En octubre circularon imágenes estremecedoras de la sequía que afecta al estado del Amazonas[1]. Los cauces de los ríos cayeron a mínimos históricos y, en algunas zonas, el aumento en la temperatura del agua provocó la muerte masiva de especies de la fauna acuática. Eso, a su vez, tuvo un fuerte impacto sobre las comunidades ribereñas que dependen de la pesca y el turismo.

Un escenario distópico que, hasta hace algunos años, veíamos en películas futuristas de ciencia ficción, pero que hoy hacen parte de la nueva realidad provocada por el ecocidio capitalista que azota a todo el planeta. En este artículo repasaremos los principales daños ambientales producidos por esta sequía, pero también analizaremos las causas que la generaron o potenciaron sus efectos.

Retrato de un ecocidio capitalista (o cuando la naturaleza pasa factura)

La actual sequía es catalogada como extrema por los especialistas de la comunidad científica. Los datos recopilados por el Puerto de Manaos, el Servicio Geológico de Brasil (SGB) y la Defensa Civil del estado del Amazonas, indican que los caudales de los ríos de la región alcanzaron niveles mínimos históricos. En razón de eso, los 62 municipios del Amazonas entraron en estado de emergencia y, según estimaciones oficiales, son más de 600 mil las personas afectadas por el fenómeno meteorológico.

El caso del Río Negro, uno de los más importantes de la zona, ilustra la magnitud de la crisis. Durante la tercera semana de octubre su caudal disminuyó a un ritmo de 10 centímetros diarios. El punto más crítico tuvo lugar el 19 de octubre, cuando registró 13,29 metros de profundidad: ¡el nivel más bajo reportado en 121 años de mediciones!

Además de la sequía y la consiguiente disminución del caudal de los ríos, también se produjo un aumento desmesurado de la temperatura del agua, que, en algunos lugares, llegó a los 39,1 centígrados (siete grados por encima de lo normal). Bajo estas condiciones ambientales extremas, no tardaron en manifestarse los impactos sobre la fauna nativa. Un hecho que generó alarma fue el hallazgo de 150 botos –especie de delfín de agua dulce endémica de la Amazonía- muertos en las orillas del lago Tefé. Aunque las investigaciones están en curso, los primeros resultados indican que murieron por el calentamiento del agua, ante lo cual sus organismos no consiguieron resistir.

Asimismo, la temperatura del agua generó la muerte masiva de peces en la región, principalmente en los ríos Solimões y Purus. De acuerdo a los especialistas, el calentamiento del agua redujo el oxígeno disuelto y aumentó la tasa respiratoria de los peces, provocando un desbalance metabólico y la consecuente muerte por asfixia. Para empeorar el cuadro, murieron cientos de miles de peces pequeños y medianos en fase de reproducción, por lo cual se necesitarán alrededor de dos años para recomponer la población de los ríos.

Por otra parte, en torno a los ríos amazónicos existe una constelación de “comunidades hidráulicas”, es decir, poblaciones cuyas vidas están organizadas alrededor de esas arterias fluviales. Los ríos constituyen “autopistas acuáticas” que permiten el transporte de mercancías, alimentos y personas, así como el acceso a los centros educativos y de salud. También, son fuente de trabajo por medio de la pesca o el turismo, además de referentes culturales en la cosmovisión de muchos pueblos originarios.

En ese sentido, la crisis ecológica contrajo enormes consecuencias sobre las condiciones de vida –materiales, económicas y culturales- de cientos de miles de personas, pues sus actividades vitales se vieron abruptamente interrumpidas por la sequía. Una relación profunda entre las poblaciones y los ríos claramente expuesta por Pedrina Brito de Mendoça, que, en sus declaraciones al diario inglés The Guardian, señaló que “para las personas de afuera, el Amazonas es una causa, pero para nosotros es nuestro hogar”.

La situación más grave es la que atraviesan quienes dependen de la pesca. En el Amazonas, se estima que 140 mil personas se dedican directamente a la pesca y otras sesenta mil se desempeñan en actividades derivadas (procesamiento industrial, comercio, desembarque de productos, etc.). Pero, debido a la sequía, un 80% de los pescadores –unas 112 mil personas- están sin posibilidades de pescar, debido al desaparecimiento del 99% del agua en algunos de los ríos y la muerte masiva de peces que explicamos previamente. Ante eso, miles de pescadores se vieron forzados a cargar sus canoas por muchos kilómetros bajo el calor intenso, con el fin de encontrar remanentes de agua en algunos lagos y poder generar algunos ingresos económicos y conseguir alimento.

