Memoria, Verdad y justicia

«Deudas pendientes»: César Milani sigue impune

Es responsable por delitos de lesa humanidad, denunciado por familiares de desaparecidos, y sigue sin rendir cuentas por sus crímenes.

Ana Vázquez
Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


La familia de Ledo sigue exigiendo justicia.

“ ‘No creo que hayan sido razones personales, creo que son políticas. Han agotado todos los recursos para intentar cubrirlo’, afirmó Graciela. ‘Su retiro lo tomamos con una expectativa lógica. No vamos a dejar de pedir que la justicia actúe, sin trabas, citando a todos los responsables a declarar por la desaparición de mi hermano. También sabemos que deja un aparato de inteligencia todo armado, ha recibido mucho presupuesto y tecnología para espiar. Hace poco ha nombrado 14 oficiales de inteligencia’ ”. (Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, ANRed, en ocasión del pase a retiro del general César Milani, negritas en el original, 23/6/15)

Ahora y siempre: El lugar para los represores es la cárcel común y efectiva

El general «democrático» César Milani reapareció en la escena pública para posar como un defensor de las FFAA nacionales y populares. En nombre de ese espíritu patriota, intenta tapar las violaciones a los derechos humanos cometidas por él y/o bajo su mando durante la dictadura militar.

Reaparece con su intervención en un Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes del Posgrado de Periodismo de Investigación (Perfil, 4/6/21) la figura y el discurso del general César Milani.

Olvidado por “Todos”, exceptuados desde ya los familiares y allegados/as del conscripto Alberto Agapito Ledo (secuestrado y desaparecido) en Tucumán y de Pedro Adrián Olivera (secuestrado) y su hijo Alfredo (torturado) en La Rioja.

Sus casos fueron llevados a la Justicia. Pero el general Milani fue absuelto en las dos oportunidades, aunque sus familiares gritaran desde los estrados y en los pasillos de la Justicia, contra las infamias declaradas por el acusado y sus defensores (lamentablemente, avaladas por la señora Hebe de Bonafini, quien estuvo presente en una de las audiencias).

Consecuente con la defensa de sus instituciones, en una de las oportunidades en que se presentó ante la Justicia  “Se quejó de ser blanco de una ‘campaña política, mediática y judicial contra un jefe del Ejército’”. (Página 12, 10/8/19)

Así como lo expresó en esa oportunidad, en esta ocasión  lo repitió más explícitamente y con la tranquilidad de que no hay resolución ninguna de la justicia pendiente, está libre de culpa y cargo…

Al participar en el curso  acusó del armado de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los consecuentes juicios… ¡¡al gobierno de Macri y su stablishmet!! Para el general, no cometió ningún delito, sólo es un invento de la oposición reaccionaria porque él defiende un ejército nacional y popular, no subordinado al amo yanqui.

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Además del complot que denuncia del gobierno de Macri y su ballet, con la bailarina Patricia Bullrich al frente, uno de sus argumentos de su defensa es que tenía 21 años y como subteniente sólo tenía funciones ejecutivas. O sea, era rejoven y hacía lo que le mandaban.

¿Un genocida patriota tiene derecho a matar, torturar, secuestrar? Según el Código de la clase capitalista, todo aquel que lo haga para salvar las sagradas instituciones, aunque sea bajo la bota de un gobierno militar de facto, según sus conceptos, por supuesto que sí.

Le recordamos al general y a todos los que quieran escuchar otra melodía que no sea la suya, que la mayoría de los/as jóvenes trabajadores y estudiantes que ellos secuestraron e hicieron desaparecer a la gran mayoría, eran también de esa edad y menores aún, tenían plena conciencia de la actividad sindical o política que realizaban, así como él en su rol de represor. Su edad de joven superconsciente agiganta sus delitos.

Los subtenientes no fueron víctimas. Las únicas víctimas dentro de las FFAA fueron los soldados conscriptos. Como lo atestiguaron varios de ellos en los Juicios de los Vuelos de la Muerte, eran encerrados para que no vieran la hora en que subían a los prisioneros a los aviones, así como que siempre había aviones disponibles en la pista de aterrizaje. Los que no fueron masacrados(*), están dando testimonios de gran valor después de 40 años, porque ellos sí no cometieron ningún delito. Otros lo han dado a través de terceros, pero no por eso fueron de menor importancia para llegar a las condenas.

En una de sus respuesta efectúa un reclamo: “El pueblo argentino debe entender que las Fuerzas Armadas deben estar al servicio del pueblo y apoyando un proyecto de Nación”. (Perfil, negritas en el original, 4/6/21)

Finaliza con un pedido para mayor inversión de presupuesto para la institución: “Hace cuarenta años que están sin equipamiento, están muy mal equipadas, la situación de las Fuerzas Armadas es calamitosa. Se agravó profundamente del 2015 al 2019”. (Íd)

Deudas pendientes sobre las que podemos avanzar

Así como quedan muchos responsables del genocidio sin juzgar ni condenar, también quedan pendientes investigaciones que podrían ayudar a acercarnos más a ese objetivo, del mismo modo que la entrega de los archivos de la represión a sus auténticos dueños: los organismos de derechos humanos.

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Los soldados conscriptos víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares esperan el avance no sólo sobre las denuncias contra el general Milani, sino también sobre hallazgos cuya investigación no se ha llevado hasta el final. Allí, trágicamente, puede estar la respuesta a algunos de los interrogantes sobre los soldados desaparecidos.

El Pozo de Vargas en Tucumán es uno de los lugares donde se ha reabierto una investigación, dilatada por “Todos”, que es necesario seguir hasta el final para poder llevar más represores y cómplices al banquillo de los acusados. Allí fueron reconocidos los restos del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en diciembre del 2011. Rápidamente surgió la iniciativa de construir allí un Espacio de Memoria. Pero la Memoria efectiva, real, pudo más que la simbólica y se reanudarán las excavaciones para encontrar más verdades escondidas bajo tierra.

“Después de cinco años de parálisis, el Gobierno nacional y la administración provincial de Juan Manzur, en Tucumán, llegaron a un acuerdo para retomar las excavaciones en Pozo de Vargas, la fosa común más grande que dejó la última dictadura cívico-militar, con unas 148 víctimas.” (Perfil, negritas en el original, 12/5/21)

 

(*) “Aquellos detenidos que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio como soldados rasos eran fusilados con uniforme, previa ceremonia. Luego los cuerpos acribillados a balazos, ya en los pozos, eran cubiertos con alquitrán e incinerados. En los fusilamientos participaban oficiales de todas las unidades del III Cuerpo de Ejército: desde los subtenientes hasta los generales. (…)” (Testimonio de Ricardo Lardone, civil adscripto a Inteligencia del Ejército, citado por Eduardo Luis Duhalde, autor de El Estado terrorista argentino y secretario de Derechos Humanos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fallecido el 3 de abril de 2012).

 

 

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