Día tras día parece repetirse la noticia de que la ciudad de Rosario amanece cubierta de humo ecocida. Las consencuencias en la salud de la población ya se empezaron a sentir: han aumentado las consultas médicas por afecciones respiratorias. Los niveles de contaminación son tan grandes que las autoridades recomendaron suspender actividades cotidianas. Es en este contexto que vuelve a ponerse sobre la mesa el tratamiento, postergado durante años, de la Ley de Humedales.
ROSARIO HOY: EL ECOCIDIO CAPITALISTA ASFIXIA
La ciudad cubierta de humo por las quemas ilegales no aguanta más. Exigimos al gobierno que apague el fuego ya. ¡Basta de impunidad para los que queman! ¡Ley de humedales ya!#ecocidio #leydehumedales pic.twitter.com/fZ0JzBxJ9K— Federico Winokur (@federicowinokur) September 14, 2022
Historia de una ley cajoneada
El proyecto de Ley de Humedales cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas. Así y todo, fue presentado y cajoneado en cuatro ocasiones.
A fines de 2021, perdió estado parlamentario gracias al ahora Ministro de Economía Sergio Massa, que no lo elevó a comisiones.
A pesar de todo, el 2 de marzo del año corriente el proyecto fue presentado nuevamente, acompañado por movilizaciones de coordinadoras ambientalistas. Desde entonces, el proyecto está demorado en el Congreso, pero los incendios recientes reavivan la pelea por su tratamiento urgente:
Ley de Humedales Ya!
Acción plurinacional el 17 y 18 de septiembre, en todo el país. pic.twitter.com/loPNyqLU3j— Maristella Svampa (@SvampaM) September 14, 2022
Para ser implementado, el proyecto debe pasar por las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, encabezadas por referentes del Frente de Todos – Leonardo Grosso y Carlos Heller-, y la comisión de Agricultura, presisida por el radical Ricardo Buryaile.
Intereses en pugna
Frente a los incendios que azotan Rosario, el diputado radical Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería decía: “Se puede compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la producción». Además, se mostró como defensor de los propietarios de las tierras: “Se ha apuntado a los productores agropecuarios como los responsables, no es así”.
El presidente de la comisión de Agricultura no se esfuerza demasiado en parecer imparcial. Sin embargo, su discurso conciliador de los intereses del campo y de la población se chocan con evidencias bien visibles:
Combiné la información satelital sobre incendios durante agosto (en rojo) con las explotaciones agropecuarias registradas en las islas (en azul). Los invito a navegar el mapa, a ver si ayuda para encontrar a los responsables del ecocidio ???
?>> https://t.co/57YIFBJtId pic.twitter.com/sm0xKc8NRp— Juan Chiummiento (@juanchiummiento) August 15, 2022
En efecto, la zona que hoy es azotada por los incendios es la fuente de ingresos de un sector que vive de la explotación ganadera, agropecuaria y del lobby inmobiliario. Los nombres de estos sujetos ya ni siquiera son un misterio: las más de 2.000 unidades productivas registradas en las islas.
Esto también se evidencia en que la aprobación del proyecto se haya frenado en la Comisión de Ambiente, la única donde tuvo dictámen, sin llegar a ser tratada jamás en las Comisiones de Presupuesto y Agricultura.
Evidentemente, las presiones por dar respuesta a un movimiento ambientalista que reclama obviedades como no destruir de forma irracional la naturaleza se chocan con intereses económicos, que por le momento vienen ganando la pulseada.
Una ley que prohíbe y penaliza los incendios intencionales, regula la actividad productiva en las zonas de humedales que constituyen un 20% del territorio nacional y regula el uso de agrotóxicos, tiene claros enemigos, dentro y fuera del Congreso. Frente a un nuevo debate en el Congreso, los movimientos ambientalistas deberán prepararse para enfrentar a los dueños de la tierra.