En el caso del turismo, se calcula que las comunidades ribereñas dejaron de percibir ingresos por 40 mil dólares (cifra contabilizada hasta principios de noviembre).

Además, la región no cuenta con una amplia cobertura de agua potable, particularmente en las zonas más aisladas del territorio. Debido a eso, muchos pobladores recurren a los ríos para saciar su sed, cocinar y lavar sus ropas, entre otras tareas esenciales para la subsistencia cotidiana. Pero, dada la situación crítica desatada por la sequía, durante varios días tuvieron que tomar agua insalubre de pozos excavados en los lodazales, generando problemas de salud.

A las consecuencias ambientales y económicas, hay que sumar los posibles efectos sobre los pueblos originarios. En las áreas protegidas del Río Negro (39 millones de hectáreas) habitan 106 mil personas, de las cuales 103 mil son indígenas distribuidos entre treinta y tres pueblos que, a su vez, hablan once idiomas originarios. También, hay un territorio de “Quilombolas”, como se denomina en Brasil a los remanentes de las comunidades constituidas por las personas esclavizadas que, entre los siglos XVI y XIX, escaparon de las haciendas para refugiarse y resistir en la profundidad de las selvas.

Son poblaciones históricamente oprimidas por la colonización portuguesa y la esclavización, una condición de exclusión social que prosiguió con el capitalismo hasta la actualidad. Por eso, lo que sufren en la actualidad puede ser catalogada como una “injusticia climática”, pues son comunidades que se caracterizan por la preservación de la naturaleza, pero hoy en día son severamente castigados por la destrucción del medio ambiente provocado por las grandes industrias capitalistas[2].

Por ese motivo, no hay certeza sobre el futuro de estas poblaciones y la preservación de su herencia cultural, considerando que la sequía no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en medio de una crisis ecológica planetaria por el calentamiento global. La continuidad de la sequía por varios meses o, peor aún, su agravamiento en los años venideros, puede desestructurar las formas de vida de estos pueblos originarios y los quilombolas, obligándolos a migrar hacia los centros urbanos para sobrevivir con trabajos precarizados, lo cual podría generar una ruptura en la cadena de transmisión de sus conocimientos ancestrales y sus idiomas.

Por otra parte, el impacto de la crisis ecológica también se hizo sentir en las zonas urbanas de la región. Es el caso de Manaos (capital del estado del Amazonas), cuyas industrias paralizaron sus actividades por varias semanas en octubre y decretaron vacaciones, dado que, el colapso del puerto fluvial de la ciudad, imposibilitó el traslado de las mercancías producidas o la llegada de insumos industriales para mantener en funcionamiento las fábricas. Una situación preocupante para miles de obreros y obreras industriales en dicha ciudad, pues la persistencia de la sequía coloca en peligro la continuidad de sus empleos.

Aunado a eso, el aumento de las temperaturas redundó en la propagación de incendios forestales que, sumados a los provocados por el agronegocio para habilitar nuevas zonas de cultivo o pastoreo (las llamadas “queimadas”), provocaron una nube de humo que invadió la ciudad de Manaos por varios días, convirtiendo su aire en uno de los peores del humo. Solamente en octubre se reportaron 3,9 mil incendios forestales en la región, la cifra más alta en los últimos 25 años.

El “agrosuicidio” y la complicidad de Bolsonaro

La sequía es una anomalía meteorológica que se caracteriza por la escasez transitoria de agua sobre una región en un período de tiempo determinado. Desde un punto de vista descriptivo, se origina por la escasez de precipitaciones (sequía meteorológica) que, a su vez, redunda en una carencia de los recursos hídricos necesarios para suplir las necesidades de una zona (sequía hidrológica). En este sentido, tiene un origen natural, pero también puede ser provocada o potenciada por factores antropogénicos.

El caso de la actual sequía en el Amazonas es un ejemplo de eso. De acuerdo a los científicos, en parte es una consecuencia del fenómeno de “El Niño”, el cual genera un calentamiento en las aguas superficiales del océano Pacífico a lo largo de la latitud ecuatorial. Eso altera significativamente la circulación atmosférica, provocando una disminución de las precipitaciones sobre gran parte de la superficie continental de América del Sur que, en el caso de Brasil, afecta particularmente a la zona norte y nordeste del territorio. Como es sabido, este fenómeno azota la región periódicamente desde hace miles de años, en intervalos de tiempo irregulares que oscilan entre los tres y ocho años.

Pero, en los últimos años, sus efectos se vieron potenciados por el calentamiento global que, por lo expuesto anteriormente, incide en un mayor incremento de las temperaturas cuando se desarrolla El Niño. Por ese motivo, aunque se sabía de antemano que una fuerte sequía afectaría la Amazonía este año, no se tenía previsto que fuera tan extrema.

