
En lo que va del 2021 ya hay más femicidios que días transcurridos. Se trata de pibas, mujeres, compañeras trans y travestis que como decía una publicación de Guadalupe Curual “nacieron para ser libres, no asesinadas”.
Mientras leíamos los datos sobre femicidios para escribir esta nota nos preguntábamos ¿por qué no para de crecer las cifras de esta atroz consecuencia del patriarcado? El Estado, gobierno y Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad siguen sin dar respuestas efectivas.
Según datos del Observatorio Lucía Pérez[1], hasta el lunes 23 de febrero ya hubo 60 mujeres víctimas de femicidios en todo el país. Del Informe de enero 2021 surgió que tan solo en los 31 días de ese mes hubo 37 femicidios. En promedio hay un femicidio cada 22 horas.
En el 2020 en total fueron contabilizados 302 femicidios y 99 trans/travesticidios. El 4to Informe elaborado por el Observatorio mostró que tan solo durante los meses de cuarentena hubo 102 femicidios, 55 transfemicidios y travesticidios y 95 intentos de femicidios.
La responsabilidad del Estado es imposible de ocultar. La inacción del gobierno nacional mientras lanza discursos y promesas vacías es inaceptable. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene una ministra que se dedica a buscar responsabilidades sin hacerse cargo de tomar medidas urgentes para frenar los femicidios y la violencia de género.
Por empezar, no construyen estadísticas oficiales sobre femicidios y violencia de género y, cómo podría hacerlo si son sus instituciones las que participan de la cadena de responsabilidad.
Las denuncias desoyen las denuncias o, cuando las toman, no toman medidas efectivas para cuidar a las víctimas. Los fiscales y jueces dictan los fallos misóginos que amparan a los violentos, violadores y femicidas. Los miembros de las fuerzas represivas, cuando no son los responsables directos de los femicidios, transfemicidios y travesticidios actúan directamente para encubrir a los responsables o reprimir a las amigas de las víctimas que manifiestan su bronca frente a las comisarías y los edificios públicos.
Aproximadamente el 4 % de los femicidas pertenecen a alguna fuerza de seguridad (policía, militar, serviciopenitenciario), de estos, el 90% es policía activo o retirado. Del total de femicidios cometidos con armas de fuego, el 10% fueron cometidos con un arma reglamentaria.
A Úrsula Bahillo la asesinó a puñaladas su ex pareja el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez el 9 de febrero en Rojas, provincia de Buenos Aires. El femicida de uniforme fue denunciado por ella en reiteradas ocasiones, tenía una orden de restricción perimetral y varias denuncias de parejas anteriores.
Por el femicidio de Melina Romero ocurrido en San Martín, provincia de Buenos Aires en 2014 la fiscal María Fernanda Billone desistió de acusar a los involucrados, según ella, por orden de sus superiores. El abogado de la familia solo acusó a Chavito Fernández, que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). El femicidio no sólo quedó impune, sino que, a Melody, amiga de Melina, la llevaron a juicio por falso testimonio por señalar a los responsables.
En agosto del 2020 la lucha del movimiento de mujeres logró que los integrantes de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dejaran sin efecto la sentencia misógina del Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata, que había absuelto a Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Alberto Maciel, de haber cometido el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, el 8 de octubre de 2016.
El movimiento feminista, las familias, amigas, amigos, las agrupaciones de mujeres y LGTTBI como Las Rojas y otras siguen en las calles de pie exigiendo justicia ante cada caso, ante cada femicidio, trans/travesticidio que el Estado, gobierno y el Ministerio de Mujeres no quisieron evitar.
Hacen falta medidas urgentes, efectivas y de fondo para frenar esta pandemia de femicidios y trans/travesticidios que son una de las tantas y aberrantes caras de la violencia patriarcal. El camino es seguir organizándose, saliendo a las calles, peleando y denunciando a los principales responsables que son: el Estado, el gobierno y el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros.
[1]Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Dice en su sitio oficial el Observatorio.