Minutos antes del mediodía de ayer, El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que no se había llegado al mínimo de 129 diputados requeridos para que haya quorum en la cámara baja. Los diputados presentes llegaban a 122.

La jornada estaba marcada principalmente por lo que pudo ser el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, un proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado desde octubre del año pasado.

Sin embargo, se trata de una ley sujeta a enormes presiones por parte del lobby empresario de la industria alimenticia, que busca voltearla. Por lo que su aprobación no es nada sencilla, teniendo en cuenta la sumisión de los partidos del sistema a sus intereses.

El Proyecto busca advertir a los consumidores de manera clara sobre el exceso de sodio, grasas y azúcares en alimentos procesados, para el cuidado de la salud de la población. Además, se trata de garantizar el derecho a la información sobre qué contienen los alimentos que consumimos.

La totalidad del bloque de Juntos por el Cambio se negó a bajar a la Cámara. Otros diputados que colaboraron en que no haya quorum para tratar la Ley fueron los del «Peronismo Federal» y el lavagnismo, así como incluso algunos de la propia bancada oficialista.

Los 122 diputados presentes eran en su mayoría del Frente de Todos. También estuvieron presentes los dos diputados del FIT, así como dos legisladores «rebeldes» de JxC de la provincia de Mendoza.

Debido a la fuerte oposición del empresariado del rubro alimenticio a la Ley, las fuerzas políticas del sistema que responden a ellos se encuentran, en el mejor de los casos, divididas en torno a la misma. El FDT apoya el proyecto, pero con disidencias. El radicalismo también lo apoya de palabra, aunque justificaron no haber dado quorum ayer por no estar de acuerdo con el temario que proponía el oficialismo. El Pro está en contra sin miramientos, como no podía ser de otra manera.

Las empresas alimenticias, que en la gran mayoría de los casos son grandes corporaciones multinacionales, intentan utilizar todo su poder para voltear la Ley. De aprobarse, la normativa serviría para informar mejor a la población, ayudar a tener una dieta más saludable, así como para desenmascarar a productos falsamente promocionados como «light» o dietéticos que en realidad no lo son. Además, la Ley prohíbe publicidad orientada a niños/as y adolescentes de estos productos que contengan ingredientes en una cantidad perjudicial para la salud.

Desde el otro lado, la Ley es impulsada por activistas independientes, trabajadores de la salud y de la alimentación, así como por la izquierda.