¿A qué obedece la intensificación de la sequía? Además de El Niño y la crisis climática global, también es preciso analizar el deterioro de esta selva tropical, sometida a un tremendo “estrés ambiental” por el agronegocio. Esta es una industria extractivista que, como indica su nombre, se fundamenta en extraer o explotar al máximo los recursos naturales de las regiones donde se instala, agotando la fertilidad de los suelos y provocando daños enormes contra la biodiversidad y las poblaciones humanas circundantes. Opera bajo una lógica de “tierra arrasada”: al agotar los recursos de una localidad (lo cual puede tardar algunos años o décadas, pero siempre sucede), busca otra zona para reubicarse y empezar el ciclo extractivista de nuevo. Eso explica la constante extensión de la frontera extractivista en actividades como la ganadería, las plantaciones de soja o extracción de madera, por citar algunos ejemplos.

La industria extractivista brasilera replica al pie de la letra esa lógica de “tierra arrasada”. De acuerdo al “Relatório Anual do Desmatamento” (elaborado por Mapbiomas), la pérdida de cobertura vegetal en el país creció un 20% entre 2020 y 2021, siendo el agronegocio responsable por el 97% de dicha deforestación (solamente el 0,87% respetó los procesos legales). Esa presión por la extensión de la frontera extractivista explica el asedio permanente sobre los bosques de Brasil, así como la invasión y ataques sistemáticos contra los territorios indígenas. En pocas palabras, es una industria muy lucrativa que se fundamenta en cometer crímenes ambientales para explotar los recursos naturales, como la apropiación ilegal de las tierras selváticas para el agronegocio o la extracción ilegal de madera y oro.

Esa dinámica ecocida se aceleró durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2018-22). El ultraderechista se posicionó como un firme defensor del agronegocio, un sector burgués que lo apoyó firmemente durante su mandato. En retribución a este soporte, Bolsonaro desmanteló el aparato institucional del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y dejó sin efecto las regulaciones legales contra la deforestación. Ricardo Salles, quien fuera su ministro del ramo entre 2019 y 2021, suprimió el departamento del MMA encargado de combatir la deforestación, paralizó el “Fundo Amazônia” -aunque contaba con tres billones de reales para ejecutar- y cortó el presupuesto de varios órganos ambientales.

El Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), es un buen parámetro para evaluar el desguace institucional operado bajo el bolsonarismo. En la actualidad, dicho órgano apenas cuenta con 700 fiscales ambientales (tenía 1.200 doce años atrás), de los cuales 470 están con edad para jubilarse y solamente 300 están en condiciones de realizar trabajo de campo. Es decir, un país de dimensiones continentales como Brasil, cuya superficie territorial es de 8.515.767,049 kilómetros cuadrados y donde se encuentra la principal selva tropical del planeta, tan sólo cuenta con tres centenas de personas para proteger sus bosques tropicales primarios, los cuales son esenciales para combatir el calentamiento global y están bajo el asedio constante del agronegocio y los carteles criminales.

También, el expresidente criticó abiertamente a los fiscales ambientales encargados de investigar los crímenes ambientales, a la vez que creó espacios de “conciliación” –dígase de impunidad- para los infractores. Una suma de factores que desmoralizó a los trabajadores y trabajadoras ambientales, cuya labor perdió sentido en los marcos de un gobierno anti-ambientalista. En consecuencia, se produjo una ola de jubilaciones o pedidos de licencias en el MMA y demás órganos ambientales, como se desprenden de un informe institucional: de nueve mil puestos de trabajo existentes, alrededor de 4,1 mil estaban sin nombramiento al final del gobierno de Bolsonaro.

Todo eso resultó en una explosión de los crímenes ambientales bajo el gobierno Bolsonaro. La Amazonía se transformó en una “tierra sin ley” a disposición del agronegocio y el crimen organizado. En el último año de su gestión, la deforestación alcanzó los 11,6 mil kilómetros cuadrados, es decir, un crecimiento de casi el 60% con relación al año en que asumió el poder. Contradictoriamente, durante ese mismo periodo de tiempo, el número de multas por deforestación cayó un 38%. No satisfecho con eso, su administración impulsó campañas de persecución contra los servidores del área ambiental, como denota el aumento de un 380% de las denuncias por acoso laboral con respecto al gobierno anterior.

