“El concepto de mal menor es uno de los más relativos. Enfrentados a un peligro mayor que el que antes era mayor, hay siempre un mal que es todavía menor aunque sea mayor que el que antes era menor. Todo mal mayor se hace menor en relación con otro que es aún mayor, y así hasta el infinito.  La fórmula del mal menor, del menos peor, no es sino la forma que asume el proceso de adaptación a un movimiento históricamente regresivo, movimiento cuyo desarrollo es guiado por una fuerza audazmente eficaz, mientras que las fuerzas antagónicas (o mejor, los jefes de las mismas) están decididas a capitular progresivamente por pequeñas etapas…»

Antonio Gramsci

Las líneas que citamos de Gramsci parecen escritas pensando en nuestro “progresismo” y ex “izquierdismo” local. Espantados por Macri, se echaron sin reservas en los acogedores brazos de Alberto Fernández… y el PJ (con todo lo que eso implica). Pasaron del “apoyo crítico” al liso y llano “apoyo” del peronismo en el poder. Y con la lógica implacable de la política y la lucha de clases, levantar las banderas del poder político “menos malo” porque es lo único “posible” implica ir abandonando paulatinamente hasta el más pequeño esbozo de “crítica”.

Militar el “posibilismo” tiene su propia lógica implacable. Cuando la realidad política se corre a la derecha (como sucedió con el triunfo de Macri), algunos sacamos la conclusión de que las peleas son más duras y que es necesario darlas para torcer la situación. Otros, se corren a la derecha con la situación misma porque lo “posible” es cada vez menos, porque no hay horizonte de doblegar (e incluso derrotar) a la clase capitalista. Sus instituciones políticas, judiciales, etc., están ahí de una vez y para siempre, lo único que se puede hacer es negociar con ellas para “construir poder”.

Pongamos un ejemplo de esta deriva capituladora.

Itaí Hagman, referente de la agrupación ex “izquierda independiente”, ex “izquierda popular”, devenida en kirchnerista Patria Grande, publicó un hilo de tweets a modo de defensa la “Ley de Solidaridad” y la eliminación de la movilidad de las jubilaciones.

En estas declaraciones, el propio Hagman parte del hecho de que hay “mucha preocupación” por los cambios que está Ley plantea para las jubilaciones. Tras anunciarse el proyecto de ley, hasta la burocracia traidora de la CTERA expresó su rechazo a los artículos 51 y 52 del mismo, que implican congelar durante los próximos 6 meses la actualización (movilidad) de los haberes jubilatorios según el mecanismo establecido por la ley previsional, pasando al Poder Ejecutivo nacional la potestad de aumentar las jubilaciones según los cálculos que crea convenientes.

Sin embargo, para Itaí esto no significa congelar los haberes: “Yo creo que Alberto, de acuerdo a sus promesas sobre los jubilados y jubiladas, no ajustará ahí. Sin embargo solo tendremos la respuesta en marzo”. Lo único sorprendente de esta declaración es cuán en evidencia queda su carácter de lisa y llana expresión de fe. Hagman “cree” que el gobierno nacional no ajustará a los jubilados, pero su único argumento para respaldar su “creencia” son las promesas electorales de Alberto Fernández. Tras 4 años de macrismo, ha quedado en claro para los trabajadores argentinos que las promesas de campaña se desvanecen en el aire tan rápido como se formulan.

La cancelación de los haberes no implica necesariamente que no vaya a haber aumentos para los jubilados, pero tampoco implica que los aumentos que el Ejecutivo dicte por decreto no sean iguales o incluso menores a los establecidos por la ley vigente hasta ahora. La Ley de Solidaridad le permite al gobierno nacional hacer literalmente lo que quiera con la movilidad jubilatoria.

Otro argumento para defender está Ley sería la “imposibilidad” de discutir ahora mismo una nueva Ley Previsional que reemplace a la elaborada por el macrismo. Esto es simplemente una mentira hipócrita. Si el gobierno tuviera alguna intención de terminar la reforma regresiva impuesta en 2017, podría tomar medidas concretas ahora mismo para cambiar la situación del conjunto de los jubilados. Sea impulsar una nueva ley, derogar la existente o dictar un bono mensual sostenido en el tiempo para sacar a los jubilados de la pobreza. Sin embargo, lo único que hay en concreto hasta ahora es la cancelación del mecanismo existente y un mísero bono de $5000 únicamente para los jubilados que cobran la mínima, y que pasarían a cobrar, por dos meses, $19000, aún muy por debajo del valor de la canasta básica de jubilados (que llegó en noviembre a los $38000). Es decir que la mayoría de los jubilados seguirá cobrando tan solo la mitad de lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas.

En resumen de cuentas, está medida no apunta a mejorar realmente las condiciones de vida de los jubilados, sino a dar al gobierno nacional mayor control sobre las cajas del Estado, una medida anti-democrática  que forma parte del objetivo del fernandismo de ajustar todas las tuercas del gasto fiscal para equilibrar el déficit (obviamente a costa de los de abajo) y poder pagar la deuda con el FMI. Que Itaí Hagman salga a defenderlo no es muestra de otra cosa que de su disposición a operar como alcahuete del kirchnerismo, saliendo a “explicar” por qué los trabajadores y los sectores populares deberíamos aceptar alegremente los recortes.

Este posicionamiento se sostiene sobre una larga carrera de adaptación a la política del kirchnerismo, cada vez más a la derecha. Es que, una vez que se pierde el criterio de independencia de clase y se pasa al criterio posibilista del “mal menor”, lo único que queda es justificar a pie juntillas cualquier medida que venga de los sectores menos derechistas de la burguesía, por más reaccionarias y anti-populares que sean.

Como ya señalara Gramsci, El criterio de Itaí Hagman es que la política de Fernández hacia los jubilados sería “menos ajustadora” que la de Macri (lo que, hasta ahora, no es aún seguro), por lo cual habría que apoyarla, por más que sea en sí misma una medida de ajuste.

El derrotero malmenorista de Hagman da cuenta de que, si no es sosteniendo siempre un criterio de independencia de clase intransigente, no hay posibilidad de elaborar e impulsar una alternativa propia de la clase trabajadora y los sectores populares, no hay forma de defender sus derechos e intereses históricos aliándose a los sectores “menos ajustadores” de la clase enemiga, la burguesía. Una vez rota está independencia, lo único que queda es transformarse en la pata izquierda del régimen burgués.