Los efectos de la crisis desatada por el coronavirus impactan con fuerza en la ya devastada industria audiovisual en general y cinematográfica en particular.
La semana pasada, Luis Puenzo, Presidente del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, declaró el “estado de emergencia de la actividad cinematográfica” a raíz del cese de rodajes en curso y por venir y el cierre de salas (cuyas entradas representan en gran medida la recaudación del Instituto).
Ahora, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), que nuclea aproximadamente al 90% de trabajadores, hizo un relevamiento dando cuenta de la escandalosa pérdida de alrededor de 4000 puestos de trabajo de los equipos técnicos; incluyendo a quienes representan hasta el 50% de la totalidad de los proyectos: trabajadores de la asistencia de dirección, arte y escenografía, utilería, grips, vestuario, edición, sonido, iluminación y cámara, maquillaje, peinado, producción, animación y posproducción de imagen, posproducción de sonido y locaciones. Esto sin contar a les guionistas, directores, actrices y actores, que también ven suspendida su actividad hasta mediados de año, mínimo. Cabe destacar también la situación en las productoras nacionales privadas: pymes donde hay un puñado de empleados en relación de dependencia y, a la hora de llevar a cabo proyectos, lo hacen mediante trabajadores freelance/ independientes, quienes también se encuentran desempleados por las circunstancias actuales.
El hecho es que, como en tantos otros sectores, la pandemia pone en evidencia las precarias condiciones laborales en que se encuentran ejerciendo su profesión los trabajadores del arte y la cultura. Ya sea con contratos eventuales (de 3 a 4 meses aproximadamente, dependiendo de cada proyecto o programa en el caso de quienes trabajan en televisión), a través del monotributo o directamente en negro, lo que caracteriza la situación de les audiovisuales es que si no trabajan, no cobran. Y quedan abandonados a su suerte. El INCAA tiene actualmente pagos pendientes y sub-ejecutó los dos últimos presupuestos, lo que hace que el inicio de la pandemia encuentre a los trabajadores en una situación insostenible. ¿Cómo van a hacer estas miles de personas y sus familias para sostenerse durante y después de la cuarentena? La única medida que algunos estarían pudiendo percibir es un bono de $10.000, suma que claramente no soluciona el problema y a duras penas ayuda a salir del paso por un par de semanas.
La declaración del “estado de emergencia de la actividad cinematográfica” por parte del Instituto y el relevo de SICA no son más que gestos vacíos y cínicos si no se traducen en la puesta en marcha de medidas de contingencia concretas. De dichas medidas, como puede ser por ejemplo el Salario universal acorde al valor de la canasta básica, depende directamente la subsistencia de los trabajadores del sector y sus producciones audiovisuales, que son parte del patrimonio cultural del país y la humanidad.
Y es que la industria cinematográfica y audiovisual se ve sujeta a una lógica donde no importan les trabajadores ni los proyectos, sino únicamente la ganancia. Algo sobre lo que se hizo foco durante el conflicto del INCAA en 2017 pero que viene desde la concepción misma del arte y la cultura como un negocio, en lugar de un derecho. En el INCAA, el Fondo de fomento está totalmente ajustado y el plan de Fomento excluye al cine independiente, porque éste no está discutido democráticamente; las salas de exhibición y producciones independientes son cada vez menos, al igual que les trabajadores fijos, que están sobrecargados de tareas. Aún cuando el Estado apoya a algunas producciones para su realización, las abandona al momento de la exhibición, atentando directamente contra el patrimonio cultural que las películas significan y abonando a la concentración de la producción y exhibición en manos de las grandes empresas productoras que manejan presupuestos millonarios.
Hoy más que nunca, cuando se celebra que algunas de las grandes empresas privadas tengan el “generoso gesto” de liberar sus contenidos para nutrir a la sociedad frente a la situación de aislamiento, hay que concientizar el hecho de que, antes de ser un producto para el mercado, las artes audiovisuales son un bien cultural. Un derecho que el Estado debe financiar y garantizar, porque le pertenece a toda la sociedad. Las producciones no pueden quedar sujetas al criterio de privados que hacen del contenido, la distribución y organización un negocio. Deberían ser las expresiones de toda la sociedad: en el cine pueden plasmarse diversidad de miradas, realidades, forjarse identidades, pertenencias; en lugar de ser una herramienta de alienación, puede en cambio servir para transformar la realidad, manipulando imaginativa y críticamente representaciones contemporáneas e históricas de ésta para darles una perspectiva. El arte y la cultura tienen que estar en manos de sus trabajadores y toda la seguridad laboral de éstos debe estar contemplada.