El crecimiento de la deforestación en la selva amazónica y otros biomas del país, revelan la impunidad con que actuaron los “fazenderos” brasileiros, así como la complicidad abierta de por parte de la administración Bolsonaro, durante la cual se talaron 24 árboles por segundo. Solamente en los dos primeros años de su gobierno, se calcula que el desmonte de la Amazonía aumentó un 80 por ciento para habilitar nuevos terrenos de explotación del agronegocio. Por ejemplo, el área destinada al cultivo de soja creció un 68%, mientras que la destinada al maíz y la cría de ganado lo hicieron en un 58% y 13%, respectivamente. Además, la exportación de madera bruta aumentó un 693 por ciento. Todo eso son cifras oficiales, por lo que posiblemente las cifras reales sean aún más elevadas.

Este accionar desenfrenado del agronegocio no tardó en alterar el comportamiento de la selva, cuya capacidad de resiliencia no aguantó el ritmo de la deforestación. De acuerdo a las más recientes mediciones, la Amazonia se convirtió en una fuente neta de emisión de carbono, pues ya no consigue absorber la totalidad de las emisiones que emite. Tan solo en 2020, sus emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 122 por ciento con relación a la medición anterior (2010-18).

Esto es consecuencia directa de la deforestación. Los árboles –principalmente cuando se trata de bosques primarios- son una pieza fundamental para regular la temperatura del planeta, pues absorben el agua del subsuelo y la emiten en forma de vapor en la atmósfera, dando como resultado un enfriamiento del medio ambiente. De ahí que, entre más deforestada esté una selva, la región se torna más caliente y emite más carbono, con lo cual se acelera el cambio climático y, además, se retiene más agua en la atmósfera. Eso, a su vez, aumenta el riesgo de desastres “naturales”, pues el agua acumulada puede ser liberada por un frente frío y generar lluvias intempestivas en un corto periodo de tiempo, dando como resultado inundaciones o tormentas que contraen enormes daños contra poblaciones enteras, ya sea cobrándose la vida de seres humanos, afectando las actividades económicas o la prestación de servicios básicos[3].

Por todo lo anterior, muchos analistas caracterizan como un “agrosuicidio” la dinámica extractivista en el Amazonas, porque su afán de lucro provoca la destrucción de la selva y potencia las sequías que, a mediano o largo plazo, va impedir el desarrollo de cualquier tipo de cultivo en las regiones circundantes.

El optimismo de Lula no va salvar el Amazonas

Con la llegada de Lula al gobierno en 2023, crecieron las esperanzas de una mudanza en la situación ambiental de la Amazonía. La lucha contra la deforestación de esta selva fue un compromiso adquirido durante su campaña, por lo cual fue recibido con aplausos como “presidente electo” de Brasil en la última edición de la “Conferencia del Clima de las Naciones Unidas” (COP27), llevada a cabo en Egipto en 2022.

Transcurridos diez meses de iniciado su mandato (asumió funciones en enero de 2023), algunos datos son alentadores y parecieran confirmar las expectativas depositadas en su figura como “salvador” de la Amazonía. Por ejemplo, la deforestación de este bioma se redujo un 22,3% entre agosto de 2022 y julio de 2023, según indicó el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Las cifras mejoran sustancialmente cuando se evalúan solamente los meses de su gobierno; entre enero y setiembre del presente, la deforestación de la selva amazónica se redujo un 49% con relación al mismo período de 2022. Igualmente, se reportó una caída del 36% de los incendios forestales en setiembre con respecto al mismo mes del año pasado.

Sin duda alguna, es una buena noticia que los porcentajes de deforestación tiendan a caer. Pero basta con analizar a fondo esos datos para comprender que, la realidad de la Amazonía y de las selvas tropicales en Brasil, es menos confortable de lo que indican esas cifras. Primeramente, porque son números relativos y, en este caso, el punto de comparación es el último año del gobierno de Bolsonaro, una administración anti-ambientalista que desmontó el aparato institucional encargado de preservar las riquezas naturales y ambientales del país. Frente a ese espejo, prácticamente cualquier gobierno burgués que aplique un mínimo esfuerzo para reactivar los órganos de protección ambiental va obtener calificaciones positivas.

Esto resulta más claro cuando se analizan los datos absolutos de deforestación. Por ejemplo, entre agosto de 2022 y julio de 2023, la pérdida de selva tropical fue de 9.001 km², mientras que, para enero-setiembre del presente, fue de 4.302 km². La tendencia a la caída en la deforestación es real, pero eso no significa que se detuvo o esté cerca de hacerlo, ni mucho menos que se estén reforestando los territorios previamente devastados.

Por ese motivo, insistimos, la situación no deja de ser alarmante, sobre todo cuando consideramos el marco histórico de la deforestación de la Amazonía brasileira que, en los últimos cincuenta años, perdió 84 millones de hectáreas (equivalente al 20% de dicho bioma) a manos del agronegocio y otras industrias extractivistas[4].

