Las autoridades municipales, en consonancia con el poder ejecutivo, argumentan que las fuerzas armadas vienen a cumplir una función social de ayuda ante la actual situación de pandemia por el virus COVID-19.

Alertamos sobre esta decisión resaltando que el distrito de Quilmes tiene una historia trágica respecto de la intervención militar durante el genocidio perpetrado en la década del 70 por el gobierno represor de la dictadura. El llamado «pozo de Quilmes» ubicado en la intersección de las calles Garibaldi y Allison Bell, funcionó como centro de detención clandestino y allí fueron secuestrados, torturados y desaparecidos más de 250 compañeras y compañeros.

Como señaláramos cuando el gobierno decretó la cuarentena, medida que nos parece necesaria ante el avance del virus, existe el peligro de que se utilice la situación de la pandemia para recortar las libertades democráticas y legitimar a las fuerzas armadas hijas de la represión y el genocidio en los 70. Tal parece ser la inclinación de la Ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic quien declaró que «el estado de sitio no está descartado».

Entendemos que las tareas de ayuda y prevención ante el avance del COVID-19 deben ser organizadas desde abajo, apelando a la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, políticas, barriales y estudiantiles y volvemos a alertar sobre el peligro de la intervención militar en cualquier esfera de la vida de la población.