Milei no está consiguiendo cumplir su cronograma. Con el aplazamiento del dictamen en Senado, parece difícil el tratamiento exprés que buscaba el oficialismo antes del 25 de mayo. Sin embargo, esto no significa que el gobierno no pueda conseguir los votos necesarios para pasar la ley.

En estas horas continúan las negociaciones frenéticas entre el gobierno y los gobernadores y senadores a los que Milei gustó de llamar «ratas», «casta» y tantas otras cosas. La negociación sigue siendo artículo por artículo, mientras el gobierno busca intercambiar dádivas legislativas (regímenes especiales para la explotación de recursos) por votos.

La ronda legislativa del Senado comenzó la semana pasada con acusaciones de irregularidad por parte del bloque de Unión por la Patria, comandado por José Mayans. El peronismo plantea que existen diferencias de texto entre lo votado por Diputados la semana pasada y el texto que ingresó a Senadores. Pero este argumento técnico – parlamentario no parece suficiente para frenar el proyecto político reaccionario que Milei intenta pasar por el Congreso.

Sin ir más lejos, el vocero presidencial Manuel Adorni se limitó a decir sobre ese punto que «hubo un error de tipeo» en el texto de la ley. «Hablé con la gente del Senado y lo están solucionando. No soy muy ducho en lo fino del proceso», aclaró.

Durante los últimos días, distintos voceros del gobierno pasaron por el Plenario de Comisiones para defender el proyecto de Ley. Fue el caso de Guillermo Francos, ministro del Interior y encargado de las relaciones diplomáticas con los gobernadores, del ministro de Trabajo Cordero (ex CEO de Techint, hoy encargado de motorizar una reforma laboral reaccionaria) y del propio Chirilo, Secretario de Energía y artífice de los aumentos siderales en las boletas de los servicios básicos. Este miércoles pasó también por el Senado Nicolás Posse (jefe de Gabinete que mantenía un bajísimo perfil hasta el momento) para defender el cipayo y colonial RIGI (Régimen de Grandes Inversiones).

En todo caso, el trámite se anticipa algo más barroso de lo que anunciaba el gobierno, con su constante auto-glorificación. Por otro lado, la agenda social de la semana pasada (movilizaciones piqueteras y paro general) puso el foco de la opinión pública sobre el desarollo de la Ley. Un elemento poco favorable a un tratamiento exprés y desinteresado del Parlamento.

Dicho eso, vale recordar la eterna habilidad de la Cámara de Senadores argentina para votar proyectos antipopulares sin ningún tipo de ataduras. El destino del trámite en Senadores no está de ninguna manera cerrado. Todavía persisten varias dudas numéricas en la cuestión de los bloques y agrupamientos. Sobre todo en la votación de los artículos o capítulos en particular.

Además de esto, vale recordar que, si los Senadores realizan cambios al texto (que parece lo más plausible en estos días), la Ley Bases volverá a Diputados con las modificaciones hechas, pero no caerá. Para eso haría falta que el Senado rechace el proyecto de ley en su totalidad. Esta posibilidad, , la caída de la ley como tal, la única favorable a la inmensa mayoría trabajadora del país (que la Ley Bases busca empobrecer y precarizar con sus 200 artículos), solo parece posible si se dan nuevas jornadas de movilización con asistencia masiva.

En estos días, y tras el paro del 9 de mayo por detrás, tanto las altas planas de la oposición burguesa (desde el PRO hasta el PJ) trabajan para desactivar esa posibilidad. La propia CGT se dedica a bajar los humos del último paro (que a pesar de ser dominguero tuvo un acatamiento masivo y total) y ver qué vías de negociación se abren frente a Milei (y de espaldas a los trabajadores).

Mientras tanto, el gobierno busca desactivar nuevas protestas piqueteras a través de la persecución policial. La caza de brujas contra las organizaciones sociales ya generó 28 allanamientos bajo acusaciones espúreas y supuestas pruebas que no demuestran nada salvo la voluntad del gobierno mileísta de hambrear a la población durante los próximos años.

En otro de los frentes de conflicto, el gobierno cerró un acuerdo rastrero con Emiliano Yacobitti y la alta plana del radicalismo universitario, buscando desactivar las movilizaciones estudiantiles que pusieron más de un millón de personas en la capital hace tan sólo tres semanas.

Mientras intenta suprimir los distintos focos de resistencia, el gobierno parece dispuesto a relegar el Pacto de Mayo para salvar algo de la Ley Bases. Una muestra del descenso oficialista a la real politik, según los analistas. Pero la ecuación es simple: saldar un paquete de leyes reaccionario y monstruoso a cambio de algunas migajas para los gobernadores.

En todo caso, el destino de la Ley Bases está lejos de estar cerrado. La miríada de conflictos sociales y manifestaciones de crisis (el país está cada vez más atado con alambres) siguen sin darle estabilidad definitiva al gobierno de Milei.