El gobierno del Partido Conservador podría implementar una medida de vigilancia distópica, digna del totalitarismo extremo de ciencia ficción. Ya no es ciencia ficción distópica sino una posibilidad real promovida por el partido conservador.

Para justificarse Braverman, ministra del interior, invocó Ley de Migración Ilegal. Según esta ley, cualquier migrante que entre al Reino Unido de manera no oficial será expulsado del Reino Unido. Además se le prohibirán futuras reentradas y no podrá solicitar la ciudadanía británica.

Una hija de inmigrantes contra los inmigrantes

Suella Braverman es hija de inmigrantes africanos de ascendencia india y estudió Derecho en el Queens’ College. Argumentó su distopía en la gran cantidad de personas que, si bien para la ministra no parecieran tener esta condición (de personas), solicitan asilo en Reino Unido. Todos los hoteles en los que se encuentran alojados de manera provisoria decenas de miles de solicitantes ven «colmada» su capacidad de alojamiento. En otras palabras, los inmigrantes se están hacinando y como solución ahora quieren controlarlos con implantes.

Las cifras publicadas por el Ministerio del Interior la semana pasada mostraron que el número de personas en el Reino Unido que esperan una decisión sobre sus solicitudes de asilo ha alcanzado un máximo histórico. Más de 175,000 personas esperaban una decisión sobre si se les concedería el estatus de refugiado a finales de junio de 2023, lo que supone un aumento del 44% respecto al año anterior.

El gobierno también quiere enviar migrantes a Ruanda. Pero este plan está actualmente en espera tras un dictamen de la Corte de Apelaciones del Reino Unido. Esta Corte dictaminó en junio que no se podía considerar a Ruanda un tercer país “seguro”. Argumentó su decisión en que existía el riesgo de que los migrantes fueran obligados a regresar al país del que huían. No contento con esta situación, el gobierno está impugnando esa decisión en el Tribunal Supremo.

La Corte de Apelaciones basó su decisión en las normas promulgadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En relación a esto, Braverman dijo que creía que el tribunal con sede en Estrasburgo estaba «politizado» y tenía una actitud «intervencionista.

El actual gobierno del primer ministro Rishi Sunak, un multimillonario hijo de inmigrantes africanos de ascendencia india, no parece descartar ninguna posibilidad, por más barbárica o distópica que suene. El repudio de organizaciones de derechos humanos a estas medidas de odio xenofóbico es total. «Es tratar a las personas como objetos y no como seres humanos en busca de seguridad», declaró Enver Solomon, director del Consejo para los Refugiados.