psiquiatras, psicólogos pero sobre todo de “consejeros psicológicos”, periodistas y personas que nada tienen que ver con el campo de la salud mental, quienes se dedicaron exclusivamente a atacar la ley.

En su mayoría  lo hicieron con argumentos totalmente falsos y reaccionarios, poniendo en el foco de la polémica las “internaciones involuntarias”, alegando que hoy están prohibidas y exigiendo el reemplazo de la Ley N°26.657 por una que habilite poder internar a aquellos sujetos con padecimientos mentales sin su consentimiento, desconociendo que dicha ley vigente contempla la internación involuntaria pero además queriendo imponer un retroceso en relación a la perspectiva de derechos, incluyendo en sus argumentos el criterio de peligrosidad e incapacidad para las personas con padecimientos mentales y adicciones.

La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en el año 2010 y reglamentada tres años después. Una ley progresiva, que nunca fue plenamente implementada ya que nunca contó con el presupuesto necesario.  Entre sus ejes más relevantes establece la perspectiva de Derechos Humanos en la atención a les usuarios de salud mental, la presunción de capacidad de todas las personas, el abordaje en equipos interdisciplinarios, e incorpora a las adicciones y al uso problemático de sustancias como parte integrante a ser tratada dentro de las políticas de salud mental. Un punto no menor tiene que ver con la desmanicomialización, en donde se establece la prohibición de la creación de nuevos manicomios públicos y privados, la adaptación de los ya existentes, y la incorporación de la atención de salud mental en los Hospitales Generales.

Ahora bien, el punto en cuestión, como mencionamos anteriormente, tiene que ver con las internaciones involuntarias, que sí están contempladas en la ley en el Art 20°, en donde se establece que la internación involuntaria es un recurso excepcional, por lo cual tiene que ser utilizado en último lugar, cuando ya se hayan agotado otras instancias y alternativas, el menor tiempo posible con la menor restricción de libertades y el criterio será definido por el equipo interdisciplinario tratante, evaluando si le paciente o su entorno se encuentra en riesgo cierto e inminente. Al mismo tiempo, la misma debe ser notificada al juez competente y al órgano de revisión quienes serán les encargades de supervisar que las razones sean adecuadas y que sus derechos sean garantizados. Con la simple lectura de la Ley, ya se pueden echar por tierra varias de las falacias que estuvieron circulando con tanta rimbombancia.

Hecho este recorrido, vale preguntarse ¿Cuál es el problema de la Ley Nacional de Salud Mental? ¿ Por qué no se implementa?

A 11 años de su sanción, y a 9 de su reglamentación la Ley no cuenta con presupuesto para su implementación. Esto quiere decir, que los distintos gobiernos hasta el momento no han implementado en los hechos políticas tendientes a la desmanicomialización, como la creación de nuevos dispositivos alternativos que no incluyan el encierro, así como tampoco la adaptación plena de hospitales generales de manera tal que alcancen a albergar a la cantidad total de pacientes. Cabe destacar también, que la ley establece (en su artículo N° 27) un plazo para la adecuación y sustitución de las instituciones de encierro por dispositivos comunitarios. Ese plazo venció hace ya dos años, sin embargo nada ha cambiado y los hospitales monovalentes manicomiales continúan en funcionamiento tal cual hace más de una década.

En lo concreto, la falta de presupuesto se traduce no sólo en la carencia de modalidades alternativas de atención (y reinserción) como casas de medio camino, talleres y hospitales de día, sino también en la falta de acceso a la salud mental para un sector inmenso de la población que queda a la deriva debido a que los dispositivos existentes actualmente son escasos.

Hoy todo el sistema de salud público se encuentra totalmente fragmentado, está atravesado por el vaciamiento, por la falta de recursos, la precarización laboral y la explotación de les profesionales para suplir dichas insuficiencias.  Para el sector privado corre la impunidad al no garantizarse la implementación efectiva del cumplimiento de la misma, muchas veces es norma el tratamiento desubjetivante de les pacientes, en donde por ejemplo se recurre a la hiper-medicalización y prácticas de encierro y sujeción.

Y es aquí donde juegan un rol fundamental los detractores de la Ley vinculados a la industria farmacéutica y al lobby de los laboratorios, quienes lo único que quieren es preservar sus ganancias, seguir engrosando sus bolsillos alentando la mercantilización de la salud. El desfinanciamiento de la salud mental por parte del gobierno le abre el espacio a estos planteos derechistas que buscan revertir los puntos progresivos de esta ley.

En ese marco, y en consonancia con las políticas del gobierno de Alberto Fernández orientadas a garantizar el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, venimos del recorte del 13% para la salud pública, del cuál el 1.5% se destina para salud mental.

Hace casi dos meses, el gobierno anunció una supuesta duplicación del presupuesto de salud mental de $3700 a $7700 millones . Sin embargo, este presupuesto anunciado (que habrá que ver si se ejecuta efectivamente) es una estafa: significa sólo el 1.3% del presupuesto para la salud, mientras que la Ley establece en el artículo n°32 que debería destinarse el 10% de ese presupuesto exclusivamente para la salud mental, algo que nunca se cumplió.

Rechazamos los ataques reaccionarios que cuestionan los derechos de las personas con padecimientos mentales y la puesta en pie de la pelea acérrima por el presupuesto real con el cual se pueda hacer efectiva la Ley Nacional de Salud Mental, la exigencia de la creación inmediata de dispositivos alternativos como casas de medio camino, hospitales de día, programas de acompañamiento, el abastecimiento de los recursos necesarios y la contratación de profesionales necesaria para llevar adelante la atención integral de les usuaries, para realmente avanzar hacia la implementación efectiva de la Ley. ¡La salud y la salud mental de la población tiene que ser prioridad!