Con el afán de revertir esta tendencia histórica, en junio pasado Lula presentó su plan para erradicar la deforestación en la Amazonía para el año 2030. En realidad, se trata de una reedición de las medidas que implementó a partir de 2004, las cuales dieron buenos resultados en su momento, al conseguir una reducción del 83% de la deforestación de dicha selva para 2012. Entre sus objetivos está el trazado de tres millones de hectáreas para nuevas reservas naturales; la protección de 230 mil kilómetros de riberas de los ríos; embargar el 50% de las tierras deforestadas ilegalmente; incrementar la presencia policial y del ejército en la región; contratar alrededor de 1600 fiscales ambientales para 2027; etc.

Pero las buenas intenciones de Lula chocan con la realidad, o, mejor dicho, con el creciente giro agroexportador del capitalismo brasileiro y el carácter liberal-social de su actual mandato. Empecemos con esto último. La presidencia de Lula 3 se basa en una frente amplia del Partido de los Trabajadores (PT) con varios de los partidos burgueses tradicionales del país, entre los cuales hay figuras con fuertes vínculos con el agronegocio. Por ejemplo, su actual ministro de Agricultura es Carlos Fávaro, un político ligado directamente al agronegocio en el estado de Mato Grosso, donde presidió la “Associação dos Produtos de Soja e Milho” entre 2012 y 2014. Fávaro sostiene que es posible desarrollar un agronegocio sustentable y en armonía con la naturaleza…al mismo tiempo que aprueba el uso de gran cantidad de pesticidas para dicha industria.

Por otra parte, en lo que va de su actual mandato, Lula realizó importantes concesiones a la “Frente Parlamentar da Agropecuária” (FPA, también conocida como la bancada ruralista), la cual articula y presiona por los intereses del agronegocio en la Cámara de Diputados y el Senado. Esa contradicción la expuso con precisión Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, quien en declaraciones al diario Folha, alegó que de “nada sirve combatir el delito medioambiental en el suelo de los bosques y reforzar ese mismo delito en la alfombra del Congreso (…) La bancada ruralista históricamente ha actuado en contra de la legislación ambiental, tiene la benevolencia de los negociadores del gobierno en el Congreso en varias agendas”.

La bancada ruralista aumentó significativamente su representación parlamentaria en los últimos años (ver cuadro n° 2), transformándose en una importante fuerza que mediatiza las negociaciones políticas en Brasilia, pues sus votos son fundamentales para aprobar o rechazar proyectos de ley. En la actual legislatura cuenta con 300 diputados federales (de un total de 513) y 47 senadores (de un total de 81).

Este fortalecimiento parlamentario permitió que el agronegocio avanzara con su agenda en la última década. Por ejemplo, en 2012 lograron la aprobación del Código Forestal, con el cual suavizaron los controles ambientales y, a criterio de los ecologistas, fue un punto de inflexión que potenció la destrucción de la Amazonia, revirtiendo muchos de los avances obtenidos en los años previos. Además, fueron parte fundamental del impeachment contra la presidencia de Dilma en 2016, el cual dio paso a una situación reaccionaria que, pocos años después, propició la llegada al poder de Bolsonaro, cuyo gobierno profundizó la deforestación de la selva amazónica.

En gran medida, eso se corresponde –aunque no de forma mecánica- con el crecimiento económico del sector. El “Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada” (Cepea-USP), estima que el agronegocio representó el 24,8% del PIB de Brasil en 2022, con lo cual sobrepasó el 23,9% que alcanzó la industria de transformación ese mismo año. Es decir, el agronegocio consiguió transformar su capital económico en fuerza política, posicionándose como un centro de los sectores más reaccionarios y ultraderechistas de Brasil.

Esa combinación de poderío económico y parlamentario lo tornan un factor muy peligroso. El agronegocio no sólo es una consecuencia del modelo de acumulación capitalista brasileiro de las últimas décadas; también es un actor dinámico y con iniciativa propia para incidir sobre la situación política. De hecho, varios analistas consideran que disputa la hegemonía cultural en el país, lo cual se refleja en la difusión de sus valores por medio del “Sertanejo” (un tipo de músico asociada al campo), alrededor del cual construyó una industria cultural en las radios y organizando innumerables ferias agropecuarias.

Su proyecto estratégico se resume en el eslogan “Brasil, hacienda del mundo”; apuestan por convertir el país en una enorme plantación para exportar carne, soja, maíz y cualquier otra commodities que se cotice bien en el mercado mundial. Dentro de esta lógica extractivista, cualquier tierra sin cultivar o explotar es un desperdicio, incluso cuando se trata de selvas tropicales esenciales para regular el clima mundial.

