En la era de la posverdad en la que parece valer más mil likes en un posteo que una política pública seria, se ha celebrado sobremanera la creación de un Ministerio de las Mujeres en Argentina con el Gobierno de Alberto Fernandez. Se la ha presentado como una conquista del movimiento de mujeres, pues parece ser el Ministerio que todas pedimos y que necesitamos.

¿Qué sabemos de este ministerio a 3 meses de la asunción de sus autoridades? Sabemos que ha generado un organigrama con muchísimos casilleros. Un organigrama de muchos cuadrados que implica líneas de acción para desarrollar una política pública eficaz. El Ministerio se propone no solo combatir la violencia de género sino también equiparar las desigualdades estructurales que viven las mujeres en el patriarcado capitalista actual. Conocemos muchos nombres con trayectorias (y otros que no tanto) que al lado de su firma en un mail o de su tarjeta ahora podrán poner un bello título. Subsecretaria Nacional de esto, Directora Nacional de esto otro.

¿Cómo armonizamos esta creación con un decreto de prohibición por 180 días de contrataciones en el Estado Nacional? Sobrecargando de tareas a las mismas 170 trabajadoras del ex INAM que existían desde antes

También sabemos que las publicaciones del Ministerio replican muchos likes y compartidos en redes sociales. Sabemos por estos mismos canales que han realizado un encuentro de organizaciones sociales. Con la política de delegar en las organizaciones sociales tareas que inherenetemente deberían ser tomadas por el Estado el discurso de “volvimos mejores” se pone en jaque. Las organizaciones afines recibirán dinero y recursos, y administraran de forma privada la política pública. En esto no se diferencian las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad donde los Centros Integrales de asistencia a la Mujer han sido puestos en manos de ONG’s. El Estado en estos casos se ve reducido a un auditor de tareas que delega en la sociedad civil. La reducción del Estado que no distingue colores políticos.

Ante la pandemia del COVID-19 numerosas voces feministas de alerta se han pronunciado por el aumento de la violencia domestica que implicará el confinamiento de las mujeres con sus agresores. El Ministerio de la Mujer a nivel nacional y a nivel provincial en PBA salió a anunciar el reforzamiento de la línea 144. ¿Sobre los hombros de qué trabajadoras se posa este refuerzo? Sobre aquellas que ya cuentan con síntomas de desgaste por las tareas realizadas cotidianamente en la línea 144.

La letra chica de reforzar la línea 144 es poner a disposición a todo el personal existente en el Ministerio a realizar la tarea de contención. Con un discurso perverso se instruye a realizar un sacrificio individual en pos de la causa. Se culpabiliza a quienes no rinden lo suficiente para atender los cientos de llamados que aumentan en este contexto. Muchas de las compañeras a las que se les exige este esfuerzo han pedido todo tipo de licencias hasta cambios de sector y han mostrado síntomas físicos de desgaste por la tarea. Desgaste que no se mitiga con salarios dignos ni condiciones dignas de salubridad en el trabajo sino que se profundiza con las violencias institucionales que sufren las compañeras que tanto en Provincia de Buenos Aires como en el estado Nacional reclaman hace años el pase a planta y el fin de la violencia del monotributo. ¿Quién pagara las consecuencias en su salud mental de la asistencia a las mujeres que sufrirán violencia a mano de sus agresores? Todas aquellas trabajadoras precarizadas, ya sea con plantas transitorias de baja escala salarial a quienes se les deniegan sus recategorizaciones con argumentos burocráticos y se le recortan las horas extras o las monotributistas que atienden desde 2017 el teléfono percibiendo salarios menores por la misma tarea durante toda la gestión macrista a quienes innumerables veces en estos 2 años se les han retrasado los pagos salariales durante meses.

¿Quién defiende los intereses de estas trabajadoras ? Desde ya que no lo hacen las delegadas de Ate Verde y Blanca quienes no han convocado una asamblea desde hace ya más de un año y cuyos comunicados por mail son una reproducción de los discursos de la gestión.

La mayoría de las compañeras posee además del trabajo en la línea 144 otro segundo trabajo para poder subsistir. Este panorama ha llevado a muchas de nosotras a distanciarnos de la idea de querer sostener esta tarea ante la imposibilidad material de sostenerla en el largo plazo y la desvalorización de la tarea realizada. Algunas hemos podido renunciar y alejarnos. Otras continúan acarreando su burn out laboral como pueden para llevar el pan a la mesa y sobrevivir. Compañeras muy valiosas se han perdido a otros rumbos profesionales distanciándose de la necesaria tarea de asistencia a mujeres en un país donde se comete un femicidio cada menos de 20 horas.

Se necesita una contratación masiva y regularizada en estos y todos los dispositivos de atención a mujeres en situación de violencia. Esto ya se ha realizado, por ejemplo, ante el primer 3 de junio #NiUnaMenos. Se necesita garantizar la salud de esas trabajadoras con rotación de tareas y salarios acordes a la importancia social de la tarea. La precarización laboral que sufren las trabajadoras que asisten situaciones de violencia de género en el Estado Nacional Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires también es violencia.

Una política pública seria a la altura de las rimbombantes declamaciones de Instagram y Facebook se hace con recursos, humanos y materiales. Se necesitan también más refugios para poder ofrecer salidas inmediatas a las mujeres que lo necesiten; programas de asistencia reales para fomentar la independencia económica de las mujeres en situaciones de violencia que les permitan romper la dependencia al violento.

Se necesita asimismo que otros poderes del Estado tomen la responsabilidad de combatir la violencia de género y ejecuten la ley 26.485, como el Poder Judicial, articulando la aplicación efectiva de todas las herramientas existentes en dicha ley contra los agresores y a favor de las mujeres en situaciones de violencia: escucha real de las denuncias realizadas por las mujeres, medidas de prohibición de acercamiento y contacto, restricciones perimetrales serias de las cuales se dé seguimiento y se castigue el incumplimiento, entre otras.

Sin trabajadoras y recursos para la tarea de luchar contra la violencia, el Ministerio no es más que una posverdad virtual en redes sociales.