Los megaproyectos inmobiliarios crecen en las principales ciudades del mundo y no podrían hacerlo sin el amparo de los funcionarios y los gobiernos. Se crean leyes y desregulaciones a medida de las empresas inmobiliarias, constructoras y bancos –entre otros- que están detrás del negocio de la especulación que atenta directamente contra el acceso a la vivienda. Este negocio propicia la disparada en los costos de los inmuebles, así como el avance sobre los espacios públicos y verdes. La política de planificación urbanística se rige por la lógica de maximización de ganancias de privados y no por las necesidades de las grandes mayorías en medio de un déficit habitacional creciente.

En este caso, en Argentina, con las quemas intencionales y los intentos de desalojo en varios puntos donde se produjeron recuperaciones de tierras, se reavivó la polémica por la especulación inmobiliaria. En la Ciudad de Buenos Aires el debate se instaló en torno al proyecto de privatización de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, ubicados en la Costanera Norte, para construir un barrio de lujo. Sin embargo, no es el único “emprendimiento” de este tipo en la ciudad. También hay un avance en curso sobre el espacio público para construir ostentosas torres en la Isla de La Paternal.

En este caso se trata del segundo pulmón verde en importancia de la ciudad. La instalación de once torres de 17 pisos en el predio de acceso libre para las y los vecinos podría afectar a las aves que habitan en el corredor biológico, causar problemas en el tránsito vehicular y se perdería la función que cumple este espacio para dispersar los gases que emana el crematorio del cementerio. Lejos de priorizar la ampliación de espacios verdes comunes o la construcción de viviendas accesibles para las y los trabajadores, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta pretende aprobar desde la Legislatura porteña una modificación en el convenio que regula el uso de este espacio para favorecer la construcción de las torres de lujo.

En esta misma legislatura donde el espacio político de Larreta tiene mayoría (en los años en que no la tuvo contó con el apoyo de otros sectores para hacer avanzar proyectos de este tipo) se aprobó el proyecto de rezonificación urbanística del llamado “Distrito Joven” para habilitar la venta de los predios públicos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Fue aprobada la modificación del Código Urbanístico para habilitar la construcción de un barrio en las 7,5 hectáreas lindantes al Río de La Plata diez edificios que tendrán hasta 29 metros de altura en Costa Salguero y para las 14 hectáreas de Punta Carrasco la concesión para construcciones de hasta 12 metros y hasta un helipuerto.

Las empresas inmobiliarias, que ya adquirieron anteriormente otros espacios en los barrios de Palermo y Villa Crespo, y serán beneficiadas son las fimas Koolhas S.A, Kilómetros S.A y Arkinver S.A. Este nuevo negocio y las modificaciones a la legislación a través del proyecto 2094-J-2020 sobre los predios públicos en esta zona les abre las puertas para hacer usufructo de un lugar donde el metro cuadrado oscila los 9 mil dólares y la posibilidad de futuros loteos en el mismo. Hablamos de predios cercanos al Barrio 31, uno de los asentamientos más grandes de la capital (con hacinamiento, precariedad en la infraestructura, etc).

La prioridad son los negocios y no solucionar el déficit habitacional

Si algo dejo en evidencia la pandemia que atravesamos es que la crisis habitacional en la Argentina es profunda y acuciante, miles y miles de personas y familias golpeadas por la crisis económica y social en curso están privadas del derecho al acceso a una vivienda digna. Según datos de la EPH del 2019 en CABA el 35,2 % de la población alquila el lugar donde vive, y el déficit habitacional ya se ubica en torno al 15%.

Los distintos gobiernos y funcionarios del estado, lejos de atender a las necesidades de las grandes mayorías se dedican a proteger y fomentar estos negocios millonarios cediendo el espacio público para priorizar esos intereses minoritarios (incluso si hay delitos de quemas y ecocidio mediantes).

La compra por parte de los empresarios de los espacios públicos (suelo) en subastas a precios por debajo del valor del mercado de tierras o inmuebles públicos es la primer parte del proceso. Si no hay venta la concesión para el uso o explotación de esos espacios por migajas es otra veta de la estafa que propician los funcionarios y gobernantes. Luego sigue con la inversión en la construcción de lujosos emprendimientos (edificios, locales comerciales, que permanecen generalmente vacíos), esto dispara el precio de las viviendas sideralmente (y de las ganancias) volviéndola inaccesible para las mayorías trabajadoras. Un derecho, una necesidad se encuentran convertidos en recursos de la especulación gracias a las políticas públicas urbanísticas y habitacionales a favor de unos pocos.