Esto nos redirige a Lula y su optimismo para acabar con la deforestación, una meta que se torna utópica sin enfrentar al agronegocio, cuya fuente de riqueza consiste en cometer impunemente todo tipo de crímenes ambientales.

Lo anterior, no es una suposición, por el contrario, se condice con las estadísticas globales de deforestación del país. Por ejemplo, al mismo tiempo que el gobierno presentaba como una victoria la disminución relativa de la deforestación en la Amazonía, la situación empeoró significativamente en la región del Cerrado, una sabana tropical cada vez más afectada por el avance de las explotaciones ganaderas y agrícolas a gran escala. En setiembre se registró el mayor índice de deforestación para ese mes en dicha región, al contabilizar 679,7 km² deforestados. Esa cifra representó un crecimiento del 149% con relación a setiembre de 2022 y, por si fuera poco, superó por mucho el anterior récord de 451,5 km² de setiembre de 2018.

Una situación similar es la que atraviesan los restos de la Mata Atlántica, que, en los últimos años, perdió grandes extensiones de bosque a manos del agronegocio, principalmente para la plantación de soja de exportación a China. Aproximadamente un 46% de la soja que compró el gigante asiático en 2020 a Brasil, fue producida en 22,3 mil hectáreas de la Mata Atlántica desforestadas ilegalmente entre 2015 y 2019. No hay indicios de que la tendencia se vaya a revertir, pues entre enero y octubre del 2022 se deforestaron otras 48,6 mil hectáreas de ese bioma.

En suma, la deforestación provocada por el agronegocio no deja de avanzar, aunque el ritmo disminuya relativamente en determinados momentos y regiones. Pero dado el carácter extractivista de esta industria, sus fronteras son flexibles y están en constantes extensión por todo el territorio del país, una situación que el gobierno disimula al concentrar la atención solamente en la Amazonía, una región de enorme trascendencia mediática e internacional (algo que Lula aprovecha para proyectarse como figura política internacional). De eso se concluye que, para luchar a fondo contra la deforestación en la Amazonía y el conjunto del territorio, es necesario enfrentarse directamente con el modelo de desarrollo del agronegocio, o, lo que es lo mismo, cuestionar el carácter depredador de uno de los ejes del capitalismo contemporáneo brasileño, una perspectiva que escapa de la visión liberal-social del actual gobierno de Lula.

¡Socialismo o barbarie ecológica!

“Pero no nos halaguemos demasiado con nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Por cada victoria de este tipo, ella se venga de nosotros (…) Los pueblos que en Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otros lugares arrasaron los bosques para ganar tierras de cultivo ni soñaron que al hacerlo estaban sentando las bases de la actual desolación de esos países, privándolos, junto con los bosques, de los centros de acumulación y los reservorios de humedad (…) Y así se nos recuerda a cada paso que no dominamos en absoluto la naturaleza como un conquistador domina a un pueblo extranjero, como alguien que se aparta de la naturaleza, sino que pertenecemos a ella en carne, hueso y cerebro, y estamos en medio de ella, y que todo nuestro dominio sobre ella consiste en que tenemos la ventaja, sobre todas las demás criaturas, de ser capaces de reconocer sus leyes y aplicarlas correctamente”.

 “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”, Federico Engels.

La Amazonía abarca el 7% de la superficie del planeta, representa un tercio de las selvas tropicales, contiene el 20% de las fuentes de agua dulce y alberga el 50% de la biodiversidad de la tierra. Por ese motivo, la destrucción de este bioma es un ecocidio de alcance planetario; un crimen contra el medio ambiente que, además, repercute sobre las actuales y próximas generaciones, al colocar en riesgo la existencia de una selva fundamental para la humanidad en su conjunto.

La actual sequía que afecta a este bioma, evidencia el nivel de destrucción de la naturaleza cometida por el capitalismo, para el cual la selva es una “materia prima” para explotar indiscriminadamente en aras de garantizar el lucro de una minoría social, más concretamente, de la criminal y parasitaria burguesía del agronegocio. En ese sentido, su destrucción tiene un carácter de clase; es un ecocidio capitalista y no de la “humanidad” como un ente abstracto. Los registros históricos respaldan esto que decimos.

Durante los catorce mil años previos a 1970, la Amazonía perdió el 1% de sus bosques, lo cual garantizó su conservación hasta el último cuarto del siglo XX. Una reciente investigación del arqueólogo Eduardo Góes Neves, director del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo, demuestra que esta selva estuvo densamente habitada por los pueblos originarios antes de la llegada de los conquistadores portugueses, con una población que osciló entre los ocho y diez millones de personas, cuya acción ayudó a modelar la composición arbórea que existe actualmente.

