‘Pese a que el genocida (César) Milani está libre y fue absuelto; los sobrevivientes y los familiares de los detenidos desaparecidos vamos a seguir construyendo memoria para que nunca más debamos sufrir el horror. Pero aún nos falta la verdad y la justicia. Sin verdad y sin justicia, la herida sigue abierta, sangrando, doliendo’; reclamó Graciela Ledo.

En el mes de febrero la hermana y madre del conscripto Ledo elevaron la causa que convalidó la absolución del general Julio César Milani en primera instancia y que el Tribunal de Casación confirmó el fallo, a la Corte Suprema de Justicia.

Es la última instancia y la de mayor jerarquía en la administración de justicia en el país. No es exactamente a afirmar que ahora sí se hará justicia, pero necesaria para avanzar.

Pero más allá de la tardanza o no del máximo tribunal y de su fallo, las causas Ledo y Olivera, quienes eran soldados conscriptos al momento de su desaparición, no fueron los únicos. Estos dos casos han sido conocidos en los últimos años, dolorosamente, por la impunidad que hasta el momento ostenta el ex jefe del Ejército, nombrado en junio del 2013 (y catapultado posteriormente) pero hubo muchos más.

Los militares no podían permitirse tener “infiltrados” en sus filas. Ante cualquier dato que marcaba algún tipo de activismo, actuaban inmediatamente. Algunos de ellos fueron víctimas hijos de grandes luchadores por los derechos humanos en plena dictadura y adquirieron gran difusión.

Uno de ellos fue el del hijo del militante de los derechos humanos, abogadoy ex presidente del Partido Demócrata Cristiano, Augusto Conte MacDonnell, cuyo hijo también desapareció durante el servicio militar.

“(…) La explicación recibida, para un veterano abogado y político, era tan pueril como perversa.

-Su hijo salió en comisión a las tres de la tarde de la base, con el boleto para llegar a Capital a las ocho de la noche. Como la tarea estaba pautada para las siete de la tarde, el soldado debía dormir en su casa y realizar la actividad encomendada al día siguiente y regresar ese mismo día a la unidad.

Como eso no sucedió, el expediente naval de Augusto María Conte tuvo un agregado inmediato: “desertor”. (…)”(Infobae, 17/7/21)

Batalló junto a su esposa sin parar. Fundó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a Emilio Mignone y otras personalidades que hicieron de todo, en denuncias, movilizaciones, visitas al presidente Carter en EEUU, a gobernantes europeos. Lo hicieron por sus hijos, por otros cuatro soldados de la Armada también secuestrados y por todos los desaparecidos. Su experiencia, su “chapa”, sus relaciones internacionales con dignatarios, diplomáticos, otras organizaciones humanitarias, la pusieron al servicio de la lucha por todos/as, sin exclusiones. Con ellos pudimos lograr una unidad en la lucha efectiva, constructiva.

Después de tanta pelea y con las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos del expresidente Menem como respuesta desde el poder, Conte Mac Donnell se suicidó.

Para hacer honor a la verdad, también hubo otro “caso” que conmocionó, posterior a la dictadura y fue la excepción a la regla. Fue el de José Luis “el Vasco” D’AndreaMohr, quien era un militar con grado de capitán con formación de paracaidista y reconocido esgrimista. Antes de concretarse el golpe de Estado, “fue convocado para integrar un grupo de tareas cuya misión era ‘detectar, detener, interrogar, y eventualmente eliminar blancos’”.

Se negó a llevar adelante la nefasta tarea. Escribió el libro El escuadrón perdido, donde denuncia la desaparición delos 129 “colimbas”(*). Fue degradado inmediatamente y expulsado del Ejército en 1987 por un Consejo Militar. Aún en plena democracia, no se la perdonaron. Seguro que habrá tenido otros “inconvenientes”, aunque no los haya hecho públicos, pero tuvo el valor de hacer conocer una verdad a la que seguramente no hubiéramos accedido en toda su dimensión.

La causa contra César Milani sigue en suspenso

No hay disfraz progresista que pueda tapar su responsabilidad en las desapariciones de los jóvenes Ledo y Olivera. La Justicia puede estirar la resolución, pero no puede tapar su culpabilidad.

En el caso de Alberto Ledo, revistaba el grado de subteniente en el Regimiento 141 de La Rioja y firmó su “deserción”, mientras aquél se encontraba en un centro clandestino. El TOF de Tucumán no encontró ningún delito en su accionar y condenó a 14 años de prisión al ex capitán Héctor Sanguinetti, pero no le causó ningún problema porque la sentencia aún no está firme y sigue en libertad.

En un juicio previo en La Rioja, se trató el caso del conscripto Ramón Alfredo Olivera y su padre Pedro (ya fallecido). En dicho juicio hubo imputados que tuvieron penas de hasta 10 años por violaciones a los derechos humanos, que fueron menores a las requeridas por las querellas, pero Milani también fue absuelto.

Pero la familia del conscripto Ledo sigue batallando en la Justicia y en las calles, como lo hacemos a través de varias generaciones que continuamos esta pelea histórica.

La aceleración de las causas, Milani incluida, aunque tiene un combo de absoluciones, es la agenda que agita con convicción y fuerza las calles del país no sólo los históricos 24 de Marzo, sino las rondas de las Madres Línea Fundadora en la Plaza de Mayo, los reclamos contra la violencia institucional en los barrios populares, la violencia contra las mujeres y la colectividad lgbt.

Contra la represión de ayer y de hoy, ¡Juicio y Castigo a todos los responsables!