En los medios proliferan comentarios retrógrados y amarillistas que dejan ver como aún la figura del “loco” prevalece como estigma, como lo ominoso y lo peligroso, como aquello que hay que apartar y recluir. Sobre esta base se montan intereses económicos y corporativos que habilitan la sobremedicación y la proclamación del encierro, atacando a la ley de salud mental como la garante de la libertad de estos locos.
Lejos se está de promover la comprensión de la salud mental en su complejidad y más lejos aún de señalar y denunciar los cambios estructurales que son necesarios en un sistema de salud vapuleado y mantenido a fuerza de pulmón por los trabajadores. Al igual que pacientes y familiares, día a día nos enfrentamos con su precarización y decadencia.
A 11 años de la Ley de Salud Mental, son pocos e insuficientes los avances materiales y concretos que se han efectuado para el correcto abordaje de los padecimientos subjetivos de la población. Desde su sanción, indica que del presupuesto total destinado a Salud, el 10% de este debe estar destinado a Salud Mental. Ese porcentaje nunca llegó a cumplirse, actualmente es tan solo del 1,47%. Esto se traduce en un paisaje desolado, teniendo en cuenta además los efectos sobre el campo de la salud mental producidos por la pandemia.
La ley define a la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas”. Esto se desprende del debate internacional y a la luz de la lucha de los movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos.
Este concepto se vuelve una burla cuando diariamente las personas con diversos padecimientos mentales, recorren centros de salud, salas municipales, CeSAC, etc. tanto en provincia como en CABA en busca de atención dentro de su comunidad y no la encuentran. Estas personas quedan anotadas en listas de espera de meses o entran en un circuito de derivación sin llegar a puerto alguno. Del otro lado nos encontramos con profesionales con cientos de pacientes debido a la falta de personal y trabajando con contratos precarizados. Este primer contacto con el sistema de salud falla.
Otro tema que cobra relevancia en la discusión actual concierne al modelo manicomial puesto en el banquillo durante los últimos años. En dicha discusión se entremezclan ideas e intereses quedando en el medio el sufrimientos de las personas que buscan ayuda. Hay casos de familiares, como el de Marina, madre de Chano Charpentier, que ante el dolor piden modificaciones en la ley que hagan efectivo el correcto abordaje de los padecimientos mentales. En contraste están los que promulgan una lógica asilar, punitiva y de tutelaje, centrada en una mirada reduccionista y biologicista, cuyo sponsor son las grandes farmacéuticas.
Cabe aclarar que el modelo manicomial no son los hospitales monovalentes sino una forma de entender las enfermedades mentales y los sujetos dentro de un determinado paradigma. Dichas ideas conviven en todas las instituciones, con otras que por el contrario conciben a las personas como sujetos de derechos. Desde esta última mirada se piensa a las internaciones voluntarias e involuntarias como parte de un proceso terapéutico, que para que sea efectivamente terapéutico debe comprender ciertas características, pero en donde prevalezcan los derechos humanos como base para cualquier medida. Se entiende la internación no como una única intervención sino como parte de un proceso.
Para llevar adelante este proceso y para el abordaje integral y efectivo del padecimiento mental se vuelven necesarios otros dispositivos. Son necesarios, por ejemplo: casas de medio camino que posibiliten el lazo social muchas veces debilitado o inexistente; residencias asistidas, que son casas en donde las personas viven y tienen un apoyo y contención profesional; centros de día, dispositivos para abordajes territoriales, estos últimos claves para la atención de las adicciones , campañas de sensibilización, capacitaciones, etc. Todos estos son dispositivos que permiten tener una atención integral, pública y de calidad en el campo de la salud mental.
Vivimos en un sistema capitalista que segrega al que no produce, al que no entra en los margenes de la “normalidad”, al que molesta por su diferencia empujándolo o pronunciando su padecimiento subjetivo. Los derechos de estos solo entran en la agenda para bonitos discursos. El gobierno en concordancia con su pacto con el FMI preve recortes presupuestarios principalmente en salud y educación, es por esto que debemos organizarnos y luchar junto a familiares, pacientes, trabajadores de la salud por una verdadera transformación del sistema de salud mental.
