El partido Juntos por el Perú presentó el proyecto de ley 13.059, el cual propone una reforma del artículo 356 del Código Penal para establecer penas de dos a cinco años de prisión y de entre 160 y 180 días multa e inhabilitación, a quienes traten de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido, mediante dádivas, promesas o engaños.

Según Infobae, la justificación del proyecto de ley sería “fortalecer la protección penal de la voluntad popular”, sancionando no solo las formas tradicionales de inducción al voto mediante dádivas o promesas, sino también aquellas que emplean engaños tecnológicos y estrategias de manipulación digital.

La presentación del proyecto de ley se da en medio de la crisis orgánica que atraviesa el país andino, con la destitución de Boluarte y la llegada de José Jerí —en medio de múltiples cuestionamientos— a la silla presidencial.

La asunción del derechista de Jerí se dio en el marco de una crisis por el incremento de la violencia y el crimen organizado. Para abordar dicha problemática, el presidente peruano recurre a políticas semejantes a las de Bukele (El Salvador) y Noboa (Ecuador).

Durante su primer mes como presidente, optó por la exposición mediática y medidas de corte autoritarias, como declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por treinta días, como medida para enfrentar el auge de extorsiones y asesinatos a manos del crimen organizado.

Jerí también realiza operativos en cárceles, pues el gobierno sostiene que allí se realiza la mayor parte de las extorsiones.  Los privados de libertad fueron amontonados unos contra otros y expuestos ante las cámaras con la cabeza hacia abajo. Un método similar al empleado en las cárceles de El Salvador y Ecuador.

A pesar de todas estas medidas, que supuestamente buscan reducir las extorsiones y golpear al crimen organizado, la inseguridad ciudadana no deja de aumentar. De hecho, los gremios del transporte anunciaron nuevas movilizaciones frente a la violencia.

Asimismo, el país se encuentra inmerso en los preparativos electorales del 2026, dónde se elegirá un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Además, como reflejo de la fragmentación de los partidos políticos, en el proceso electoral participarán 36 partidos y 3 alianzas electorales.

Con este panorama de crisis e incremento del autoritarismo, el proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú apunta a ser una herramienta para perseguir a la oposición política del gobierno y acallar las voces críticas. Es un intento de judicializar los debates políticos bajo la excusa de la “información falsa”. En suma, es una propuesta escandalosa y antidemocrática.