Ya son 122 las muertes registradas provocadas por el suministro de fentanilo contaminado que conforman el expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que ya cuenta con más de 1200 fojas y sigue engrosándose. Los lotes contaminados fueron elaborados entre el 18 y el 19 de diciembre pasado y distribuidos en enero de este año, y son pertenecientes a la firma de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo.

El propietario de ambas empresas, Ariel García Furfaro, que se encuentra detenido, declaró que el medicamento suministrado no fue la causa de las muertes porque supuestamente cumple con los criterios de calidad y seguridad para su uso. Obviamente mintió. Tanto él como un grupo de 16 o más personas están siendo imputadas por las decisiones tomadas sobre “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.

En la mayoría de los casos analizados por el Cuerpo Médico Forense se ha concluido que la infección generada por las bacterias presentes en el fentanilo agravó lo suficiente el cuadro de los pacientes como para provocar la muerte. El uso de fentanilo en quirófano o terapia intensiva, de acuerdo con las historias clínicas, fue en los meses de marzo, abril o mayo.

Hoy se conoce que, en el mes de abril, la ANMAT recibió una planilla desde el Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia (integrado por 18 asociaciones provinciales de anestesiología) con 26 casos de meningitis aséptica, sobre intervenciones de bajo riesgo. En todos tenían en común que habían recibido fentanilo producido en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma.

Con los días, la investigación dentro del programa determinó, entre otros resultados, que se habían utilizado dosis de fentanilo del mismo lote: 31.202. Surgió la sospecha de que, en el caso de los medicamentos administrados, podía haber un desvío de calidad.

Más de un centenar de casos ya fueron puestos en alerta. Ante los sucesos, el juez Kreplak revocó el rol de querellante del Ministerio de Salud. En la resolución el juez explica que la información que tienen hasta ahora “ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.

Eso involucra directamente a la ANMAT y su directora. La entidad ya había sido notificada ante las irregularidades que aparecieron en los informes de control sobre las firmas farmacéuticas. Es decir, tenían la información y actuaron tarde, dejando abierta una ventana que permitió la elaboración de los lotes que se encuentran bajo la lupa.

Desde ya que todo conduce al Estado. Desde la designación de la directora de la ANMAT, las advertencias que dejaron pasar, la tardanza inexplicable para intervenir la producción en los laboratorios, es inimaginable pensar que el gobierno nacional no estuviera al tanto de nada. De no haber actuado como lo hizo, las muertes se podían evitar.

Que hayan revocado al Ministerio como querellante es una gran noticia. Ya de por si fue extraño que ocupara dicho rol, como si fuera un damnificado o tuviera algún interés afectado que legitimara su involucramiento en la causa. 

“Esta circunstancia obliga a reconsiderar el rol de querellante que oportunamente se otorgara al Ministerio de Salud de la Nación, toda vez que no puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación”, describió Kreplak al respecto.

Para colmo, este miércoles, el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó a Furfaro por presunta subfacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma. Ambos laboratorios habrían importado maquinaria de China entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones. El eje de la denuncia es que la cifra real de la operación habría sido de US$500.000.

Se ha vuelto innegable la responsabilidad del gobierno sobre el asunto. Responsabilidad que hoy en día existe como tal, pero dependiendo de la investigación que se está llevando adelante, podría involucrar aún más a Sturzenegger, Lugones y compañía.

Entre muertes, empresarios sucios por demás, y la ineptitud de nuestros gobernantes, nos preguntamos ¿Hasta dónde van a llegar para seguir beneficiando sus bolsillos? ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar para ello?