A partir de las 15 de hoy, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzará a debatir las propuestas de modificación a la ley que regula los alquileres inmobiliarios. Está previsto que la discusión tome más de un mes hasta lograr un dictamen.

Sergio Massa reunió a los representantes de los dos bloques mayoritarios para conformar el debate en la comisión. Se discutirá modificar la actual Ley que rige desde el año 2021 y que fue promovida por el ex diputado del PRO Daniel Lipovetzky.

Aunque la ley decía tener como objetivo garantizar mejores condiciones de acceso a la vivienda para los inquilinos, ha resultado en un fracaso. Su principal consecuencia ha sido un dramático y desmedido aumento del precio de los alquileres, que quedó indexado a la inflación. Además hubo una reducción de la oferta, lo que promovió aun más los aumentos de precios.

Así y todo, la ley actual contempla algunas concesiones progresivas a favor de los inquilinos. En primer lugar en lo que concierne a la duración de los contratos, que se estableció en tres años.

Ahora, las cámaras inmobiliarias presionan para acortar la duración de nuevo a dos años. Incluso algunos proyectos proponen reducirlo a solo uno, como el del diputado porteño de Juntos, Martín Tetaz. También proponen achicar las actualizaciones a períodos semestrales.

Duración de los contratos y formato de actualización son los dos ejes principales sobre los que girarán las propuestas de modificación de la ley. Las empresas inmobiliarias y representantes de los propietarios presionan para una mayor «libertad contractual» que desregule los términos de los contratos de locación.

Claro que en la práctica esto significaría un desamparo absoluto para los inquilinos. En la desigualdad capitalista no existen condiciones de «acordar libremente» con el propietario como no sea viéndose forzado a aceptar sus cláusulas.

Consensos

Algunos proyectos presentados por diputados del Pro van en este sentido. Como si no era suficiente alevosía la forma en que defienden a los ricos, el diputado macrista Alberto Assef redobló la apuesta y propone incorporar a la Ley un régimen de «desalojo abreviado».  Dando vía libre a que miles de personas se queden en la calle por no poder pagar en alquiler en este contexto de pobreza y pérdida del poder adquisitivo.

El Frente de Todos, por su parte, también presentó algunas modificaciones que propone en diversos aspectos de la ley. En un principio se había hablado de establecer un impuesto a la vivienda ociosa. Pero el hecho de que el tratamiento sea en la comisión de Legislación General -que no tiene en su ámbito la legislación impositiva- ya indica que la propuesta fue descartada rápidamente por sectores del propio oficialismo. Además de que fue férreamente rechazada desde la oposición y los empresarios del sector.

Además, la propuesta lanzada por el diputado sanjuanino José Luis Gioja prevé un muy moderado tope al valor de los alquileres de un 20% por encima de la inflación. Es evidente que ese «tope» seguiría permitiendo aumentos siderales.

La otra propuesta del oficialismo es la de la diputada porteña Gisela Marziotta. La misma prevé la creación de una Cámara Nacional de Alquileres, un ente autárquico que sería el encargado de regular la actividad con presencia del poder ejecutivo y representantes de asociaciones de inquilinos y propietarios.

Ambas propuestas frentetodistas tienen en común que proponen beneficios impositivos para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler, por ejemplo reduciendo el pago de Ingresos Brutos y Bienes Personales. Claro que la reducción de impuestos de ninguna manera garantiza una reducción o al menos desaceleración en los precios de los alquileres.

Sin soluciones de fondo

En conclusión ni oficialismo ni oposición pretenden resolver los enormes problemas de fondo que tiene la situación habitacional en nuestro país. En mayor o menor medida, todos responden a los intereses de las cámaras que representan a los grandes propietarios y el poderoso lobby inmobiliario.

El primer paso para una situación más igualitaria consistiría en poner un verdadero tope al precio de los alquileres. Así como es fundamental un impuesto a la vivienda ociosa para las que estén vacías por más de dos meses y que sean de propietarios con más de tres casas, tal como propone la Asociación de Inquilinos.

Sin embargo, es necesario ir más allá. Para resolver el problema de fondo hacen falta medidas que cuestionen la gran propiedad. Hay que poner en pie un plan de público de construcción de viviendas populares que termine con el hacinamiento habitacional y la especulación inmobiliaria de los grandes jugadores del mercado.

En el mundo existen ejemplos de medidas drásticas de este tipo. Como las que el año pasado votó la ciudad de Berlín, en Alemania, que se manifestó a favor de la expropiación de la vivienda ociosa en una ciudad marcada por una enorme concentración de millones de viviendas en manos de unos pocos holdings inmobiliarios.