Pero la deforestación de la selva pegó un salto en calidad bajo la dictadura militar (1964-85). Los militares promovieron la colonización del territorio amazónico con la construcción de autopistas a partir de 1970, alegando que era “una tierra sin gente para una gente sin tierra”[5]. Así, a la vez que se negaba la presencia histórica y contemporánea de los pueblos nativos, también se propiciaba que las extensas selvas amazónicas entraran en la mira del capital. Esta alianza nefasta entre racismo, colonización y capitalismo, dio como resultado que, en cuestión de cincuenta años, el agronegocio deforestara un 20% de ese bioma y cometiera crímenes atroces contra los pueblos originarios.

Para empeorar la situación, se calcula que otro 20% de los bosques amazónicos están en peligro de ser deforestados o quemados en las próximas décadas. Eso plantea un serio riesgo para la existencia misma de la Amazonía, pues se llegaría a un escenario de no retorno: con un 40% de sus bosques deforestados, la selva perdería su capacidad de resiliencia y auto-regeneración.

Ante el asedio del agronegocio y otras industrias extractivistas, las medidas paliativas del gobierno de Lula no alcanzarán para salvar la selva amazónica ni los demás biomas de Brasil. El carácter burgués de su gobierno, sumado a sus alianzas con sectores políticos ligados al agronegocio, colocan un límite estratégico a sus políticas contra la deforestación.

Es imposible revertir la tendencia histórica de deforestación en la Amazonía sin combatir a fondo al agronegocio, para lo cual se requieren tomar medidas anticapitalistas, entre las cuales proponemos: a) expropiar todas las tierras deforestadas ilegalmente desde 1970 y proceder a su reforestación; b) encarcelar a los empresarios responsables de los crímenes ambientales o de atentar contra la vida y derechos de los pueblos originarios; c) establecer el monopolio del comercio exterior para frenar el contrabando de oro y madera extraída ilegalmente de las selvas del país; d) realizar una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra a los millones de campesinos desposeídos del país, para así desarrollar una producción agrícola sustentable y, al mismo tiempo, suprimir las condiciones de miseria que facilitan el reclutamiento de trabajadores para cometer crímenes ambientales en beneficio del agronegocio; e) retomar la demarcación de territorios indígenas, inclusive garantizando su derecho legítimo a la autodefensa ante las amenazas y ataques físicos por parte de los carteles criminales y el agronegocio; etc.

La crisis climática, aunque es un fenómeno de carácter universal, afecta con mayor intensidad a la clase trabajadora y demás sectores explotados. Por ello, es necesario que los sindicatos, movimientos indígenas y quilombolas, organizaciones ecologistas y estudiantiles, los partidos de izquierda y el conjunto de los movimientos sociales, tomen como propia la lucha por la defensa de la Amazonía y contra el calentamiento global.

Fuentes

Aguilar, Marcelo. «No se puede combatir el desmonte sin enfrentar el agronegocio». En https://brecha.com.uy/no-se-puede-combatir-el-desmonte-sin-enfrentar-el-agronegocio/  (Consultada el 30 de octubre de 2023).

Arantes, José Tadeu. A Amazônia foi densamente povoada no passado e a ação humana moldou a floresta existente hoje. En https://agencia.fapesp.br/a-amazonia-foi-densamente-povoada-no-passado-e-a-acao-humana-moldou-a-floresta-existente-hoje/39387 (Consultada el 17 de noviembre de 2023).

Artavia, Víctor. Lula, su gira a China y los límites del “Sur Global” en tiempos de disputa hegemónica. En https://izquierdaweb.com/lula-su-gira-a-china-y-los-limites-del-sur-global-en-tiempos-de-disputa-hegemonica/ (Consultada el 30 de octubre de 2023).

CEPEA. PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO. En https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx#:~:text=Pesquisadores%20do%20Cepea%2FCNA%20indicam,PIB%20do%20Pa%C3%ADs%20em%202023  (Consultada el 13 de noviembre de 2023).

Elcacho, J. La deforestación de la Amazonia se ha reducido a la mitad en nueve meses de gobierno Lula da Silva. En https://www.lavanguardia.com/autores/joaquim-elcacho.html (Consultada el 08 de noviembre de 2023).

Esteves, Bernardo. “A descupinização”. Revista Piauí, júnior 2023, número 201 (junio): 36-43.

Royo Gual, Joan. Lula recupera el plan para frenar la deforestación en la Amazonía con la vista puesta en 2030. En https://elpais.com/internacional/2023-06-06/lula-recupera-el-plan-para-frenar-la-deforestacion-en-la-amazonia-con-la-vista-puesta-en-2030.html (Consultada el 12 de noviembre de 2023).

