La cuarentena obligatoria paralizó la producción de cine, televisión y publicidad, dejando en evidencia la absoluta precarización laboral de quienes la hacen posible: miles de trabajadores y trabajadoras están desocupados y a la deriva. Se trata de aquellos que no se escuchan ni se ven, porque su labor se desarrolla detrás de las cámaras: asistencia de dirección, arte y escenografía, utilería, grips, vestuario, edición, sonido, iluminación y cámara, maquillaje, peinado, producción, animación y postproducción de imagen, postproducción de sonido, y locaciones.
Ya sea por contratos discontinuos, el monotributo o directamente en negro, el hecho es que perciben ingresos únicamente cuando trabajan, encontrándose ahora sin ningún tipo de sustento desde marzo. Son 22 mil familias las que no están contempladas en ninguna de las categorías del Gobierno de Alberto Fernández para recibir contención. Tampoco hay una perspectiva clara de la reactivación de la industria hasta no aprobarse el debido protocolo de distanciamiento e higiene para poder evitar los contagios durante los rodajes.
Hace tres meses, Luis Puenzo, Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (y dueño de una productora) declaró el estado de emergencia de la actividad cinematográfica. Al mismo tiempo, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) dio cuenta de la escandalosa pérdida de alrededor de 4 mil puestos de trabajo dentro de los equipos técnicos. Desde esta página advertíamos que estos no eran más que gestos vacíos y cínicos si no se traducían en la puesta en marcha de medidas de contingencia concretas. Es así que hoy la situación de las y los trabajadores es crítica, pero no se quedan de brazos cruzados: comienzan a organizarse desde abajo y a plantear medidas de lucha, encontrándose sin más opciones para poder percibir los derechos que les corresponden aún más en este escenario de pandemia y crisis. En diálogo con el sector de operadores de generador dentro de los técnicos, “Los Pandas”, quienes se identifican con ese nombre porque la precaridad de su trabajo es tal que se consideran en peligro de extinción, nos explican que después de 90 días ya no tienen margen para seguir esperando y necesitan cobrar ya.
Desde el Nuevo MAS y la Corriente Sindical 18 de Diciembre nos contactamos con los trabajadores y nos pusimos a su disposición para ayudarlos en todo lo necesario en la organización de la concentración que protagonizaron frente al Ministerio de Trabajo. Se cortó parcialmente la calle con carteles tales como “Cuarentena + Precarización = Hambre” hasta que fueron recibidos dentro del Ministerio. Los acompañamos también en esa instancia a presentar una carta dirigida también al Ministerio de Cultura, donde dejan asentada la situación acuciante en que se encuentran y reclaman que el Gobierno Nacional les otorgue un subsidio mensual de $30.000. Después de este primer paso de organización y lucha, apostamos a seguir fortaleciendo la organización hasta lograr que sus voces sean escuchadas y sus reclamos respondidos.
Como en tantos otros sectores, la pandemia pone en evidencia las precarias condiciones laborales en que se encuentran ejerciendo su profesión los trabajadores, y como a la hora de tomar medidas concretas, tanto los sindicatos como el Gobierno brillan por su ausencia. De dichas medidas, como puede ser la Renta Universal acorde al valor de la canasta básica, que está hoy por hoy en $50.000, depende directamente la subsistencia de las y los trabajadores del sector y sus producciones audiovisuales, que son parte del patrimonio cultural del país y la humanidad.
Hoy más que nunca, cuando se están consumiendo más producciones audiovisuales que nunca e incluso se celebra que algunas de las grandes empresas privadas tengan el “generoso gesto” de liberar sus contenidos para nutrir a la sociedad frente a la situación de aislamiento, hay que concientizar el hecho de que, antes de ser un producto para el mercado, las artes audiovisuales son un bien cultural, un derecho que el Estado debe financiar y garantizar, porque le pertenece a toda la sociedad. Y los y las trabajadoras que la hacen posible, tienen que tener garantizada toda la seguridad laboral necesaria.