Maes, Jéssica y Machado, Renato. Renato Machado. Desmatamento na Amazônia fica abaixo de 10 mil km2 pela primeira vez desde 2018. En https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/11/desmatamento-na-amazonia-fica-abaixo-de-10-mil-km-pela-primeira-vez-desde-2018.shtml (Consultada el 10 de noviembre de 2023).

Oliveira, Thaísa y Gabriel, João. Bancada ruralista cresce no Senado e tenta aprovar PL dos agrotóxicos e marco temporal. En https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/06/bancada-ruralista-cresce-no-senado-e-tenta-aprovar-pl-dos-agrotoxicos-e-marco-temporal.shtml (Consultada el 14 de noviembre de 2023).

The Guardian. ‘For us, the Amazon isn’t a cause, it’s our home’: the riverside communities stranded by the climate crisis. En https://www.theguardian.com/global-development/2023/oct/31/amazon-isnt-a-cause-its-our-home-rio-negro-brazil-indigenous-climate-crisis (Consultada el 01 de noviembre de 2023).

Oliveira, Regiane. “Vamos virar uma grande fazenda”: Brasil vive acelerada desindustrialização. En https://brasil.elpais.com/economia/2021-12-07/o-brasil-vai-virar-uma-grande-fazenda-um-pais-em-acelerada-desindustrializacao.html (Consultada el 07 de noviembre de 2023).

Valdivielso, Alberto. Qué es la sequía?. En https://www.iagua.es/respuestas/que-es-sequia (Consultada el 06 de noviembre de 2023).

[1] Por Amazonas nos referimos al estado de Brasil con ese nombre, mientras que la Amazonía es la totalidad del bioma que abarca una región más amplia, la cual incluye varios estados y países. En el caso del presente artículo, iniciaremos con una descripción de la sequía en el Amazonas, pero luego analizaremos la crisis general producto de la deforestación sobre el conjunto de la Amazonía.

[2] Otro caso de injusticia climática es la situación que afronta el pueblo de los “Turkana” en Kenia, los cuales históricamente se dedicaron al pastoreo de ganado, pero una sequía que empezó hace cinco años desestructuró su forma de vida. La falta de lluvias acabó con los pastizales y dejó sin fuente de alimentación al ganado, por lo cual murieron masivamente muchos de los rebaños. En medio de la crisis se formaron bandas criminales para robar el ganado de otros pueblos, desatando una ola de violencia y asesinatos. En consecuencia, muchos miembros de los Turkana tuvieron que huir de la zona y dedicarse a la pesca, asumiendo una forma de vida totalmente ajena a sus tradiciones, las cuales giraban en torno al ganado (ver el reportaje Pueblos indígenas frente al cambio climático… ).

[3] Ese tipo de situaciones son cada vez más recurrentes en Brasil. Al momento de escribir esta nota y cuando aún estaba en curso la sequía en el Amazonas, se produjo una fuerte tormenta sobre la ciudad de São Paulo el 03 de noviembre, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Debido a eso, cayeron cientos de árboles en la metrópoli sudamericana y dañaron el cableado eléctrico, provocando el corte de la electricidad para más de dos millones de hogares por hasta cinco o seis días, dado que la compañía de electricidad privada –ENEL- recortó un 36% de su personal en los años anteriores para aumentar sus ganancias, dejándola sin capacidad para afrontar un desastre de ese tipo. Un ejemplo de como el cambio climático también afecta a los centros urbanos y, por ende, se relaciona con la lucha por el derecho a la ciudad de los sectores explotados y oprimidos.

[4] Esos datos los brindó Jorge Viana, presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (Apex Brasil), en el marco de un viaje a China junto con Lula en 2022. En su afán de defender a la soja ante las presiones internacionales por la deforestación de la selva amazónica, detalló que la industria de carne era la principal responsable, pues actualmente 67 millones de hectáreas son utilizadas para la actividad pecuaria, mientras que solamente 6 millones son utilizadas para el cultivo de granos (incluida la soja) y, los otros 15 restantes, corresponden a bosques secundarios.

[5] Un eslogan muy similar al utilizado por el sionismo para justificar la ocupación de la Palestina histórica, por medio del cual se ocultó la presencia milenaria del pueblo palestino. Eso fue necesario para llevar a cabo la limpieza étnica del territorio y el control de sus recursos naturales. Una ideología racista y colonialista que, nuevamente, el Estado sionista de Israel deja al descubierto con el genocidio que comete contra la población de la Franja de Gaza.